Orlando Luján (Las Palmas de Gran Canaria, 1967), delegado del Gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias y uno de los artífices del Manifiesto para la adaptación fiscal del REF a las nuevas circunstancias de la pandemia y del volcán de La Palma, lidera junto con otros asesores fiscales, economistas o empresarios una cruzada para que Hacienda aclare aspectos cruciales del fuero canario.
La ministra María Jesús Montero, es decir, el Ministerio de Hacienda está cerrado en banda ampliar un año la materialización de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) que se dotó en 2017. ¿Por qué esa negativa?
Quizás no está entendiendo que la situación no es muy diferente a la de hace un año, cuando se aceptó ampliar ese plazo de materialización de la RIC de las dotaciones de 2016, y deberían pensarlo de nuevo. Esperamos que con la incorporación del nuevo Secretario de Estado de Hacienda [el canario Héctor Izquierdo] se entienda y tomen medidas que son buenas para Canarias.
¿Si no se amplia la RIC en qué afectará a las empresas canarias?
Si no se amplía a este año muchas empresas serían más débiles, estarían más descapitalizadas, afectaría negativamente al empleo y habría menos actividad económica justo ahora cuando necesitamos reactivar la economía. Podría llegar a cerrarse alguna empresa, pero seguramente pocas por este motivo. Dependerá de su situación de liquidez y de su capacidad. No se olviden que en la RIC por cada euro que se ahorra el empresario pone tres más para la inversión, es decir, invierte cuatro. Si no pudiera hacerlo, tendría que devolver ese euro al Presupuesto estatal en el pago del Impuesto de Sociedades y los otros tres se dejarían de invertir en Canarias. Es una pena que esto no se resuelva y se dé ese balón de oxígeno de plazo excepcional, porque probablemente ya no se tenga que volver a repetir ese añadido de plazo.
«Hemos participado en el Manifiesto del REF porque muchos incentivos hoy están en solfa»
¿Cómo motivan la ampliación del plazo de la RIC esta vez?
Primero, debería interpretarse que ya está ampliada en, al menos, 78 días, aunque consideramos que debería extenderse a todo el año 2022. No veo que haya una circunstancia económica tan distinta en el momento actual con respecto a la que hubo hace un año para ampliar el plazo de la dotación de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. Nosotros interpretamos que hay 78 días más porque existen muchísimas consultas vinculantes que han dado por bueno ese criterio para otros instrumentos fiscales a nivel de Estado, como la exención por inversión en vivienda habitual, pero aún la Dirección General de Tributos no ha respondido confirmando este criterio que daría plazo para realizar las inversiones hasta el 19 de marzo de 2022, y estamos deseando que responda. Me consta que se han presentado muchas consultas en relación con este asunto y la preocupación son los tiempos de esa respuesta si no hay un impulso político. Tributos generalmente suele tardar dos o tres años en responder las consultas aunque la Ley General Tributaria establece un plazo de seis meses, pero no tiene todos lo medios deseables y no dan abasto. Sinceramente, es una pena que un servicio tan importante para la seguridad jurídica como es el que interpreta y clarifica lo que quieren decir las normas no tenga todos los medios necesarios.
Pero si ustedes dan un mensaje tan claro en este y otros asuntos del REF ¿por qué no se entiende desde Madrid?
Desafortunadamente la lejanía, la ultraperificidad y los sobrecostes que conlleva nunca se han terminado de comprender bien desde Madrid y, lo que es peor, esa falta de comprensión es estructural. Casi me atrevería a decir que no depende de quién gobierna ni de los colores políticos sino que hay una desafección a lo que es la diferencia de estar a 2.000 kilómetros de la Península y de tener que soportar unos sobrecostes que son evidentes para el día a día de los ciudadanos y las empresas. Muchas veces se piensa erróneamente desde Madrid que el REF es un privilegio y no se dan cuenta que es una muleta imprescindible para poder caminar al mismo ritmo, o al menos intentarlo, que el resto del país. Olvidan con frecuencia que no estamos pegados a Cádiz ni debajo de Baleares tal como aparecíamos en los mapas de antaño.
«Los nuevos criterios de Hacienda en la ZEC pueden provocar un riesgo en su reputación»
¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias? Los empresarios piden que haya personal específico que se dedique en exclusiva a la gestión del REF.
Eso lo hemos pedido desde hace mucho tiempo. La verdad es que no tiene sentido que un mecanismo tan importante para las Islas, que afecta en el día a día en la vida de todos los ciudadanos, carezca de medios permanentes de seguimiento. ¿Cómo puede ser que el Gobierno no tenga al menos a 3 ó 4 personas dedicadas exclusivamente al seguimiento del REF de Canarias? ¿Qué coste puede tener para las arcas de la Comunidad Autónoma? Solo unos cientos de miles de euros frente a los cerca de 9.000 millones del Presupuesto regional. Canarias necesita un equipo técnico y profesionalizado dedicado al seguimiento del REF y que dialogue permanentemente con el Ministerio de Hacienda y con cualquier ministerio que tenga que ver con nuestro REF, porque es la única forma de que esto no sea objeto de improvisación, de impulsos, de pulsos entre Canarias y Madrid, o de juegos de aritmética parlamentaria de que haya un diputado más que haga falta para sacar algún proyecto de ley o norma. No deberíamos estar al albur de la suerte o de la casualidad, y mantener algo constante de seguimiento para que estas cuestiones no queden sin resolverse tantas veces o se resuelvan muy tarde, y cuando digo muy tarde suele ser tardísimo.
