En la primera semana de febrero está prevista la entrada en el Congreso de los Diputados del decreto ley de reforma laboral acordado por el Gobierno central el mes pasado con la patronal y los sindicatos. Su convalidación está en el aire, a día de hoy tanto la oposición como los socios de gobierno de Pedro Sánchez se posicionan en contra. La diputada Tamara Raya -Santa Cruz de Tenerife-, su compañero en la bancada socialista de la Cámara Baja Luc André Diouf -Las Palmas- y el senador por Gran Canaria Ramón Morales sostuvieron este martes el carácter positivo que los cambios introducidos tendrán para el mercado laboral canario, por lo que invitaron a la única parlamentaria de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, a apoyar la iniciativa.
Idéntico mensaje enviaron a los representantes isleños del PP. Diouf se mostró convencido de que "en las tres próximas semanas" el también canario Héctor Gómez, portavoz del grupo Socialista en el Congreso, y el resto de los negociadores del PSOE serán capaces de "alcanzar consensos con el resto de fuerzas" hasta sumar una mayoría que garantice el final de los días de la reforma laboral de 2012. "Vamos a hablar con todos, incluido el PP, porque no tiene sentido que se posicionen contra un decreto con el que están de acuerdo tanto los trabajadores como los empresarios".
Los populares "deben apoyar", señaló Morales, un texto normativo al que se opusieron "antes de leerlo, y deben hacerlo si, como dicen, les importa el país", continuó el senador. La UE condicionó el envío de fondos a España para paliar la crisis económica derivada de la pandemia a, entre otras cuestiones, reducir la alta tasa de temporalidad. En cualquier caso, el representante grancanario en la Cámara Alta, se mostró convencido de que no habrá problemas tras comprobar Bruselas que el Ejecutivo estatal se ha puesto manos a la obra y ha redactado esta reforma.
"Los populares se opusieron al texto de la reforma laboral antes de leerlo"
Terminar con las contrataciones por obra y servicio y, en su lugar, potencia las figuras del fijo discontinuo y limitar a tres meses en el año la duración de los temporales, son algunos de los pasos que, en opinión de Tamara Raya, se dan en esa dirección y de los que más se beneficiará el Archipiélago. El objetivo último, en palabras de la diputada, "es acabar con la proliferación de trabajadores pobres" que dejó la anterior reforma de los populares.
En un contexto laboral como el canario, marcado por propiciar los salarios medios más bajos del país y la tasa de paro más elevada, diputados y senador sostuvieron que apoyar la reforma es hacerlo tanto a los trabajadores como a las empresas, ya que estas, "con tantos tipos de contratos pueden incurrir en fraude de ley", apuntó Raya.
"Hay que insistir en que no puede haber precariedad", destacó Diouf, que apuntó el carácter positivo que las contrataciones de trabajadores fijos discontinuos tendrán "en el campo". Por ello, animó a "arrimar el hombro" a nacionalistas y populares.
"Este cambio supone la recuperación de la negociación colectiva con la que acabó el PP"
Para Raya, esta reforma no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que se «inició en 2018», cuando los socialistas llegaron al Gobierno de España tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. «Llevamos desde entonces dando pasos, con el registro horario, con la reconversión en fijos de los temporales en fraude de ley, con la subida del salario mínimo de los 750 euros en que estaba a los 965 actuales», enumeró.
A todo ello, la parlamentaria por Santa Cruz de Tenerife añadió la "recuperación de la negociación colectiva, con la que acabó la reforma laboral del PP, dejando en desamparo a los trabajadores". Retorna la ultraactividad de los convenios colectivos caducados hasta la existencia de un nuevo acuerdo y la prevalencia de los sectoriales sobre los de empresa, "salvo que estos últimos mejoren a los primeros", expuso Tamara Raya.
Para los tres representantes socialistas, posicionarse en contra de esta reforma solo puede responder a intereses políticos. Una y otra vez repitieron que se trata de un acuerdo firmado por sindicatos y empresarios. Por ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha descartado introducir modificaciones, ya que supondría volver a tener que sentar a todas las partes a la mesa y buscar un nuevo acuerdo.
"No estamos ante una imposición, sino ante el fruto de una negociación"
Socios de gobierno como ERC ya han avanzado que el cambio resulta insuficiente y solo apoyarán la derogación total del marco legislativo puesto en marcha por el PP en la anterior crisis. Raya recordó que en aquel momento los populares aprobaron la reforma sin negociación previa con los agentes sociales ni el resto del arco parlamentario. En esa misma línea, Luc André Diouf resaltó que el texto definitivo "no se trata en este caso de una imposición", sino que es fruto "de una negociación".
