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El coche eléctrico gana terreno, pero lejos de ser el protagonista en 2030

Los vehículos libres de emisiones representaron el 3,4% de las matriculaciones de 2021 | Las patronales señalan que la realidad no sigue el ritmo de las normas

Un ciudadano recarga su vehículo eléctrico en un punto de repostaje de la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

Los plazos para la descarbonización corren y la legislación se endurece instando al cumplimiento de los compromisos internacionales. Sin embargo, las patronales canarias del sector de la automoción, que se declaran partidarias de la electrificación del parque móvil de las Islas, advierten de que la realidad se mueve a una velocidad mucho más lenta de la requerida. El año pasado, el 3,47% de las matriculaciones registradas en el Archipiélago correspondieron a vehículos y todoterrenos libres de emisiones.

Según la Federación Regional de Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), un total de 1.523 coches eléctricos se estrenaron en las calles y carreteras de Canarias durante el pasado año. La estadística que maneja la patronal que agrupa a las asociaciones de concesionarios (Faconauto) los deja en 1.439. No es la cifra lo más importante, sino el ritmo al que los vehículos del futuro van ganando adeptos.

El salto con respecto al ejercicio anterior es superior al 70%. Faconauto lo sitúa incluso en el 86,16%. Esa tasa de crecimiento se irá reduciendo conforme aumente el volumen total de ventas, pero da idea del interés que muestra la demanda. Ahora bien, el crecimiento tiene el claro freno de la escasez de puntos de recarga.

«Quisieron que todos los vehículos del negocio del rent a car fueran eléctricos en 2025», explica el presidente de Faconauto, Manuel Sánchez. En las conversaciones mantenidas con la clase política tuvieron que explicarles que ni siquiera el gestor aeroportuario (AENA) tiene capacidad para proporcionar los puntos de recarga necesarios en los aparcamientos de sus instalaciones.

Un estudio de esta misma organización empresarial y la patronal nacional de fabricantes de coches y camiones (Anfac) calcula en más de 14.800 puntos de recarga de acceso público los que necesita el Archipiélago antes de que finalice el año 2030.

Las carencias en este ámbito son muchas a pesar del impulso que las administraciones han decidido dar a las electrolineras en los últimos años. Sánchez destaca los problemas especialmente graves de Tenerife, isla en la que el «Cabildo decidió dejarlo en manos privadas». Cuando los inversores comprobaron que ese negocio no arrancaba y no les iba a proporcionar el retorno previsto, «recogieron y se marcharon».

El vicepresidente ejecutivo de Fredica, Rafael Pombriego, pone por delante que el sector está «totalmente a favor de la electrificación». Dicho esto, revela que están en contacto con los grupos parlamentarios y han solicitado una reunión con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, para intentar que la Ley de Cambio Climático se matice durante su tramitación. Sobre todo, aunque no es lo único, por «la prohibición de comercializar coches de combustión a partir de 2030», señala.

Pombriego se muestra seguro de que la sociedad canaria «no va a llegar a tiempo» y eso va a redundar en que no pocos «ciudadanos se encuentren con problemas. Ojalá todo fuera tan rápido, pero si la Unión Europea fija 2040 como plazo, no podemos ser más papistas que el papa y meter una presión añadida», relata.

A ello añade el ejemplo de comunidades como «País Vasco, Galicia o Madrid, que han sacado planes de renovación con neutralidad tecnológica». Es decir, las ayudas para rejuvenecer el parque también alcanzan a los vehículos «de bajas emisiones» de gases.

Las ayudas es precisamente, a juicio de Manuel Sánchez, otro de los obstáculos con los que se encuentra la implantación del vehículo eléctrico en el Archipiélago. «En Francia, Holanda o Alemania el comprador las recibe de manera inmediata y, después, el concesionario cuadra las cuentas con la Administración. Aquí tenemos gente que lleva nueve meses esperando por las ayudas del Plan Moves II desde hace nueve meses, incluso renunciando, porque ya no saben ni qué papeles han de entregar».

En la región con los salarios medios más bajos, pedir a los ciudadanos que paguen «entre un 25% y un 30% más» para pasarse al eléctrico «y que sean ellos quienes adelanten las ayudas» lastra el cambio, sostiene Sánchez.

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