Moncloa cuela en una ley de consumo la regulación del empleo temporal en los puertos

En otras palabras: la inclusión de dos asuntos muy concretos en una ley sobre un tercer asunto radicalmente distinto.

Añaden esas fuentes a El Periódico de España que el lance se produjo hace unos días en la ponencia que ha ultimado el dictamen del proyecto de ley, aprobado este martes en el Congreso, en la Comisión de Sanidad. El texto viaja ya al Senado para que, si hay mayoría, se hagan más retoques. Falta muy poco para que entre en vigor.

Fue una advertencia verbal que no se plasmó luego en el informe relativo al dictamen, al que ha accedido este medio. En él, el representante de los servicios jurídicos del Congreso en la Comisión de Sanidad redacta una suerte de acta notarial sobre las enmiendas aceptadas que cambiarían el texto inicial, el que envió el Gobierno tras aprobarlo en el Consejo de Ministros. Así, recuerda que los grupos del PP y de Vox protestaron por el procedimiento parlamentario seguido, impulsado por la mayoría que sustenta al Gobierno, esencialmente PSOE y Unidas Podemos, y la incorporación de tres enmiendas.

La literalidad de lo que escribe el letrado es la siguiente: "Igualmente, a su juicio (del PP y de Vox), las enmiendas 44, 45 y 46 no reúnen los requisitos de homogeneidad y congruencia respecto del proyecto de ley, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, en los términos expresados por el Letrado de la Comisión". O sea, por él mismo. Verbalmente.

Las propuestas

Antes de que acabara el plazo, los grupos del PSOE y de Unidas Podemos registraron tres propuestas llamativas porque no tenían nada que ver con el proyecto que la ponencia de la Comisión de Sanidad estaba analizando.

De repente, en un proyecto destinado a reforzar la seguridad de consumidores vulnerables frente a prácticas comerciales abusivas, el PSOE, indica una de las fuentes consultadas, muestra una extraña prisa por aprobar dos nuevas disposiciones: una disposición final que cambiara la ley de empresas de trabajo temporal de 1994 y que regulara los Centros Portuarios de Empleo y otra adicional para regularizar los bienes catastrales de Adif o Renfe. Es entonces cuando el letrado expresa sus dudas.

Pero la más polémica es la primera, pues incide en un marco laboral concreto en un sector estratégico, el de los Puertos del Estado.

Lo que piden socialistas y morados es definir los centros portuarios de empleo como "empresas de propiedad conjunta de base mutualista" dedicadas a "satisfacer de forma óptima la necesidad común de los socios de disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios especializados en número y capacitación suficiente para prestar de forma eficiente el servicio portuario de manipulación de mercancías". Para que se entienda: serán las empresas de contratación temporal en el sector. Ello supone la modificación de la norma reguladora de las ETT, en vigor desde hace 27 años.

Los socios de la coalición perfilan luego, en la misma enmienda, las características de esos centros portuarios de empleo, que denominan por su acrónimo CPE. Estarán supeditados al marco de prestación de servicios y a lo que estipule la negociación colectiva en cuanto a nombramientos, turnos o rotaciones.

La enmienda ha sido aprobada y formará parte del proyecto, a no ser que el Senado suprima el precepto. No parece probable. De hecho, el contenido de esta disposición final es compartida por el PP y por Cs, que se han abstenido. Lo que les ha sobresaltado es la aparente contradicción con el Tribunal Constitucional. Los magistrados se han pronunciado en diversas ocasiones sobre la congruencia de las enmiendas presentadas por los grupos a una ley. Ha de existir, en resumen, una conexión temática, aunque el alto tribunal lo llama de otra manera.

Los precedentes

Éste es el nombre. Su alusión es relativamente frecuente en varias sentencias.

No hace falta ir muy lejos para dar con una. En noviembre de 2020, el TC emitió una sentencia sobre el recurso presentado por varios grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, contra la disposición adicional de la ley mordaza que regulaba las devoluciones en caliente. Entre los argumentos esgrimidos para tumbar el fragmento, recalcaron el de la conexión o congruencia, que a su juicio no se cumplía aquí. Usar la ley de seguridad ciudadana para cambiar la ley de extranjería no guarda relación alguna, arguyeron los recurrentes. Se trataba de una lesión del artículo 23 de la Carta Magna, sobre el procedimiento legislativo, añadieron.

Para resolver la cuestión, los magistrados repararon en las alegaciones de la letrada de las Cortes y del abogado del Estado, que descartaron dicha lesión y apelaron a la sentencia 59/2015. Decidieron, por tanto, que había una conexión entre la extranjería y la seguridad ciudadana, aunque fuera mínima, y que las Cámaras debían de disfrutan de un margen amplio para legislar. Se basaron en esa sentencia emitida cinco años antes que nombraron la letrada y el abogado del Estado y que se formalizó a raíz de un recurso de la Generalitat de Cataluña, pues denunció que se usara una enmienda para incluir tributos diferentes a los que regulaba el proyecto para la consolidación de las finanzas públicas.

El Constitucional puso el contorno dentro del que atender al requisito de conexión de homogeneidad y al de la flexibilidad que debe guiar el procedimiento parlamentario.

ETT y Consumo

Lo que avisó el letrado de la Comisión de Sanidad fue que introducir una regulación de una ley de 1994 sobre empresas de trabajo temporal en una ley de 2021 sobre consumidores vulnerables podría desbordar ese contorno.

Cuenta el responsable de estiba de UGT, Israel Ruiz, a El Periódico de España que el sindicato estaba al tanto de lo que iba a suceder este martes en el Congreso. En un principio, contaron con que sería un decreto ley el que regularía los centros portuarios de empleo, pero en el Gobierno les comunicaron que al final lo harían a través de un proyecto de ley. Eligieron ése, en el que se busca una protección mayor de, por ejemplo, las personas mayores o las personas en riesgo de exclusión. Protección en ámbitos tan dispares como información en los envases de los productos o ante desahucios. El PP y Vox han visto también "una legalización" de la okupación en una de las disposiciones añadidas.

La regulación añadida en la disposición adicional no colma las expectativas de la sección de estiba de UGT, indica su responsable. Un decreto de 2020 fijó en seis meses el plazo para reglamentar la contratación temporal en los puertos para la manipulación de mercancías. Entre las condiciones que puso Competencia y las resistencias de la patronal, no pudo hacerse. Ese agujero es el que cubre la regulación añadida a la ley de consumidores vulnerables.

Igual que hace otra enmienda de PSOE y Unidas Podemos para la incorporación al articulado de la norma de una disposición adicional vigésimo segunda para la regularización registral y catastral de los bienes del sector ferroviario.

No parece que tenga mucho que ver con la protección de los consumidores. Ya lo dijo el letrado de la Comisión de Sanidad. Otra cosa es que sea inconstitucional.