«En casa somos tres: una menor a mi cargo, mi otro hijo de 21 años y yo; en mayo del año pasado dejé de cobrar la ayuda que recibía y a mi hijo, que había trabajado en 2019, lo tuvieron que operar y se quedó sin trabajo, por eso tuve que pedir el Ingreso Mínimo Vital, pero no me lo dieron». La de Marta González, vecina del municipio tinerfeño de La Laguna, es una de las 76.775 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) denegadas a ciudadanos del Archipiélago. El objetivo del IMV –cuyas cuantías oscilan entre los 469,93 euros para un único beneficiario y los 1.137,24 euros para una familia monoparental con cuatro o más menores– es «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social». Sin embargo, casi un año y medio después de su implantación –puede solicitarse desde el 15 de junio de 2020–, el IMV ha dejado en Canarias más frustración que alivio. En las Islas hay 373.600 personas en situación de grave pobreza, pero solo hay 36.004 beneficiarios del ingreso mínimo. Es decir, el número de canarios bajo el amparo del IMV apenas equivale a un 9,6% de ese relevante segmento de la población que vive en la pobreza. En otras palabras: hay menos de un beneficiario del ingreso vital por cada diez personas pobres.
De hecho, la mayor o menor capacidad del IMV para echar una mano a quienes peor lo están pasando debe medirse en función de la población no ya en pobreza severa, sino en riesgo de pobreza y/o exclusión social. No en vano, el objetivo del ingreso mínimo es, cabe insistir, «prevenir» que quienes sufren un revés vital o arrastran cargas, problemas o carencias de cualquier tipo se vean abocados a convertirse en pobres de forma irremediable. En el Archipiélago son la friolera de 810.900 personas las que están al borde de la pobreza o la exclusión. Un 36,3% de la población, según el último informe de la European Anti-Poverty Network, la Red Europea contra la Pobreza. Si se tiene en cuenta que solo hay esos 36.004 beneficiarios del IMV, resulta así que solo un 4,4% de los canarios que las están pasando canutas para llegar a fin de mes cuenta con la ayuda del ingreso vital. Un porcentaje a todas luces ínfimo para que el IMV pueda considerarse un avance significativo en la lucha por erradicar la pobreza. Entonces, ¿por qué la que se anunció como medida estrella del Gobierno de PSOE y Podemos no termina de despegar? Por los requisitos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el Departamento estatal encargado de la tramitación de las solicitudes del IMV, ha recibido hasta la fecha desde el Archipiélago un total de 108.867 peticiones. Pero solamente se han aprobado 17.079. Hay en las Islas, por tanto, 17.079 familias perceptoras integradas por los susodichos 36.004 beneficiarios. Al mismo tiempo se han denegado 76.775 solicitudes, con lo que hay 4,5 veces más instancias rechazadas que aceptadas. Algo incomprensible en una región sumida en una crisis sin precedentes por el coronavirus y la paralización del turismo y con un 16,7% de la población en grave pobreza. Los casos de Marta González y de Jorge Jesús González, dos de los solicitantes canarios del IMV castigados por los estrictos requisitos establecidos por el Gobierno central, ayudan a entender mejor lo que está ocurriendo.
Marta, que sufre agorafobia y que en estos momentos no está en condiciones de trabajar, vivía junto con sus dos hijos con alrededor de mil euros mensuales, una cuantía a la que llegaban sumando la ayuda que ella percibía y el pequeño sueldo de su hijo mayor gracias a un convenio público de empleo. Pero su hijo, primero de baja por una operación, se quedó sin trabajo, y luego ella se quedó sin la ayuda. En mayo de 2020 ya no tenían ingresos –Marta no cobra ni un euro de manutención por su hija menor de edad–. De modo que piden el IMV y, pese a tan difíciles circunstancias, les deniegan la solicitud. ¿Por qué? Porque para resolver la concesión o denegación no se tienen en cuenta los ingresos de la familia en el momento de la petición del IMV, sino que, de forma general, se toman como referencia los ingresos del año anterior al de la solicitud, y resulta que la familia de Marta reunía en 2019 esos alrededor de mil euros mensuales. En principio se puede acceder al IMV con una declaración responsable «si la proyección de ingresos anuales cae por debajo del umbral de renta garantizada», pero las exigencias y documentos requeridos complican los trámites. Es más, desde la plataforma RMI Tu Derecho –colectivo que reivindica una auténtica renta mínima de inserción en España– aseguran que un año y medio después de la entrada en vigor del ingreso vital, «siguen los problemas de fondo: insuficiente cobertura de la población en extrema pobreza, requisitos excluyentes y una gestión complicada y poco transparente».
Aunque el hecho de que se tengan en cuenta los ingresos de la persona o la familia en el año anterior al de la solicitud es la causa de la mayoría de las denegaciones, hay también otros motivos. Al también tinerfeño Jorge Jesús González, de solo 23 años, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le tumbó la solicitud por no haber cotizado el tiempo exigido –un mínimo de doce meses–. «Estuve de baja por un problema de salud y después me quedé sin trabajo, pero no me dan el ingreso por no llegar al año cotizado», explica Jorge Jesús, que como el hijo de Marta trabajaba gracias a un programa de los servicios públicos de empleo. «Trabajaba con un convenio con el Inem, y al no poder seguir por ese problema de salud, pedí el ingreso, pero me lo rechazaron dos veces».
