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La anulación de los acuerdos con Marruecos no salva al tomate canario

El Tribunal General de la UE ‘tumba’ el pacto comercial entre Bruselas y Rabat pero lo mantiene vivo hasta el fallo definitivo del máximo órgano judicial europeo

Un instante de la carga de palés de tomates canarios para su exportación en el Puerto de Las Palmas. | | Europa Press

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado los acuerdos comerciales y pesqueros entre Marruecos y Bruselas. La decisión del juzgado de primera instancia comunitario –sus fallos pueden recurrirse ante su hermano mayor, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– tiene consecuencias políticas y económicas. En lo político, la resolución del tribunal de la UE supone un espaldarazo al Frente Polisario en su contienda con Rabat por la soberanía del Sahara Occidental. Fue el Polisario el que impugnó los acuerdos entre Marruecos y Bruselas al considerar que Rabat se había arrogado el derecho a explotar los recursos de un territorio que le es ajeno. En cuanto a las consecuencias económicas, la decisión de la Justicia comunitaria implicaría –siempre que la ratifique el Tribunal de Justicia de la UE– que las importaciones masivas de tomates producidos en el Sahara Occidental perdieran las ventajas comerciales para su entrada en Europa. Importaciones que se dirigen a los mismos mercados donde venden los tomateros canarios y que son una de las razones de que el cultivo haya perdido tantas hectáreas y tanto volumen de exportación año tras año. De hecho, la sentencia llega en la agonía del tomate isleño, que a comienzos de siglo era, junto con el plátano, el cultivo canario por excelencia.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG, exigió ayer, nada más conocerse la decisión del Tribunal General, la inmediata suspensión de los acuerdos en materia agrícola. Ahora la preocupación en el sector primario español, en general, y canario, en particular, es que la ejecución de la sentencia no se demore. El fallo mantiene la vigencia de los acuerdos «durante un cierto período de tiempo» para «preservar la acción exterior de la Unión Europea y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales». Ese «cierto período de tiempo» no puede durar más de dos meses, pero ocurre que si Marruecos y Bruselas presentan el recurso ante el Tribunal de Justicia –tienen de plazo dos meses y diez días–, el actual statu quo se mantendrá hasta que los magistrados resuelvan de manera definitiva. El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, explicaron ayer que Europa y Rabat irán de la mano y tomarán «todas las medidas necesarias» para garantizar la «estabilidad» de las relaciones comerciales, con lo que la presentación del recurso se da por descontada.

Las exportaciones de tomates llegaron a superar los 200 millones al año, pero hoy no llegan ni a 25

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«Estamos plenamente movilizados para continuar con la cooperación entre la UE y el Reino de Marruecos, en un clima de serenidad y compromiso, para consolidar la asociación euromarroquí lanzada en junio de 2019», manifestaron Borrell y Bourita en una declaración conjunta menos de una hora después de que el Tribunal General diera a conocer su decisión. El ministro del reino alauí y el alto representante de la Unión Europea subrayaron que la relación entre Bruselas y Rabat es «de igual a igual, sólida y basada en la confianza y el mutuo respeto», con lo que seguirán trabajando en las «múltiples dimensiones» de una asociación que ambos califican de «estratégica».

Así pues, los tomateros canarios que han resistido la crisis del sector tienen que seguir lidiando, al menos de momento, con la competencia de la fruta marroquí. Una competencia que los agricultores siempre han considerado desleal –«ilícita», según denunció ayer la Federación Española de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas– no solo por la cuestión de la soberanía del Sahara Occidental, donde se produce la mayor parte de los tomates que luego se envían a Europa, sino también porque los requisitos que allí se le imponen al cultivo no tienen nada que ver con los que soportan los productores comunitarios. Los sueldos son más bajos y las medidas fitosanitarias, mucho más laxas, con lo que el tomate marroquí o sahariano se vende a unos precios a los que la fruta canaria no puede bajar sin caer en la venta a pérdidas. Una de las causas principales de que el cultivo haya perdido tanto peso en el sector primario.

«Parece que con el tiempo se va a hacer justicia; siempre hemos denunciado que gran parte de la producción marroquí es en el Sahara, pero aun siendo una buena noticia, lo cierto es que llega tarde», explicó el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la provincia de Las Palmas, Roberto Góiriz. «Esto llega cuando llega, cuando ya no hay remedio», aseguró Góiriz, que recordó que el Archipiélago llegó a exportar 405.000 toneladas de tomates, mientras que hoy apenas exporta 60.000. Francisco Echandi, presidente de la Asociación de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto), aseguró que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la decisión del Tribunal General no es que llegue tarde, «sino tardísimo». Echandi recordó que solo queda una gran empresa exportadora de tomates en toda la provincia, y su apuesta por esta fruta termina en la próxima campaña.

«Aun siendo una buena noticia, lo cierto es que ya es muy tarde», explican los productores

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El presidente de Aceto rememoró las cifras en que se movía el tomate canario a comienzos de siglo para mostrar hasta qué punto esa competencia ha dañado al cultivo. En 2001, Canarias facturó por las exportaciones de tomates, tanto frescos como refrigerados, 204 millones de euros; el año pasado, el valor de las ventas al exterior no llegó a 24 millones. El desplome es del 88%.

El representante del Frente Polisario ante la UE, Ubbi Buchraya, dijo ayer a Efe que la decisión del Tribunal General «desmonta» los argumentos de la Comisión Europea sobre la validez de los acuerdos y reconoce la personalidad jurídica del Polisario, algo que el Consejo de la UE le negaba.

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