La carrera pública de Beatriz Corredor nació de una de esas primeras malas impresiones que luego se convierten en gratas sorpresas. Cuando Fernando Méndez le propuso entrar en la candidatura con la que en 2001 ganó las elecciones del Colegio de Registradores, ella se extrañó. Habían tenido más de un choque por su planteamiento “poco feminista y radical”. Así que le dejó muy claro que no pensaba ser “una mujer florero”. “Y me dijo que precisamente me llamaba por eso. Que era un animal político. Siempre agradeceré aquella visión que yo no tenía de mí misma”, cuenta la exministra de Vivienda, hoy presidenta de Red Eléctrica de España (REE), la compañía del Ibex-35 controlada por la Sepi (20%) en la que importan tanto las reglas del mercado como las leyes de la Física. Llegó al cargo movida por “la vocación de servicio público” y solo dos semanas antes de estallar la pandemia. Un golpe también para el operador del transporte eléctrico, obligado a blindar la seguridad del suministro en pleno desplome de la demanda por el confinamiento. Si todo va bien, el Gobierno podría aprobar enero la planificación de las infraestructuras eléctricas hasta 2026, la hoja de ruta que Corredor y su equipo ejecutarán para dar otro empujón a la transición ecológica en medio de una aglomeración de proyectos renovables.
–Este diciembre se abre la primera ventana de caducidades de los permisos de conexión.
–El 24, día de Nochebuena.
–¿Sabe cuántos proyectos renovables pueden llegar a caer?
–Nosotros aplicamos la legislación. Las instalaciones con permiso de acceso sin declaración de impacto ambiental anteriores a 2018 vencen el 24 de diciembre y el 24 de abril las posteriores.
–Hay otra ventana en diciembre del año que viene, ¿no?
–Sí. Pero nosotros no decidimos si caducan o no. Eso depende exclusivamente de los plazos fijados y, en todo caso, de la autoridad administrativa que otorga la declaración de impacto, en muchos casos las comunidades autónomas.
–Y ahí entra en juego la lentitud de muchas autonomías como Galicia en la tramitación.
–Entiendo perfectamente que las comunidades velen por el impacto medioambiental. Es una obligación y una preocupación de la opinión pública. A partir de ahí, cada una dispone de los recursos que considere necesarios y cambian o aumentan los requisitos establecidos en la normativa estatal.
–Pero REE tiene que trabajar con el resultado. Los promotores creen que en toda España pueden ser unos 60.000 megavatios y unos 5.400 de eólica en Galicia.
–Si no cumplen los requisitos, nosotros publicaremos, como hacemos mensualmente desde el 1 de julio, la capacidad de acceso que queda libre en cada nudo. Hasta ahí llegamos.
–A 31 de octubre había 146.147 megavatios con permiso de acceso sin funcionar. Disculpe la expresión, pero ¿no es una burrada?
–La actividad de generación está liberalizada. Los promotores pueden proponer las instalaciones que consideren bajo su riesgo empresarial. Lo que está regulado son los accesos por la seguridad de suministro. En eólica creo que se supera una vez y media los objetivos del PNIEC para 2030 y la fotovoltaica en casi tres. Los que cumplan los requisitos legales, administrativos y económicos entrarán. Los que no, caerán por su propia naturaleza.
–¿Está al tanto de una posible ampliación de plazos para obtener las declaraciones de impacto?
–No lo sé, no me consta. Es una competencia del Ministerio para la Transición Ecológica.
“El despliegue de renovables debe hacerse con razonabilidad y siendo compatible con el uso del territorio”
–Cada vez hay más contestación social a los proyectos renovables. ¿Es un problema?
–En todas las infraestructuras, no solo las eléctricas. Es cierto que tradicionalmente las renovables no tenían esa contestación, mayor ahora porque se aceleró la implantación. Entiendo las dudas. Lo que no me parece razonable es plantear que hay una alternativa al desarrollo de renovables más eficiente desde el punto de vista ecológico y económico. Está claro que no hay que hacerlo de cualquier manera, sino con razonabilidad, siendo compatibles con los usos del territorio. REE, por ejemplo, no se limita a pasar por un sitio. Busca dar algún valor añadido a la comunidad. Si tú quieres poner una instalación eléctrica, tienes la obligación de explicarle a la gente lo que quieres hacer y escuchar qué quieren ellos que hagas. De esa forma, se puede compatibilizar el uso del territorio, sobre todo para luchar contra la despoblación. Las energías renovables son una riqueza de los núcleos no urbanos. Y tienen necesariamente que desplegarse para posibilitar la transición energética, bajar el precio de la electricidad, crear comunidades energéticas y la generación distribuida.
–Ustedes firman convenios locales y, aún así, los plazos se dilatan muchísimo. La interconexión de Galicia con Portugal es el ejemplo. Acumula años de retraso.
–Las interconexiones tienen una complejidad adicional porque atraviesan países diferentes. En este caso es un proyecto comunitario. La necesitamos para integrar más renovables. Galicia es la segunda comunidad con más producción eólica. Se estudiaron todas las alternativas y técnica, medioambiental y socialmente, la mejor es la que pasa por Arbo. Comprendo el planteamiento de su alcalde al ver que pasa una infraestructura eléctrica por su territorio como cualquier otra, y nuestra obligación es explicárselo y buscar de qué manera nuestra acción puede redundar en el beneficio de los pueblos.
