España tendrá que asumir un nuevo listado de compromisos de reformas e inversiones productivas si quiere acceder a otros 70.000 millones de euros de dinero europeo, esta vez en forma de créditos blandos reembolsables, con los que financiar proyectos entre 2023 y 2026. En el Plan de Recuperación aprobado en julio por el Consejo Europeo, el Gobierno ya comprometió 212 medidas para acceder a 70.000 millones en dinero a fondo perdido. A esas 212 medidas (110 inversiones y 102 reformas, entre las que se encuentran la laboral, la de pensiones y la fiscal) habrá que sumar a partir de ahora otro 'miniplan', con un listado adicional de reformas e inversiones que el Ejecutivo tendrá que cumplir como condición para el acceso a este dinero europeo, según confirman fuentes del Ministerio de Economía y de la Comisión Europea.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció este martes que la intención del Gobierno es presentar esta adenda en 2022, con el fin de poder desplegar los préstamos a lo largo de la segunda fase de implementación del Plan, entre 2023 y 2026. Después, en el 'Informe de Ejecución del Plan de Recuperación' de diciembre que se colgó en la página web de La Moncloa se pudo leer que "el Gobierno ya está trabajando en el diseño de una adenda al Plan de Recuperación, para que la solicitud de préstamos pueda integrarse en el ciclo presupuestario de los Presupuestos Generales del Estado de 2023". Añade el documento que "para ello, se viene realizando un ejercicio de identificación de potenciales proyectos e inversiones a financiar".
Devolución de las cantidades
Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 31 de agosto de 2023 para solicitar estos préstamos a la Comisión Europea. "Al igual que con las transferencias, el desembolso de los préstamos se hace por tramos y están ligados al cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos", aclara el documento de Economía. Los fondos se podrán canalizar de manera directa a través de los ministerios, "o a través de intermediarios financieros" (como podrían ser las entidades financieras) mediante "préstamos, garantías, inversiones de capital o joint-ventures [asociación empresarial]'.
El 'miniplan' de recuperación deberá establecer el calendario de inversiones hasta 2026 para que puedan ser integradas en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. Al igual que el Plan de Recuperación, este 'mini-plan' o adenda, deberá se aprobado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo -según consta en el reglamento europeo-, tras validar que los préstamos irán a inversiones (y no a gasto corriente) y que las nuevas reformas casan con las recomendaciones del semestre europeo dirigidas a España.
Según fuentes de la Comisión Europea, el 'mini-plan' deberá incluir también el calendario para la devolución a Europa de las cantidades prestadas, igual que sucedió con el dinero que se prestó a España para el rescate de la banca en 2012, con una planificación de retornos hasta 2027. En este último caso, hasta que no se devuelva el 75% de los 41.333 millones del rescate bancario seguirán viniendo a España dos veces al año los llamados 'hombres de negro' de la Comisión Europea para vigilar el cumplimiento de los compromisos de entonces.
Temor a subida de tipos
Al contrario de la estrategia de otros países como Italia, el Gobierno español optó por un Plan de Recuperación volcado en exclusiva en la recepción de los 70.000 millones de euros de subvenciones a fondo perdido con cargo al mecanismo europeo 'Next Generation EU'. Sin embargo, el propio documento presentado en abril pasado ya adelantaba que "la activación de los préstamos previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" se iba a realizar "en paralelo con las transferencias durante el periodo 2021-2026".
El Gobierno no ha explicado por qué decidió no solicitar los préstamos desde el primer momento, ni por qué lo hace ahora. En la primera decisión pudo pesar el propósito de una tramitación lo más rápida posible En esta última decisión ha podido pesar la reciente expectativa de un endurecimiento de las condiciones financieras después de que el repunte de la inflación esté llevando a los bancos centrales a anunciar el repliegue de sus estímulos monetarios. El temor a una subida de tipos de interés de la deuda pública antes de lo que se esperaba hace unos meses podría haber llevado al Gobierno a asegurarse lo antes posible la financiación más ventajosa que sin duda podrá prestar la Comisión Europea a los proyectos españoles de inversión. Aun no se conoce a qué tipo de interés se prestará el dinero pero será al mismo al que la Comisión Europea se haya logrado financiar en los mercados.
Nuevos ERTE
El Gobierno ya ha anticipado que esta financiación europea podrá ser aplicada al fondo 'Next Tech' puesto en marcha para impulsar el crecimiento de empresas digitales y la inversión en proyectos tecnológicos de alto impacto. También espera poder aplicar esta financiación europea al nuevo mecanismo permanente de ERTE. "Con el fin de apoyar esta reforma, inspirada en los modelos existentes en otros países europeos, se prevé recurrir a los crédito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a partir de 2022 para financiar el componente público de dicho Fondo", se afirmaba en el plan español. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el proyecto de Presupuestos para 2022 ya incorporó la previsión de solicitar un primer tramo de 1.270 millones de euros en créditos europeos para financiar el PERTE del vehículo eléctrico.
