Las formaciones de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo en el Congreso con EH-Bildu para la prórroga de las medidas de vivienda y suministros básicos del llamado 'escudo social' "hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente".

Todo ello a partir del debate de una proposición no de ley defendida por Bildu en el Congreso que llama al Gobierno hacer permanente las medidas relativas a la prohibición de desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional, y de cortes de suministros de energía y agua, y también la posibilidad de aplazar temporalmente el pago de la renta del alquiler.

Finalmente, la enmienda transaccional acordada insta al Ejecutivo a prorrogar estas medidas "mientras sea necesario por el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su adopción y hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente".

Tasa de pobreza

Durante su defensa de la iniciativa, el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, ha señalado que España acabó 2020 con una tasa de pobreza del 21%, pero que desde 1995 esta tasa nunca ha bajado del 18%, incluso en los años más boyantes de crecimiento.

Algo que, ha argumentado, implica que un mayor crecimiento "no acarrea más bienestar", que son necesarias medidas de protección permanentes y que el sistema de protección es "incompleto e insuficiente". Asimismo, señala que, con la pandemia, los datos anticipan "una sociedad más desigual": "El ascensor social, si existe, es solo para bajar", ha lamentado.

Ley de Vivienda

Sonia Guerra, del PSOE, ha subrayado el compromiso del Gobierno para garantizar la protección a los hogares vulnerables, y ha defendido que los Presupuestos ya contemplan un suministro mínimo vital, el fomento del bono social.

Por parte de Unidas Podemos, Pilar Garrido ha reconocido la insuficiencia del 'escudo social' pero ha reivindicado la necesidad de prorrogar sus medidas "mientras sea necesario" y avanzar en la garantía de derechos y su permanencia, a través de leyes como la futura Ley de Vivienda.

Limitación del alquiler en zonas "tensionadas"

Por su parte, la ministra Raquel Sánchez ha defendido la Ley de Vivienda que el Gobierno quiere aprobar y ha dicho que sólo limitará los precios del alquiler en las zonas en las que ese mercado esté claramente "tensionado" y solo a los grandes tenedores que sean personas jurídicas.

La ley, en fase de anteproyecto, ofrecerá un marco legal "estable" y homogéneo para garantizar el acceso de la población, pero especialmente de los jóvenes, a una vivienda digna en condiciones asequibles, ha dicho la ministra, quien ha insistido en que no se impondrá un control de precios "general" y que se optará por ofrecer incentivos fiscales a los grandes propietarios.

Sánchez ha respondido de esta forma al diputado del Grupo Popular Pedro Manuel Rollán quien le ha preguntado en el Pleno del Senado sobre el porcentaje total de inquilinos que el Gobierno calcula que podrán beneficiarse en España por esa limitación del precio del alquiler.

La ministra le ha recordado a Rollán que son los gobiernos autonómicos los que decidirán cómo y en qué medida aplican la ley.

Rollán ha pedido a la ministra que "tome ejemplo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente ha adjudicado las primeras 5.000 viviendas protegidas bajo el modelo de colaboración público-privado.

"No tramiten esa nefasta ley que traerá consecuencias poco beneficiosas", ha pedido Rollán, y ha insistido en que el casi imposible acceso a la vivienda "no es una causa", sino una consecuencia del alto desempleo, que impide la emancipación de los jóvenes, sumada a la insuficiente oferta de vivienda.

La ministra ha insistido en que es precisamente el modelo de liberalización del suelo aplicado en su momento por los gobiernos del PP el que ha propiciado la actual situación y ha lamentado que con tener "un trabajo y un sueldo" no basta para que la mayoría de lo jóvenes puedan alquilar una vivienda.

Cs: No acaba con la pobreza

A favor de esta medida se han posicionado Esquerra Republicana y el BNG, mientras que PNV ha recordado su abstención al prorrogar estas medidas, por entender que vulneran la competencia autonómica en protección social y su diputado Iñigo Barandiaran ha acusado a Bildu de cuestionar esta capacidad e intentar "revertir" la misma por parte del País Vasco.

Genís Boadella, del PDeCAT, ha apostado, más que por medidas de protección, por "generar riqueza" que acaben con esas situaciones, al considerar que hay grupos que necesitan la existencia de pobreza, mientras que Sara Giménez (Cs) ha censurado la aplicación de "medidas puntuales para solucionar problemas estructurales", criticando que "el asistencianismo" no rompe estas causas y demandando planes específicos a la hora de diseñar políticas de empleo o vivienda.