“El trazado de la línea con Portugal por Arbo es la mejor alternativa”
–Transición Ecológica ya expuso la declaración de impacto de Portugal. ¿Y ahora?
–La de la parte española es también inminente. De hecho, los alcaldes de Arbo y As Neves se han reunido recientemente con el director general de Calidad Ambiental, que les trasladó que cuando se despliegue supondrá una mejora social y no habrá impacto negativo.
–¿Hay riesgo de suministro si la nuclear se apaga antes de 2035?
–La nuclear aporta ahora mismo unos 7.700 MW. En eólica tenemos casi 27.000, pero no es continua como la nuclear. El calendario está hecho en base a la seguridad de suministro, que es lo primero para REE con las tecnologías disponibles en cada momento. Para poder alterar la producción, incluso por paradas técnicas, el cierre requiere mucha antelación, debe aprobarlo el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio y antes se hace un informe del operador diciendo si se puede o no prescindir de esa nuclear.
–Evidentemente los dueños de las centrales saben eso. De ahí que sorprendiera su reacción cuando el Gobierno decidió recortar los beneficios a las tecnologías que no usan gas. ¿Cómo interpreta ese especie de amenaza de adelanto?
–Nos preguntaron en ese momento que pasó y dijimos lo mismo. No pueden hacerlo sin contar con el procedimiento oportuno, porque, además, las nucleares tienen un control exhaustivo mucho mayor que el resto de tecnologías.
“El acopio de gas conjunto en la UE es una propuesta razonable”
–Opinó sobre el sistema marginalista de precios.
–Lo que dije es que me parece ineficiente. Pero lo digo yo, el Gobierno de España, el de Francia, Italia y el de otros países. El algoritmo que fija los precios en Europa se diseñó cuando el mix de generación era muy diferente. Parece que tiene poco sentido que las tecnologías limpias incorporen a su precio el importe de una materia prima como el gas. La propuesta del Gobierno español de hacer acopios de gas de forma conjunta en Europa es muy razonable.
–Pues la UE descarta una reforma del mercado, ¿no?
–En la UE hay muchos países. La asociación de reguladores eléctricos expidió un informe previo a petición de la Comisión Europea y lo que en principio considera es que el sistema funciona de manera eficiente desde el punto de vista del mercado de la competencia. En todo caso, el aumento del precio del gas es coyuntural y se considera que volverá a la normalidad a partir de primavera. Me gusta recordar que tuvimos el precio del megavatio a 1,45 euros este mismo año. La situación es angustiosa por los precios del gas y del Brent y los derechos de CO2, pero en toda Europa. De hecho, llevamos todo el mes de noviembre exportando hacia Francia porque el precio aquí fue más barato por el viento.
“Llevamos todo noviembre exportando porque el precio es más bajo que en Francia por la eólica”
–Eso que dice, que el precio estuvo muy bajo, ¿da la razón a los generadores afectados por los recortes cuando dicen que también hay momentos de producción a pérdidas?
–Los reales decretos del Gobierno encargaron al operador del sistema hacer un cálculo y una liquidación de devoluciones que luego comprobará la CNMC. El cambio de octubre reducirá el cálculo porque hay determinadas retribuciones que salen del esquema. Vamos a cumplir, como ya hicimos en la primera liquidación de noviembre con los afectados por el real decreto.
–A la vista de la primera liquidación, ¿cuánto se reducirán los 2.600 millones previstos?
–La liquidación es instalación a instalación, basada en los contratos aportados por los generadores, y todo eso va a la CNMC, que es la que hace el cálculo definitivo. Cualquier manifestación de mi parte sería imprudente, además de inexacta.
–¿Qué pensó de la propagación de la fake del “gran apagón”?
–Estupor. En España nunca ha habido un gran apagón, ni lo va a haber. Como somos una isla eléctrica, hemos tenido que hacernos autosuficientes. Contamos con muchas tecnologías disponibles independientes del gas y una red muy mallada. El pico de demanda registrado en 2017 fue de 45.500 y tenemos 112.000 megavatios instalados. El máximo con Filomena fueron unos 42.000. Queda mucha capacidad. El 24 de julio, un día de muchísimo calor con la demanda de los aires acondicionados, hubo una perturbación enorme en Francia. Se cortó la interconexión y nos quedamos solos. Se perdió la capacidad equivalente a cuatro centrales y media de nuclear y en menos de una hora estaba el sistema repuesto.
“Amancio Ortega es un gran inversor que da estabilidad”
–¿Aporta un extra al valor de REE tener a Amancio Ortega de accionista?
–Sí. Aporta una enorme estabilidad en el mercado porque su participación es del 5% y se reduce el free float y algo que también es muy importante: la confianza de un gran inversor español en una empresa española tecnológica y estratégica. Somos ajenos a los vaivenes del precio de la luz y a la regulación que afecta a los generadores. Hemos creado un valor refugio muy sólido. El mercado entiende bien que, además de la red de transporte de electricidad y la operación, tenemos la mayor red de fibra óptica de España y tecnología satelital. La transición energética y la digital son el negocio clave de REE y en lo que se fija la UE para sus planes de recuperación. Estamos en todos los índices de sostenibilidad del mundo y no es una casualidad. Que Pontegadea sea accionista, el segundo por detrás de la Sepi, da un mensaje de confianza y estabilidad.
–¿Tuvo la oportunidad de hablar con la gente de Pontegadea?
–Sí, claro. El proceso se extendió seis meses y, por tanto, hablé, no con Amancio Ortega, pero sí con el equipo de Pontegadea.
