La aseguradora Santalucía ha reforzado su filial funeraria, Grupo Albia, con la adquisición de dos tanatorios en la zona norte de España. El primero es el Tanatorio de Marín, ubicado en Pontevedra, y el segundo es el Tanatorio La Paz, con el que aterriza por primera vez en la provincia de Burgos. De esta forma, la aseguradora impulsa su negocio funerario tras cancelar su fusión a finales del pasado año con el de Mapfre (Funespaña) a raíz de las condiciones impuestas por Competencia.

La filial de Santalucía cuenta con más de 220 centros repartidos en 14 comunidades autónomas, siendo especialmente relevante su presencia en Extremadura, Cataluña, Andalucía y Galicia. Funespaña, por su parte, también ha adquirido otro tanatorio en Córdoba. Este tipo de transacción es muy habitual en el mundo de los decesos, en el que las compañías van comprando pequeños negocios para impulsar su negocio por la gran atomización del negocio en España.

La líder del sector es Mémora, que está controlado por el fondo de pensiones de los profesores de Ontario (OTPP) desde julio de 2017, cuando esta gestora canadiense especializada en infraestructuras se impuso en una dura subasta competitiva contra otros grandes titanes del capital riesgo desembolsando unos 450 millones de euros por la compañía. Anteriormente, la compañía estaba en manos del fondo británico 3i. Mémora factura en torno a 200 millones de euros al año y cuenta con 140 tanatorios.

Por facturación, el líder del sector es Mémora (respaldada por el fondo OTPP) y le siguen Albia junto a Funespaña

La siguiente por tamaño es Albia, que con unos ingresos de 165 millones de euros en el ejercicio de 2020 se coloca como la segunda mayor funeraria española. Gracias a ella, Santalucía encabeza el volumen de primas con 686 millones de euros, el 31,5% de la cuota de mercado. La tercera es Funespaña que registró una facturación de 48,6 millones en el año 2020, mientras Mapfre superó los 310 millones de euros en primas por decesos.

Fallida fusión

Cabe recordar que Funespaña y Albia anunciaron su fusión en el año 2019, pero la aprobación de competencia se retrasó por las investigaciones de Competencia. La fusión entre ambas podía haber quitado el liderazgo a Mémora, al poder llevar a cabo 70.000 servicios anuales. Esto chocaba con el resto de empresas del sector, que está en manos de familias que apenas llegan al millón de facturación. Pese al “riesgo elevado” que suponía la fusión, las autoridades de competencia la autorizaron estableciendo una serie de condiciones.

La nueva sociedad se repartiría al 75% por Santalucía y al 25% por Mapfre. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) obligó a la segunda aseguradora a salir del accionariado de la nueva sociedad y a reducir la exclusividad en los servicios. A Santalucía también le exigió diferentes condiciones, pues la operación reforzaría la posición de la compañía como aseguradora de decesos al poder prestar servicios intragrupo “con el riesgo de expulsión de competidores, ya que la nueva entidad tendría una mayor presencia en distintas zonas”.

Por ello, el regulador obligó a esta aseguradora a cumplir con varias condiciones, como dar libertad a los allegados del fallecido puedan elegir funeraria sin ser automáticamente dirigidos a la suya o que desinvirtiera del negocio en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real) facilitando la entrada a otra compañía del sector y evitar la posición de monopolio que tendría en esa ciudad. Finalmente, las condiciones no convencieron a las aseguradoras españolas que decidieron mantener sus negocios por separado operando de forma independiente como habían hecho hasta la fecha.

Oportunidades de crecimiento

Por este motivo, tanto Albia como Funespaña analizan de forma recurrente oportunidades de crecimiento en ciudades donde no están presentes o en las que quieren reforzar su crecimiento, según indican diferentes fuentes de mercado a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, amparándose en la fuerte atomización del sector. En este sentido, en el país prestan servicios funerarios unas 1.100 empresas, de las cuales al menos 900 son pymes que ingresan menos de un millón de euros. Sin embargo, el pastel de los decesos mueve más de 1.500 millones al año en España.

Las fuentes consultadas por este diario indican que los motivos por los que fondos y aseguradoras quieren crecer en este negocio se basan en el potencial de crecimiento que tiene en el país ligado a la situación demográfica de España, donde más del 30% de la población en 2050 tendrá más de 65 años, frente al 17% actual. En ese momento, habrá en torno a cuatro millones de octogenarios en el país, según el estudio 'El envejecimiento de la población' elaborado por el CSIC.  

La digitalización llega a los servicios funerarios

Hace dos semanas, Albia anunció la compra de World Funeral Net (WFN), una plataforma digital de servicios y traslados funerarios. Mediante esta transacción, el grupo podrá tramitar servicios en cualquier punto del mundo gracias a una red global. "Aunque somos conscientes de que todavía la demanda digital es incipiente, creemos que los consumidores y el mercado van a cambiar en los próximos años. Por ello, la adquisición de esta plataforma es un hito que sienta las bases de lo que será la contratación y el negocio funerario del futuro”, destacó el consejero delegado del grupo Albia, Juan Rodríguez.