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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Ferrocarril

El Tribunal de Cuentas achaca a Adif retrasos y sobrecostes en la Variante de 2014 a 2017

n informe destapa la “evidente falta de coordinación”, una “planificación deficiente” y “errores y omisiones” en varios contratos del AVE a Asturias

Obras del AVE a Asturias en la estación de Lena en diciembre.

El Tribunal de Cuentas responsabiliza a Adif de buena parte de los sobrecostes y retrasos que sufrió entre 2014 y 2017 la variante de Pajares. La “planificación deficiente”, una “evidente falta de coordinación” y “errores u omisiones” en la redacción de los proyectos han provocado la suspensión y resolución de contratos, modificaciones de proyectos, aplazamientos, ampliaciones de plazos de ejecución e indemnizaciones a las adjudicatarias, según un informe de fiscalización de las líneas de alta velocidad entre 2014 y 2017, que acaba de aprobar la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Nunca se abrió investigación alguna para depurar responsabilidades sobre los quebrantos económicos causados a las arcas públicas.

Nueve de los 34 contratos vigentes entre 2014 y 2017, cuando gobernaba el PP, estuvieron afectados por alguna suspensión, siete por el retraso de otros trabajos necesarios para su ejecución y dos por “imposibilidad de ejecutarlos desde el inicio”. El importe de la adjudicación de los contratos suspendidos superó los 90 millones. Las empresas adjudicatarias afectadas por suspensiones reclamaron pagos e indemnizaciones por valor de 3,7 millones.

Durante esos cuatro ejercicios, los programas de actuación plurianual recogieron una inversión para la Variante de 883 millones, pero solo se ejecutaron 493 millones, el 56 por ciento.

Un ejemplo de los motivos que llevaron a suspender contratos es lo ocurrido con la instalación de la catenaria y sistemas asociados de la Variante, que se formalizó 28 de diciembre de 2013, por importe de 10,5 millones y con un plazo inicial para su ejecución de 38 meses, 14 para las obras y 24 para el mantenimiento. Cuando comenzaron las obras, el 27 de enero de 2014, en algunos tramos no existía disponibilidad de los terrenos y no habían concluido trabajos necesarios para el soporte de la catenaria. De ahí que el Tribunal señale “la falta de coordinación entre los distintos contratos, que evidencia una planificación deficiente”. El contrato fue finalmente rescindido y la instalación de la catenaria, que debió terminar en abril de 2017, aún no ha finalizado.

La conclusión del Tribunal es que algunas suspensiones se debieron a “errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas”. Por ejemplo, un contrato adjudicado en 2013 incumplía la normativa europea relativa a seguridad en túneles, en vigor desde julio de 2008. Y no es la única norma comunitaria incumplida años después de ser aprobada.

Los analistas del Tribunal denuncian “falta de coordinación de las distintas unidades intervinientes en la construcción de la línea de alta velocidad”. En otros casos se adjudicaron contratos cuando ni siquiera había autorizaciones para acceder a los túneles. Y hay contratos que sufrieron hasta cinco ampliaciones en su plazo de ejecución

El texto apunta que en una ocasión llegaron a emitirse durante las obras informes internos que atribuyeron al redactor de un proyecto errores y omisiones que originaron la tramitación de un modificado y el consiguiente incremento del coste y el plazo de ejecución. Pero el Tribunal de Cuentas subraya que no consta expediente alguno “para exigir las responsabilidades como consecuencia de los errores u omisiones”, como exige la ley.

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