Los representantes de los trabajadores de JSP trasladaron ayer a la empresa una propuesta que estarían dispuestos a aceptar para salvar a la industria de su desaparición. En ella, la plantilla exige que se pague a los empleados que resulten afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) –276 personas, es decir, dos tercios de los trabajadores actuales– 28 días por año trabajado y 18 mensualidades y la creación de una bolsa de empleo en la que se incluya a estos profesionales, de la que se pueda tirar en caso de que en el futuro la compañía necesite ampliar su plantilla.
Adelgazar la masa salarial es una de las condiciones para la entrada del fondo asturiano Hiperion
La propuesta que los representantes de los comités de empresa de varios centros de producción pusieron ayer sobre la mesa incluye el compromiso de que no se modifiquen de forma sustancial las condiciones de los trabajadores que continúen en la empresa. Además, los trabajadores han solicitado que se revise a los afectados por el ERE, entre los que hay 150 empleados que tienen más de 50 años y personal con discapacidad.
Ahora, la plantilla espera una contra propuesta final por parte de la propiedad de JSP que les permita llegar a un acuerdo antes de que expire el plazo de un mes otorgado por el juez para que empresa y trabajadores pactasen un plan que permitiera la viabilidad de la industria, que se encuentra ahora en concurso de acreedores.
«Esperamos que la empresa haga un acto de responsabilidad y salvemos JSP», recalca Ángel Yanes, uno de los representantes de los trabajadores, quien recuerda que la plantilla «ya ha puesto 14 millones de euros para salvar esta situación», por lo que «no vamos a permitir ni que esto se cierre ni que nos vayamos indignamente».
La negociación se recrudece ante la cercanía del plazo para alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajadores. Las posturas poco se han acercado desde que el pasado 27 de octubre la empresa comunicara el alcance del ERE. Una propuesta que los trabajadores consideraron «bestial» al afectar al 70% del total de la plantilla. Un número que ha pasado de 317 a 276 personas por las salidas que se han producido en las últimas semanas. Desde ese momento, el ritmo de producción en los centros de trabajo es mínimo. ç
El adelgazamiento de la masa salarial es uno de los condicionantes que ha puesto el fondo de capital riesgo asturiano Hiperion para tomar las riendas de la industria, siendo este el único candidato. Con la propuesta actual la industria se quedará con menos de 200 trabajadores, cuando llegó a tener más de un millar.
Otro de los requerimientos es la renegociación de la deuda bancaria, que suma más de 24 millones de euros, así como la reestructuración de parte del negocio como la desaparición de la planta de Getafe, que la compañía inauguró en Madrid en el año 2008 y la planta de producción de café que JSP tiene en Los Majuelos, Tenerife.
Los trabajadores también se han visto muy afectados por los problemas económicos que arrastra la empresa desde hace años. Las dificultades para cobrar sus salarios se han alargado durante varios ejercicios y se han agudizado en los últimos meses.
Ambas partes siguen trabajando para tratar de llegar a un acuerdo que permita seguir adelante a una de las industrias más destacadas de Canarias. Un documento que deberán presentar hasta el 28 de diciembre ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se sigue el concurso voluntario de acreedores presentado por la histórica compañía.
En la mesa negociadora del despacho de abogados donde se celebran las reuniones se sientan de un lado la propiedad, que continúa al frente de la empresa al haber acudido de manera voluntaria al concurso de acreedores y Praxis de Reestructuraciones y Concursal, administrador del proceso. Enfrente, trece representantes de los comités de empresa de varios centros de producción: dos de Celgán (UGT), otros dos de Madrid (UGT), cinco de la planta de Güímar (CCOO) y cuatro de las de Gran Canaria –Miller Bajo y El Tablero– (dos de CCOO, uno de UGT y otro de Intersindical Canaria).
El Gobierno de Canarias tiene la vista puesta en este proceso y ya ha advertido que el ERE tendrá que ser analizado por la Dirección General de Trabajo, que estará «vigilante», ya que precisamente ante este organismo, empresa y trabajadores firmaron un acuerdo en el que se comprometían a dar prioridad al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la unidad de la compañía. Sin embargo, la estrategia necesaria para la entrada del fondo de capital riesgo Hiperion va en la dirección contraria a este pacto.
