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Laboralistas isleños urgen una reforma ante el inminente aluvión de despidos

Medio centenar de abogados exhorta a Sánchez a cumplir la promesa de derogar la ley del PP y alerta sobre una próxima «cascada» de nuevos parados en la región

La ministra Yolanda Díaz, en unas recientes jornadas informativas. Europa Press

Laboralistas canarios urgen al Gobierno de Pedro Sánchez a derogar la reforma aprobada en 2012 por el PP para contener o al menos paliar las consecuencias de una próxima «cascada de despidos» en las Islas. Un total de 120 letrados especialistas en derecho laboral de todo el país ya había firmado ayer el manifiesto en el que estos profesionales les piden al PSOE y a Unidas Podemos que cumplan su promesa –incluida en el pacto de gobierno– de derogar la reforma de 2012. De esos 120 abogados que al cierre de esta edición habían suscrito el manifiesto –el escrito sigue abierto a nuevas adhesiones–, cerca de medio centenar es del Archipiélago. No en vano –avisan–, los trabajadores canarios están entre los más castigados del país por la reforma laboral, que se ha cebado en economías que, como la regional, se caracterizan por la alta temporalidad, los bajos salarios y, en definitiva, por elevadas dosis de precariedad.

El manifiesto de los laboralistas sale a la luz un día después de que Sánchez prometiera por enésima vez, en esta ocasión en el congreso federal del PSOE, la derogación de la reforma laboral. Eso sí, el presidente del Gobierno no habló de derogar en sentido estricto, sino de poner «punto final» a la polémica ley del PP. Una contrarreforma que los representantes de los dos grandes sindicatos del país –UGT y CCOO– le habían exigido el sábado en su participación como invitados al congreso de los socialistas y que en estos momentos está negociando la ministra Yolanda Díaz con la patronal y los mismos sindicatos. Sánchez vuelve así a un discurso que en las últimas semanas ha patrimonializado la titular de la cartera de Trabajo, que está inmersa en la conformación de un «frente amplio» de fuerzas políticas de izquierda de cara a las próximas elecciones generales. El nuevo anuncio de la contrarreforma laboral en el congreso federal del PSOE –Sánchez también reanunció el fin de la ley mordaza– tiene así cierto cariz político ante el protagonismo que Díaz ha adquirido en las negociaciones.

Alejandro Pérez: «Está más protegido quien compra una lavadora que quien es despedido»

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Lo cierto es que más de tres años después de la llegada de Sánchez a Moncloa, la normativa del PP sigue en vigor y sin cambios. Por eso los laboralistas no han querido esperar más para exigir el cumplimiento de una promesa electoral convertida ahora en exigencia de Bruselas, ya que la aprobación de una nueva reforma laboral está en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia que España le envió a la Unión Europea para acceder a los fondos extraordinarios del programa Next Generation. «A medida que va pasando el tiempo se escucha cada vez más una serie de eufemismos que hacen que uno se eche a temblar», explicó ayer Alejandro Pérez, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas y uno de los firmantes del manifiesto. El letrado se refiere así al temor de que la derogación de la reforma laboral acabe quedándose en una modificación de menor calado.

Pérez expuso que el hecho de que los laboralistas canarios sean un porcentaje tan alto entre los suscriptores del manifiesto se debe –dejando a un lado la «tradición de compromiso» heredada de históricos de la profesión como Carlos Suárez o Fernando Sagaseta– a que los trabajadores isleños han sufrido de especial manera «el empeoramiento del mercado laboral». «Es una obviedad» –subrayó el letrado– que el mercado de trabajo del Archipiélago, por sus problemas estructurales –temporalidad, bajos sueldos, poco espacio para la formación– y la consecuente incapacidad para promover una redistribución equitativa de la renta, está más expuesto si cabe a los efectos de la reforma. «También por las características propias del empresariado canario», agregó Pérez, que acusó a los empresarios de la región –en general– de primar «el beneficio a corto plazo» sobre el resto de condicionantes de la salud de un negocio, en especial el bienestar de sus trabajadores.

«Si la lavadora se rompe, tú eliges devolverla o no; si te despiden sin razón, elige el empresario»

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El portavoz de los firmantes del manifiesto aseguró que hoy «está más protegido quien compra una lavadora que quien es despedido». El abogado ahondó en que el abaratamiento del despido –los letrados proponen recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en los improcedentes sin el límite de 24 mensualidades– ha sembrado el «miedo». «¿Quién se va a atrever a reclamar sus derechos cuando el despido resulta tan barato?». Los laboralistas también piden que el afectado por un despido indebido pueda escoger entre la readmisión y la indemnización, algo que ahora decide la empresa. «Si se te rompe la lavadora en garantía tú eliges entre el arreglo o que te devuelvan el dinero, pero si te despiden de forma improcedente, la decisión es del empresario», remarcó Pérez, que da por descontada una próxima «cascada de despidos» en Canarias tras el fin de los ERTE.

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