La reforma laboral entra en su fase decisiva en el Congreso sin que el Gobierno haya conseguido atar todavía los apoyos necesarios para asegurarse una mayoría. En ese vaivén negociador, la patronal Pimec redobla los contactos con los partidos con representación en la cámara para que hagan suyas sus enmiendas y así “adaptar” la nueva norma a las pequeñas y medianas empresas. La organización empresarial catalana presidida por Antoni Cañete aboga por aumentar su peso en la negociación colectiva o volver a la legislación previa a la reforma laboral de Zapatero y que el Estado asuma parte de las indemnizaciones en los ceses de una pyme, entre otros. 

Antoni Cañete llegó el año pasado a la presidencia de Pimec con el eslogan de "poner a las pymes en el puesto de mando" y con la reforma laboral espera poner en práctica el dicho. El documento de enmiendas que la organización empresarial ya ha compartido con ERC, Junts, PDECat y PSOE se centra en modificar la norma en clave del tamaño empresarial, con reivindicaciones más plausibles –por lo que se refiere a los posibles apoyos que pueda recabar entre las formaciones- que otras. En los próximos días confían en proseguir los contactos con fuerzas como C's, que en los últimos días ha adquirido relevancia ante la falta de entente con las fuerzas de los nacionalismos periféricos.

La más directa para las arcas de las pymes es recuperar un concepto derogado en la reforma laboral del 2010, la de José Luís Rodríguez Zapatero. Antes de la misma, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) asumía el 40% de las indemnizaciones de aquellas empresas de menos de 25 trabajadores en plantilla. Lo que reducía el coste para las mismas y empujaba al alza los importes para los trabajadores, a costa de un mayor esfuerzo de las arcas públicas. 

Ambición negociadora

Pero la gran reivindicación de Pimec para acabar de codearse de igual a igual con la centenaria patronal Foment del Treball es ser un actor clave en la negociación de convenios. Para ello demanda un cambio de matiz relevante. Actualmente para entrar a negociar un convenio la asociación empresarial pertinente debe acreditar que representa al 10% de las compañías de un sector y que a su vez empleen al 10% de los trabajadores de dicho sector. Pimec pide que con representar al 10% de las empresas de dicho sector sea suficiente para acreditar la representatividad, lo que les abriría la puerta de par en par a muchos convenios.

La segunda parte de esa reivindicación, mucho más ambiciosa y que supondría un enfrentamiento abierto con la gran patronal CEOE, es habilitar un mecanismo para calcular la representación institucional de los empresarios. Es decir, pedir a los partidos que voten a favor de crear un reglamento para que, en caso de conflicto, el Estado pueda contar cuántas empresas representa una patronal y cuántas representa otra. Con la intención de que Conpymes, la estatal de Pimec, sea reconocida como interlocutor válido y que la próxima reforma laboral la puedan negociar en la misma mesa que CEOE, CCOO y UGT.

Reivindicaciones compartidas 

No todas sus reivindicaciones son en clave ‘pyme’ y algunas son compartidas por su eje autonómico/nacional con algunos de los potenciales socios del Ejecutivo. Es el caso de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, donde ahí Pimec coincide con ERC y PNV en querer reforzar las herramientas para que una parte sustancial de las relaciones laborales no tengan que depender de Madrid. Una de las claves de bóveda de las conversaciones que tiene abiertas el Gobierno para conseguir más ‘síes’ que ‘noes’ para una de sus políticas estrella de la legislatura.