Desde que en marzo de 2020 estalló la pandemia, las comunidades autónomas llegaron a formalizar unos 90.000 contratos para reforzar el personal sanitario, buena parte de los cuales sirvieron para «fidelizar» a trabajadores que salían y entraban de los centros de salud y los hospitales con contratos temporales. Pero a medida que la alerta sanitaria se ha ido controlando, la mayoría de los gobiernos regionales, entre los que no se encuentra el canario, ha dejado de renovar de forma paulatina algunos de esos contratos, en lo que para los sanitarios afectados supone una «oportunidad perdida» de reforzar unas plantillas que, denuncian los colectivos médicos, llevan años mermadas y sin posibilidad de brindar al paciente la atención merecida.

En Canarias fueron contratados unos 5.000 profesionales sanitarios para reforzar la atención durante la emergencia sanitaria. Según la Consejería, todos siguen en la sanidad pública, empleados en dos cometidos: la atención a las necesidades derivadas de la Covid-19 y el plan de reducción de listas de espera. No hay fecha por el momento para el final de sus contratos.

Según el sindicato CSIF, el sector sanitario ha perdido en los últimos tres meses más de 50.000 empleos –13.311 en septiembre, 36.252 en octubre y ahora 8.973 en noviembre–, unos datos que podrían ir a peor si, como parece que sucederá, los gobiernos regionales prescinden en el próximo año de más trabajadores.

En la Comunidad de Madrid, la plataforma «Médicos precarios» ha organizado movilizaciones para pedir la renovación del 100 % de los sanitarios contratados como refuerzo y que se consoliden como personal estructural. Por el momento, el Gobierno regional asegura que los extenderá hasta el 31 de marzo.

La situación es similar en el resto de comunidades autónomas. Han reducido contratos Andalucía, Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana, entre otras. Y se plantean reducirlos Asturias, Baleares o Cantabria. Del otro lado, Cataluña, La Rioja y Canarias han expresado su voluntad de mantenerlos.