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La Provincia - Diario de Las Palmas

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La frágil recuperación del ‘año II’ de la pandemia dispara la disolución de empresas en Canarias

Más de un millar de entidades inician el proceso para liquidar la sociedad y 164 presentan concurso de acreedores a pesar de la moratoria establecida por el Gobierno central

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Comercios cerrados o en disolución total en la zona comercial de Triana Andrés Cruz

El año II de la pandemia del coronavirus tampoco ha sido benevolente con el tejido empresarial del Archipiélago. Para muchas empresas canarias está siendo incluso peor que 2020 y algunas no han podido seguir combatiendo los golpes de una crisis que se resiste a desaparecer. Las cifras de disoluciones empresariales y concursos de acreedores convocados en 2021 en Canarias han sido superiores a las registradas en el año en el que se desató la crisis sanitaria. Mientras 1.108 entidades iniciaron el proceso para liquidar la sociedad, un 40% más que en los doce meses anteriores, también se declararon 168 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 50%, a pesar de la moratoria establecida por el Gobierno central, que permite a las empresas retrasar este procedimiento en casos de insolvencia.

Las patronales creen que los procesos podrían aumentar este año si persiste la crisis

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Las patronales canarias coinciden en señalar a la frágil recuperación económica como la causante de este aumento del número de disoluciones empresariales. Si bien en marzo de 2020 se esperaba que la crisis tan solo se extendiera durante unos meses y que la reactivación sería muy rápida, la realidad no ha sido así y tras casi dos años de pandemia, la economía todavía nota, y mucho, sus consecuencias.

“Hemos pasado dos años muy duros para el mundo empresarial”, señala Pedro Alfonso, secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife). A la parálisis de los primeros meses le sucedió una tibia reactivación que las diferentes oleadas pandémicas han impedido consolidar. Las empresas que se han visto obligadas a disolverse o bien ya estaban dañadas antes de que se iniciara la crisis “o la inactividad de la economía no les ha permitido seguir adelante”. Alfonso también indica que las entidades que deben someterse a este tipo de procedimientos son aquellas de un mayor tamaño, con más estructura y empleados y “que una vez cierran son más difíciles de recuperar”, a diferencia de otras pymes o autónomos que pueden retomar su actividad más adelante de una forma más sencilla.

Para José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), no debería extrañar a nadie que en 2021 el número de disoluciones y concursos haya sido mayor que el año anterior. “Hay un agotamiento y muchas han tenido que ir a concurso porque no han podido resistir el embate de la pandemia”, concluye.

Los cierres y la falta de actividad no dejó a muchas otra opción que recurrir al crédito para poder mantenerse abiertas. “De los 9.000 millones que se perdieron en la crisis, 3.000 millones fueron asumidos por los ERTE, 1.144 a través de las ayudas directas y 4.000 millones a través de créditos ICO”, explica Alfonso. A partir de ahora “deben empezar a afrontar el pago y cuanto más se retrase la recuperación más difícil será”.

Sin embargo, aunque se pensaba que 2022 iba a ser el año del despegue definitivo de la economía los últimos acontecimientos vinculados a la pandemia, como la aparición de ómicron y las restricciones para tratar de frenar su avance, han dado al traste con las perspectivas más positivas. “La subida del precio de la energía y el desajuste de la oferta y la demanda ha provocado que se retrasen las expectativas de crecimiento”, señala García, lo que hace todavía más complicado “hacer previsiones y planificar inversiones”.

Marzo de 2022 es también el plazo fijado para el fin de los dos años de carencia para empezar a devolver los créditos ICO y las patronales ya advierten que muchas empresas canarias van a tener serias dificultades para poder afrontar los pagos, si no se concreta un nuevo aplazamiento. “La flexibilización de las reglas fiscales a nivel europeo se mantiene y por eso pedimos que se permita también a las empresas privadas seguir aplicando medidas de excepción hasta que salgamos de esta situación”, indica el secretario general de CCE.

Debido a estos factores, las patronales no descartan que en 2022 el número de empresas que inicien el proceso de disolución o se declaren insolventes pueda incrementarse todavía más. Sobre todo una vez concluya la tercera prórroga de la moratoria concursal establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez y que si nada cambia finaliza en junio. Será en ese momento cuando muchas de las empresas que atraviesan dificultades y que han retrasado este proceso se vean obligadas a hacerlo.

Muchas empresas canarias tendrán dificultades para comenzar a devolver los créditos ICO

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“No prevemos que sea algo catastrófico, pero sí puede haber empresas que puedan tener problemas”, sostiene el secretario general de la patronal tinerfeña. Por eso, fía la única salida a la recuperación económica que tiene que ser “sostenida en el tiempo y llegar cuanto antes”, ya que “no vemos capacidad autonómica ni estatal para acudir a una nueva financiación de las pérdidas empresariales”. Y por eso reclaman “que las medidas que se tomen para salir de la pandemia no tengan un calado tan negativo para las empresas porque sus recursos también se agotan”. 

Los procesos al detalle

Concursos

5.862 sociedades 

  • En todo el país más de 5.000 sociedades entraron en concurso de acreedores el pasado año a pesar de la moratoria establecida por el Gobierno central. Suponen un 34% más que en el primer año de la pandemia y es la cifra más alta desde el año 2015. 

Disoluciones

27.760 en todo el país

  • Las disoluciones de empresas se situaron en 27.760 a nivel nacional, casi un 20% más que en 2020. Se trata de la cifra más alta desde 2013. Madrid concentró el 28,31% de las disoluciones seguida de Andalucía con el 13,41%. 

Sectores

Hostelería y comercio

  • El sector que experimentó el mayor incremento de concursos fue el de la hostelería, seguido del de actividades inmobiliarias y Comercio. Este último fue el que registró un mayor número de concursos, el 21% del total. Tras él están la construcción y la hostelería. Algo similar ocurrió con las disoluciones. El sector con el aumento más importante fue el de la construcción y las actividades inmobiliarias, que fue también el que concentró el 23,8% de todos los procesos a nivel nacional. 

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