El Consejo de Gobierno aprobó ayer los decretos que resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias Generación SAU (Unelco Endesa) y Red Eléctrica de España SAU por el cero energético ocurrido en Tenerife el 29 septiembre de 2019 que dejó a isla sin electricidad durante varias horas a causa de una concatenación de fallos en la red.

En el caso de la empresa distribuidora y generadora (Unelco Endesa) la sanción será de 13,6 millomes por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, mientras que en el caso del transportista (REE) la multa asciende hasta los 11,1 millones por dos infracciones administrativas muy graves.

Respecto a Endesa el Gobierno ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado ese día evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2. Ese hecho se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica.

Recalca el Gobierno de Canarias en su resolución que no sólo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos la estrategia de reposición de suministro.

En el caso de REE queda patente, entre otros aspectos, según el Ejecutivo canario, que la subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones conforme a su grado de criticidad exigido en el sistema eléctrico canario. Ese comportamiento anómalo del sistema de protección terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red.

Como consecuencia de estos hechos, «ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica».

El órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

El corte de suministro eléctrico que sufrió ese día la isla quedó reflejado como «el mayor apagón de la década». La compañía Endesa informaba al día siguiente del suceso de que el fallo – «producido en instalaciones ajenas a nuestra compañía»– había afectado «a toda la generación» que tenía en funcionamiento en ese momento en las centrales de producción de Granadilla (seis grupos que sumaban 253,3 megavatios) y Las Caletillas, en Candelaria, (un grupo de 20,8 MW).

Tras el apagón, el Gobierno de Canarias abrió un expediente a las dos compañías para que asumieran sus responsabilidades, que finalmente resolvió ayer.

Tras conocerse Red Eléctrica de España (REE) hizo público un comunicado en que se subraya que su actuación «en la gestión del cero eléctrico contribuyó a minimizar su impacto, al actuar conforme a los procedimientos establecidos con observancia rigurosa de la normativa y habiendo sido por ello eximido de toda responsabilidad en la causa y efectos del cero».

REE asegura estar «comprometida con la mejora de la calidad de la Red de Transporte de electricidad de Canarias». Ese compromiso «ya se ha materializado en un esfuerzo de 789 millones de euros tanto en el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte, como en la renovación, mejora, y mantenimiento de dicha red desde 2011, fecha en que comenzó a gestionar los activos adquiridos de la Red de Transporte Canaria». La ejecución de estas actuaciones, añade la nota, «ha permitido, por un lado, adecuar la condición de los activos del Archipiélago a los estándares de calidad del resto del territorio nacional y, por el otro, mejorar la calidad de servicio».

Apunta que «ha disminuido así muy notablemente el tiempo de interrupción medio hasta alcanzar los 5 minutos el pasado 2020, desde una media de 86 minutos en el quinquenio anterior a 2011». REE reitera su «compromiso con la mejora continua de la infraestructura eléctrica de transporte canaria, y, en coordinación con todas las administraciones competentes, va a continuar reforzando con nuevas infraestructuras que aumentan la robustez del sistema eléctrico». Concluye: «Dotando al sistema de nuevas herramientas que refuerzan la seguridad de suministro y facilitan la integración de energías renovables y modernizando las instalaciones actualmente en servicio».