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El Gobierno canario amplía un mes el plazo para justificar los 1.144 millones de ayudas covid

Román Rodríguez persiste en negociar con el Estado también la prórroga de la RIC

Román Rodríguez a la izquierda con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García.

 El Gobierno canario ampliará en un mes el plazo para justificar los 1.144 millones en ayudas directas concedidas a empresas, pymes y autónomos del archipiélago afectados por la covid-19, según ha anunciado este lunes su vicepresidente, Román Rodríguez.

El también consejero regional de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha confirmado la ampliación de este plazo a raíz de las peticiones formuladas por los beneficiarios y al objeto de culminar "el buen trabajo realizado" en esta materia por todas las partes implicadas.

"Este ha sido un expediente que se ha tramitado diligentemente por el Gobierno de Canarias, que distribuyó ayudas más que nunca y más que nadie antes", ha recalcado en un comunicado el vicepresidente, quien ha destacado la importancia del decreto regulador de estas subvenciones, elaborado por la propia Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y la distribución de las mismas por parte de las Cámaras de Comercio.

Rodríguez ha asegurado que la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el órgano que fiscaliza las subvenciones, comprende las razones de los beneficiarios al solicitar una ampliación de los plazos.

El vicepresidente ha insistido también en la reclamación del Ejecutivo autónomo -al igual que ha hecho el Parlamento de Canarias- para que el Gobierno central amplíe a este año el período de materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) de 2017.

Rodríguez ha recordado que ya hubo una prolongación el año pasado, gracias a la iniciativa política del propio Gobierno de Canarias y el empuje en las Cortes de formaciones como Nueva Canarias, y ha asegurado que ahora "seguiremos reclamando lo mismo".

En todo caso, el vicepresidente insistió en que "no nos encontramos ante un incumplimiento del REF por parte del Estado, sino que se trata de una petición que se hace desde Canarias debido a la pandemia y a la erupción en La Palma".

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