El 30 de noviembre es el último día para que el Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria reciba un plan de viabilidad convincente para la continuidad de JSP. De no ser así, el juez instará la liquidación de la histórica industria del Archipiélago. El reloj avanza y la solución que la propiedad ha puesto sobre la mesa, que incluye el despido de 317 trabajadores no gusta al Gobierno de Canarias, que tendrá que aprobar el correspondiente expediente de regulación de empleo (ERE) y ayer se comprometió «a estar pendiente de todas las actuaciones» que se produzcan.
El pasado verano, empresa y trabajadores firmaron ante la autoridad laboral (Dirección General de Trabajo) un acuerdo «con unas condiciones muy específicas», tal y como ayer las definió el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera. En dicho documento, las partes daban prioridad al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la unidad de la compañía para evitar que se trocee y se venda por partes al mejor postor. Sin embargo, la entrada de un nuevo inversor –el fondo de capital riesgo Hiperion– está condicionada al adelgazamiento de la masa salarial y al abandono de las líneas de negocio que se consideran escasamente rentables.
En la reunión celebrada la pasada semana en la capital grancanaria, los representantes de los trabajadores conocieron el alcance de las maniobras para que se concrete el desembarco de Hiperion, vehículo inversor que capitanean el expropietario del Real Oviedo Celso González y el presidente de Quirónsalud, Víctor Madera, ambos originarios de la localidad asturiana de Aller.
Una delegación del Ejecutivo regional se reunió ayer con la representación sindical de la plantilla
En concreto, la salida de 317 trabajadores, el abandono del negocio del café y el cierre de la planta que JSP inauguró en la localidad madrileña de Getafe en 2008. Es decir, una estrategia que se opone frontalmente al acuerdo que auspició el Ejecutivo autonómico, que se depositó en el Registro de la Comunidad Autónoma y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Olivera incidió en que el papel del Gobierno autonómico es de «supervisión y arbitraje» y aseguró que la autoridad laboral «va a velar por que el acuerdo que firmaron las partes se cumpla».
El viceconsejero de la Presidencia se expresó de este modo durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Horas antes se había expresado en los mismo términos ante el comité de empresa de JSP en una reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. En ella también estuvieron presentes la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, y dos de los más relevantes componentes de su equipo, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y el director general de Trabajo, Alejandro Ramos.
Los representantes de los trabajadores mostraron su desencanto por la quiebra del acuerdo suscrito con la empresa al inicio del mes de julio, días antes de que entrara en concurso de acreedores. JSP llegó a dicha fase tras consumir el periodo previo de cuatro meses sin poder convencer a posibles candidatos para hacerse con las riendas del negocio.
«No hay salidas dignas para los trabajadores ni se mantiene la integridad sino que se trocea la compañía», explicó el sindicalista Ángel Yanes. Ahora bien, el ERE que dé forma al despido colectivo de más de tres centenares de empleados tiene que recibir el visto bueno de la autoridad laboral y ahí quienes pilotan la reconversión de JSP pueden encontrar un escollo difícil de salvar. Y eso, además, a puertas de la finalización del plazo –menos de cuatro semanas– para la confección de un plan de viabilidad que convenza al juez.
Los trabajadores se enteran a través de Whatsapp de un ERTE que afecta a 132 de ellos
«Dentro de nuestras competencias, vamos a colaborar para que el proceso pueda culminar de la mejor manera posible», afirmó Olivera. Trabajo tendrán, sobre todo tras conocerse ayer que la empresa acaba de comunicar a través de Whatsapp un ERTE que afecta a 132 empleados. Altamente dependiente del turismo, la economía de las Islas se resentiría aún más por la ausencia de un tejido industrial sólido y generador de empleo estable y especializado.
Además del freno que el Ejecutivo canario pueda poner al ERE, los rectores de JSP necesitan desatascar la negociación de una quita de la deuda que la empresa mantiene con los bancos. Las principales entidades acreedoras son Santander y Caixabank, con alrededor de doce millones de euros cada una. Acumulan dos tercios del pasivo financiero y la primera de ellas se ha mostrado inflexible hasta el momento.
