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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Una llamada a la semana

La nueva Ley de Telecomunicaciones elimina el servicio público de telefonía tras casi un siglo de vida | El uso del servicio se reduce a una comunicación en siete días

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Las cabinas telefónicas, con los días contados

Se acabaron las prórrogas para las cabinas telefónicas. La nueva Ley de Telecomunicaciones elimina el servicio público de telefonía a final de este año tras casi un siglo de vida debido al declive que sufre el servicio. En Canarias quedan 469 aparatos con un ínfimo flujo de llamadas. Concretamente, la media se sitúa en una a la semana, lo que indica que serán pocos los que las echen de menos. 

El adiós definitivo a las cabinas telefónicas ha llegado. El teléfono público se jubila. No hay más prórrogas para este servicio obsoleto tras la aprobación, el pasado 16 de noviembre, del proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Una normativa estatal que introduce, entre otras medidas, el fin de las guías telefónicas y la desaparición de estos teléfonos que cuentan con casi un siglo de historia. Pero llegar a cumplir el centenario, allá por 2028, era prácticamente imposible debido al declive que han sufrido estos aparatos en los últimos años. En Canarias quedan 469 cabinas –224 en la provincia de Las Palmas y 245 en la de Santa Cruz de Tenerife–, pero el flujo de llamadas es ínfimo en todas. El los últimos tiempo solo se llegó a contabilizar una llamada a la semana, 0,17 llamadas diarias, por lo que muchas de ellas ya llevan varios años inactivas. Las que reciben más visitas son las ubicadas en las zonas turísticas.

Las 14.824 cabinas de teléfonos que están desplegadas por toda España dejan con esta ley de ser un servicio universal y obligatorio aunque se mantendrán en funcionamiento hasta el 31 de diciembre. La fecha de caducidad ya estaba marcada desde hace años, pero las cabinas han recibido varios indultos, más por razones nostálgicas que económicas o de servicio público. La última medida de gracia se tomó el 1 de enero de 2019.

En las Islas quedan 469 terminales públicos y los más utilizados están en las zonas turísticas

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Hasta ahora era Telefónica el operador obligado a mantener este servicio tras un concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital y que habitualmente queda desierto. Ninguna operadora quiere hacerse cargo voluntariamente de este negocio en ruinas, por lo que el Gobierno ha obligado a Telefónica a costear el servicio y su mantenimiento, aunque luego le compensan parcialmente ese coste. La última adjudicación se produjo hace dos años, en diciembre de 2019, y expirará a final de este 2021.

Coste multiplicado

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo regulador que revisa las condiciones de la prestación del servicio, refleja en sus datos que el coste de mantener estas estructuras ya era de 4,5 millones de euros en 2016 y que este se había multiplicado por diez en cuatro años.

La llegada de los teléfonos móviles ha sido la principal responsable de la muerte anunciada de estas estructuras. La primera cabina instalada en España fue en 1928, en la sala de fiestas Florida Park, en El Retiro madrileño. Y hace ya 15 años desde que se registraron más líneas de teléfonos móviles que habitantes en España. Por lo que no es de extrañar que más del 88% de la población reconozca no haber usado nunca una cabina, según datos de la CNMC. El mismo organismo apunta que solo el 1% de los individuos ha utilizado una cabina en el último año y prácticamente ningún usuario menor de 30 años ha tenido contacto con ninguna de ellas. El próximo año este elemento urbano desaparecerá y quedará como un recuerdo, por lo que habrá que recurrir a las películas –como el famoso cortometraje español La Cabina protagonizado por José Luis López Vázquez– y fotografías antiguas para explicar a las nuevas generaciones que era eso de tener teléfonos públicos instalados en la calle.

El servicio universal, recogido en la Ley de Telecomunicaciones, garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Esto supone que las poblaciones con más de 1.000 habitantes deben –hasta ahora– tener al menos una cabina instalada, y otra adicional por cada 3.000 habitantes. Pero lo cierto es que ya existen más de 5.000 municipios en los que ya no hay ni rastro de la cabinas. La propia Comisión Europea en su propuesta de revisión del marco regulatorio ha considerado que supone una obligación obsoleta y recomienda a los Estados miembros su eliminación. Algunos países europeos, como Francia, Bélgica y Dinamarca han ido suprimiendo también algunos de estos elementos del servicio universal.

El 88% de la población reconoce no haber usado nunca el servicio público telefónico

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¿Y qué va a pasar ahora con las cabinas? Telefónica no desvela sus planes de desmantelamiento, aunque ya existen algunas comunidades que le han dado una vida extra a este veterano instrumento de comunicación. Los proyectos son diversos. Algunas se han convertido en pequeñas bibliotecas urbanas y otras en puntos de recarga eléctrica o de información turística. En Gáldar existe una cabina con una pantalla táctil reconvertida en punto de información desde 2019. A través de este dispositivos los ciudadanos pueden acceder a las noticias de actualidad, así como a la agenda de actos, mientras que los visitantes tienen a su disposición un callejero digital en el que podrán conocer los lugares históricos y de interés.

Además de la eliminación de elementos obsoletos como las cabinas y las guías, la nueva Ley de Telecomunicaciones añade una serie de novedades. Se establecen medidas para regular la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios, la reducción de trámites para la instalación de estaciones base de telefonía y una regulación más flexible para fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico. 

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