Las pequeñas y medianas empresas afrontamos el año 2022 desde la preocupación y la incertidumbre. Cuando nos acercamos al segundo aniversario del inicio de la pandemia, la realidad es que la recuperación todavía no ha llegado, porque no podemos confundir la reactivación económica en la que vamos avanzando con una verdadera recuperación.

Una reactivación económica que, como digo, vamos avanzando, porque está sembrada de tropiezos; la propia pandemia y los rebrotes y nuevas olas principalmente, pero también otros como el encarecimiento de los costes de la energía y de las materias primas y la falta de suministros que, si bien son puntuales, están impidiendo una reactivación plena y ocasionando cuantiosos daños a las empresas, especialmente en la industria, que es el motor de arrastre de otros sectores vitales de nuestra economía.

Además, advertimos serios nubarrones que pueden lastrar todavía más a las empresas. Por un lado, empiezan a apreciarse síntomas de una restricción del crédito, motivada por la grave situación de los balances de nuestras empresas, que repercutirá en la inversión y la recuperación.

Estas dificultades para acceder a la financiación se ven agudizadas por la persistencia de altos niveles de morosidad, que pese a la menor actividad, no ha registrado descensos apreciables. En el tercer trimestre de 2021, siete de cada diez facturas están en retraso de pagos, una situación que afecta en mayor medida a las pymes, que se ven ahogadas por sus menores recursos y menor capacidad de negociación.

Todos estos factores están obstaculizando la recuperación de las empresas españolas que, además, durante la pandemia no han recibido ayudas en compensación a las restricciones en la misma medida que lo han hecho las empresas de otros países de nuestro entorno.

El resultado es un tejido empresarial más débil, con más problemas de liquidez y solvencia y menos competitivo, después de estos más de veinte meses de crisis.

Un tejido empresarial conformado en su casi totalidad (99%) por pequeñas y medianas empresas, cuya dimensión es, además, más pequeña que la de los países de nuestro entorno. Y eso nos genera también problemas de productividad y competitividad, que tenemos que afrontar apoyando el crecimiento empresarial con medidas valientes, que reduzcan obstáculos y den incentivos al crecimiento de nuestras empresas.

Lejos de eso, a las incertidumbres y nubarrones mencionados se añaden también las derivadas de medidas y políticas que no solo no apoyan a la empresa, sino que la ponen en el punto de mira. La modificación del mercado laboral para introducir mayores rigideces, la anunciada reforma fiscal que incrementa las cargas que soportan las empresas, el incremento de las cotizaciones sociales a partir de 2023 previsto en la reforma de las pensiones… Son todas medidas que incrementan los costes de las empresas, reducen la flexibilidad en su gestión y penalizan la actividad productiva, lo que finalmente repercutirá en la competitividad de nuestras empresas y en su capacidad de generar empleo.

Necesitamos un marco regulatorio que mire a las empresas como lo que son, la base del progreso, del empleo y del Estado del bienestar, no como un enemigo al que poner límites y exprimir al máximo. La empresa necesita libertad, no intervención por parte de los poderes públicos; necesita flexibilidad, no rigidez y necesita seguridad jurídica, no esta incertidumbre en la que nos hemos instalado.

En CEPYME estamos convencidos de ello, y vamos a seguir trabajando para que las pymes, las empresas, sean el eje de todas las políticas, porque ellas son la base del progreso y bienestar de nuestra sociedad.