La banca ha acelerado el cierre de oficinas desde el estallido de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020. Un proceso que ya era irreversible antes de la irrupción de la covid-19 y que ha dejado a las Islas sin más de la mitad de las sucursales bancarias. De hecho, el Archipiélago es una de las Comunidades Autónomas que más sufren los efectos de esta otra España vaciada, en este caso una España vaciada no de habitantes, sino de oficinas. No extraña así que el Parlamento regional, a instancias del grupo nacionalista, vaya a estudiar la posibilidad de abrir una investigación sobre la calidad del servicio que prestan las entidades financieras en Canarias. Operar con una cuenta bancaria hace tiempo que es una obligación no escrita para los ciudadanos, pero es que ahora, con el incesante cierre de sucursales, se impone otra suerte de obligación: la de saber operar a través de las apps con que las firmas del sector están sustituyendo la atención presencial. Y no solo eso, sino que en las cada vez menos oficinas abiertas, la práctica generalizada es no atender en mostrador para las operaciones más habituales, sino derivar a los clientes hacia los cajeros automáticos. Algo que puede darle muchas dificultades, y de hecho se las da, a esa parte de la población sin competencias digitales o sin la habilidad suficiente para ingresar, sacar dinero o pagar un recibo en el cajero automático, como es el caso de muchos mayores.
En los comienzos de la crisis financiera, aquella que estalló en octubre de 2007 con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, Canarias llegó a tener 1.493 oficinas de bancos, cajas de ahorros y demás. Eso fue antes de la desaparición de las cajas y del proceso de concentración y reestructuración bancaria. En las Islas había sucursales de CajaCanarias, La Caja Insular, el Santander o el BBVA casi en cada esquina, mientras que ahora muchos de los locales que antes eran oficinas bancarias son comercios textiles, dependencias administrativas de esta o aquella institución o sencillamente están vacíos. En 15 años, aquellas 1.493 sucursales se han reducido a 703, según los últimos datos del Banco de España (BdE). Es decir, se han reducido a menos de la mitad, exactamente un 53%. Donde antes había dos oficinas, hoy solo queda una, y el número parece no haber tocado fondo aún. Desde que a mediados de marzo de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma nacional por el coronavirus, la banca ha echado el candado en la región a otras 130 sucursales. El Archipiélago está así en el grupo de las ocho Comunidades Autónomas que han visto desaparecer más de la mitad de sus oficinas bancarias.
El proceso de concentración (menos entidades pero más grandes) y la generalización de los cierres obligan así a los canarios a tragar con las imposiciones de un sector del que, además, no pueden prescindir. Esta posición de rehén en la que se encuentran los ciudadanos, a la que de forma paradójica también los ha empujado la Administración pública imponiéndoles la intermediación bancaria en pagos, cobros o gestiones de todo tipo, es uno de los argumentos de la Proposición No de Ley (PNL) del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC). La iniciativa, que se debatirá en la próxima sesión plenaria, expone la necesidad de que la Cámara abra una investigación de oficio «sobre las condiciones de calidad del servicio, competencia y respeto a los derechos de los consumidores que vienen registrándose en las oficinas bancarias del Archipiélago». Además, plantea la elaboración de una guía de buenas prácticas para el sector en la que se incluiría a las entidades que cumplieran sus premisas: «horarios amplios, dispersión geográfica de las oficinas, atención personalizada y cuotas razonables de funcionamiento y de servicios». Es más, la PNL de los nacionalistas, elevada a la Mesa de la Cámara por los diputados Jana González, Nereida Calero y Mario Cabrera, exhorta al Gobierno de Canarias a tener en cuenta estos criterios de calidad del servicio (y no solo los mayores o menores tipos de interés o la rentabilidad estrictamente económica) a la hora de adjudicar contratos a las entidades financieras.