¿Se refiere a que se judicializa el REF?
Sí, en muchas ocasiones las diferencias de interpretación acaban en litigios como ha sucedido con frecuencia con la RIC y ahora están empezando a ser conflictivos también algunos aspectos de la ZEC , es decir, planteamos que haya seguridad jurídica para que no se tengan que judicializar las cuestiones que afectan al día a día de Canarias generando dudas e incertidumbres en el uso de los incentivos. Sería sano o sanísimo que hubiera una suerte de comisión de seguimiento del REF Canarias-Estado que revisara periódicamente nuestros incentivos y conocer qué se puede hacer, y cuando haya un problema se resuelva de forma rápida sin que se tenga que solventar en los tribunales en 8 ó 10, 12 años, porque eso hace daño a toda la sociedad, frena las decisiones de invertir y Canarias no se puede permitir que se frenen las decisiones inversión, lo que hace falta es todo lo contrario.
Han presentado consultas a la Agencia Tributaria pero no les han contestado. ¿Por qué urge en este momento que les den respuesta desde el Estado a los mecanismos del REF?
Porque la pandemia ha tenido un efecto de estresar todo. ¿Teníamos dudas interpretativas en el REF? Sí. ¿No era todo lo claro de lo que debería ser? Cierto. Con la Ley del 2018 se introdujeron mejoras, pero algunas no fueron suficientemente claras y no se pueden aprovechar por los empresarios y los autónomos porque no hay la suficiente seguridad jurídica otras fueron erróneas como las restricciones a las inversiones en aplicaciones informáticas. Con la pandemia se han complicado las cosas, porque muchas empresas han parado, y no solo hoteles y el sector turístico sino supermercados en el sur de las islas, servicios de transportes de los turistas, del ocio nocturno... ¿Qué sucede? Que todas esas empresas que han materializado incentivos del REF con la RIC o la Deducción por inversiones (DIC) en activos tienen obligaciones, no solo derechos para poder aplicarse un incentivo: primero realizar la inversión y luego mantenerla en uso durante al menos cinco años, porque eso es lo que permite que se cree y mantenga el empleo y están obligadas a mantenerla en funcionamiento. Pero quizás se podría interpretar por la Administración que han incumplido porque han tenido que cerrar temporalmente por la pandemia. Lo cual sería un sinsentido y, por lo tanto, deberían contestar, aclarar y adaptar la norma. Y lo mismo pasa con la creación de empleo.
«Confiamos en encontrar la sensibilidad de Montero, de Madrid y de nuestros diputados»
¿También tienen problemas en la interpretación de la RIC en la creación de empleo?
Cuando se materializa la Reserva contratando más personas se adquieren compromisos, como mantener el incremento de plantilla durante tres o cinco años y si esa empresa ha tenido que poner en ERTE a su personal por la pandemia ¿ha incumplido? El sentido común nos dice que no, porque el trabajador sigue siendo de la empresa, pero una resolución del ICAC, organismo dependiente de Hacienda, en enero de 2021 dice que las personas que están en ERTE no computan para declararlos en las cuentas anuales de las empresas y se teme que ese criterio se traslade a la RIC o la ZEC que tienen requisitos de empleo y, es por eso que hay tanta incertidumbre.
De ahí surge el Manifiesto del REF.
Hemos participado en este Manifiesto del REF porque muchas cuestiones que afectan al núcleo de los incentivos fiscales hoy están en solfa y hace falta que se clarifiquen lo antes posible. El efecto de la pandemia y del Covid ha impactado duramente en la eficacia del REF que no estaba preparado para estas situaciones excepcionales. Los mecanismos como la Reserva de Inversiones los podrían utilizar la práctica totalidad de los autónomos y las empresas en Canarias y muchos no lo están usando precisamente por el miedo y la incertidumbre existente, y es una verdadera pena que algunas personas no doten en la RIC y no se comprometan a invertir por temor a tener un problema fiscal.
Por tanto usted cree que los instrumentos del REF en cierto modo cojean.
Sí cojean por esta y por otras muchas cuestiones que hemos planteado en el documento de propuestas. Por esta sensación de inseguridad que permanentemente vivimos. Es decir, no están funcionando bien y no podemos esperar a que se resuelvan en los tribunales muchos años más tarde. Es un sinsentido que no se clarifiquen ya porque clarificar cuestiones ahorra recursos al Estado y a los ciudadanos y no aclarar retrae las inversiones y el empleo y sobrecarga de trabajo a la propia Administración Tributaria y a los tribunales colapsándolos.
¿Por qué ha cambiado Hacienda los criterios de la ZEC y se han vuelto más restrictivos?
