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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Franquis impulsa la revisión de los precios de las obras públicas

Canarias insta a Madrid a aprobar una fórmula de ajuste de costes o lo hará para la región

Obras de la construcción de trazado de la Metroguagua en la capital grancanaria. | | LP

La obra pública, que meses atrás resultaba la salvación de las constructoras, se ha convertido en un castigo. Las condiciones por las que en su momento pujaron son ahora imposible de cumplir teniendo en cuenta el desorbitado incremento del precio de las materias primas. La subida del acero corrugado un 78%, un 102% del cobre, del aluminio el 56%, del petróleo el 106% y un 85% de las mezclas bituminosas a causa de la escasez de estos productos en el mercado por las medidas de restricción a la movilidad que se establecieron en abril de 2020 en todo el mundo a causa de la pandemia de covid-19 han disparado han disparado el coste de las obras una media de un 22,2%. Un resultado inasumible por los constructores que en las Islas han optado por pedir el amparo de la administración regional para que inste al Gobierno central a arbitrar mecanismos de revisión de precios en los contratos. El resultado ha sido positivo: el próximo Consejo de Ministros tomará medidas, señala la Consejería de Obras Públicas en un comunicado.

El consejero Sebastián Franquis se reunió precisamente ayer con los representantes de las patronales canarias de la construcción –Óscar Izquierdo de la Federación de Empresarios de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, y María de la Salud Gil por la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP) de Las Palmas– con el fin de analizar la actual coyuntura. No era la primera vez.

Franquis asegura que en el Gobierno son conscientes del «alza constante» de los precios de los materiales de construcción y que muchas administraciones públicas canarias han optado por no incluir revisiones de costes en sus contratos desde que la aprobación de la Ley de desindexación de la economía de 2015 –desvincula el coste de los servicios del IPC–, lo que está originando quebrantos para las empresas contratistas del Archipiélago. No es el caso del Ejecutivo regional que «sí incorpora en la mayoría de sus contratos la revisión de precios en base a los índices de precios que publica el INE periódicamente», apunta la nota. Tras la intermediación ante Madrid el resultado es la contestación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de que un próximo Consejo de Ministros se aprobará un real decreto que permita la revisión de los contratos y que esta, además, sea tanto al alza como a la baja, según las alteraciones en los precios posteriores a la presentación de los proyectos.

«Para evitar que las empresas constructoras que trabajan con el resto de administraciones canarias se vean perjudicadas, es por lo que la Consejería traslada al Ministerio la urgencia de adoptar esas medidas», apunta la nota.

El consejero Franquis incide en que la colaboración con el Ministerio en este sentido «es plena» pero también reconoció que, si no fuera posible la adopción de esa medida compensatoria de forma general para todo el sector público en España, la Consejería regional propondrá que el Gobierno de Canarias la ponga en marcha en el ámbito de las administraciones públicas canarias.

Esta medida consistiría en la aplicación de las revisiones de precios a los contratos en ejecución que no la tuvieran, mediante la aplicación de fórmulas que permitan retribuir la diferencia entre el precio de los materiales recogido en el contrato y los actuales de mercado.

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