El Consejo de Gobierno de Canarias informó favorablemente sobre los cambios introducidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) por dos disposiciones del proyecto de Ley de Medidas Financieras de Apoyo Social y Económico y de Cumplimiento de la Ejecución de Sentencias, que se tramita en estos momentos en el Senado. Se trata de la tercera modificación que el Gobierno de España realiza sin informe previo del Parlamento de Canarias, tal y como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La norma emana de un Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo central a finales de 2020 y convalidado por el Congreso el 28 de enero de 2021. El informe del Gobierno autónomo se produce a petición del Parlamento canario, que el 4 de enero recibió una comunicación del Congreso de los Diputados recabando el parecer de la Cámara sobre esta modificación.
La reforma amplia un año el plazo para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) dotada con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como materialización de la misma. Tal ampliación se justifica por los graves efectos que la pandemia había producido y produce en la realización de las inversiones y los resultados económicos en 2020.
El informe del Ejecutivo recuerda que dicho texto es el mismo que ya se introdujo a través del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, que fue sometido a debate y votación por el Congreso de los Diputados el 28 de enero de 2021, en la que se acordó su convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley.
El informe es favorable porque la disposición «no merece reproche alguno», ya que se adoptó para dar seguridad jurídica en la aplicación de los beneficios fiscales referidos a la RIC, dados los efectos que la pandemia produjo en la realización de las inversiones acogidas a dichos beneficios y como consecuencia de una demanda unánime de las instituciones y la sociedad de Canarias.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también informó favorablemente sobre la disposición final tercera del referido Proyecto de Ley, que modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la regulación de las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), para evitar supuestos de doble imposición.