Fue una consulta que hizo la Agencia Tributaria. Después de haber aplicado un criterio le surgió la duda de si ese criterio era adecuado y le consultó a la Dirección General de Tributos que le contestó rápidamente, pero sin embargo otras consultas realizadas a la Dirección General de Tributos de algunas empresas que querían establecerse en Canarias nunca fueron respondidas o muy tarde. En ese informe para la Agencia Tributaria se estableció un criterio distinto al que se venía aplicando y difundiendo desde hace muchos años, y es el que ha generado este problema específicamente en las operaciones triangulares.
«Muchas veces se piensa erróneamente desde el Estado que el REF es un privilegio»
¿Exactamente en qué operaciones?
Pues las operaciones triangulares son como un triángulo: tú compras en un país, lo llevas a otro pero no pasa por Canarias, y no tiene sentido que ahora estén poniendo reparos a esas operaciones a las empresas de la ZEC de comercio internacional. No tiene sentido que si le compraste la mercancía a un señor y pasa a ser mía, y después se la venda a otro aunque no pase por Canarias, no me pueda acoger a la ZEC, cuando estoy creando empleo en Canarias. No tiene sentido, porque esas empresas están generando actividad para Canarias, y la ZEC está atrayendo el comercio triangular por los incentivos, y son empresas que se pueden ir a Irlanda o a otro lado. Tenga en cuenta que la ZEC pretende atraer una inversión foránea y diversificar nuestra economía con actividades que no se hacían en Canarias y generan empleo e inversión.
¿Le consta que por estas restricciones de Hacienda haya empresas que se estén echando para atrás?
Sabemos que asesores foráneos, que son los que les dicen que hagan la inversión aquí a empresas americanas, alemanas o ingleses, ya están cuestionando lo que está sucediendo porque algún cliente que han enviado se está encontrando con el problema. Pero ya sucede incluso cuando sus clientes no se dedican a operaciones triangulares, porque se está generando una sensación de que está pasando algo en Canarias que no se soluciona y empiezan a preguntarse si les afecta a ellos a o al cliente que han enviado, y eso no es bueno porque al final significa que la ZEC está asumiendo un riesgo reputacional que la puede poner en entredicho y mientras más se tarde en aclarar estas cuestiones más difícil será recuperarlo, y se pueden poner en riesgo mil empleos y un tercio de las empresas de la ZEC.
Aparte de las comentadas, ¿qué propuestas son importantes de cara a la negociación con Hacienda en la reunión que mantengan o que las traslade el Gobierno canario?
Todas las propuestas que están en el Manifiesto se tienen que aclarar. Se las hemos dado al Gobierno de Canarias para las que las traslade al Gobierno central, y por eso hemos solicitado también una reunión con el secretario de Estado de Hacienda para informarle de primera mano sobre los puntos del Manifiesto del REF y que intente darnos soluciones, porque no es para pedirle un euro, solo estamos pidiendo claridad en las normas para que esos euros en Canarias circulen, produzcan, se inviertan y generen empleo. La claridad es gratis y la no claridad tiene un coste de parálisis, de no realización de inversiones por temor, por incertidumbre. Una de las cuestiones que se tiene que resolver sí o sí es el tema de las aplicaciones informáticas. Por error del legislador en 2018, no se puede materializar la RIC en software y aplicaciones informáticas que ahora son vitales para la comunicación o para el teletrabajo. También en viviendas protegidas.
«Pedimos que se permita invertir en suelo rústico, en vivienda protegida o en software»
¿En viviendas protegidas qué reclaman?
Es un tema muy sencillo. En Canarias se necesitan más viviendas protegidas pero si un inversor quiere comprar un edificio para materializar su RIC y dedicarlo al alquiler para vivienda protegida no puede porque tiene que haber sido el promotor de la edificación para materializar la RIC. Pero es que hay muchas empresas que no son promotoras, que quieren comprar un edificio terminado y dedicarlo a viviendas sociales y no pueden. Y entonces te preguntas por qué se le ponen ese tipo de limitaciones, porque al final lo que ocurre es que no se ponen en el mercado esas viviendas protegidas.
También plantean dotar la RIC en suelo rústico.
Nosotros planteamos que para recuperar el sector primario se debe permitir la compra de suelo rústico, para plantar, no para construir. ¿Qué sentido tiene que no se puede materializar en suelo de uso agrícola cuando lo que está sucediendo es el abandono de la agricultura? Lo importante es incentivar y que se invierta en agricultura, y lo de La Palma ya es clamoroso. Los terrenos se han sepultado y si se quieren volver a utilizar como suelo agrícola hay que hacer inversiones importantes e, incluso, se han perdido polígonos industriales importantes. Por tanto, en La Palma se ha de incentivar que se invierta allí permitiendo la materialización de la RIC en suelo de cualquier naturaleza, eso sí, durante 8 ó 10 años
¿Esperan conseguir todas estas medidas con la mediación de Héctor Izquierdo ante Montero?
Nosotros creemos que las medidas que pedimos son justas para Canarias, que no son excesivas sino, sobre todo, son de dar claridad. Tenemos la confianza de que al final encontremos la sensibilidad necesaria de Montero, de Madrid y de nuestros parlamentarios que tienen mucho que decir.
