Los contribuyentes canarios van a pagar este año una media de 185 euros más en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la escalada inflacionista. Por la escalada inflacionista y porque en el Ministerio de Hacienda no han querido adecuar el IRPF al extraordinario incremento del coste de vida. El Gobierno de Pedro Sánchez no sube así el impuesto por acción, sino por omisión. En cualquier caso, el efecto es el mismo: los ciudadanos tendrán que pagarle más al fisco pese a que su poder adquisitivo no ha aumentado, más bien al contrario. En definitiva, crece la presión fiscal, y en esta ocasión afecta de forma especial a las rentas bajas.
José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de publicar en la Fundación Disenso un informe sobre ¿Cuánto pagarán de más los contribuyentes españoles en el IRPF por la inflación durante 2021? Una investigación en la que el experto cuantifica las consecuencias de la llamada progresividad en frío en la próxima declaración del IRPF. La progresividad en frío, un fenómeno que también se conoce como rémora fiscal inflacionaria, se produce cuando se gravan rentas o ingresos que no se corresponden con la verdadera capacidad contributiva de las personas. 2021, que es el ejercicio del que los ciudadanos tendrán que presentar la declaración de la renta a partir del próximo abril, cerró con el Índice de Precios de Consumo (IPC) en el 6,5% a nivel nacional y en el 5,8% en el Archipiélago. Un sensible encarecimiento del coste de vida cuyo origen está en los altísimos precios de la energía. No obstante, la inflación hace meses que saltó a la cesta de la compra y ya son minoría –máxime tras la invasión rusa de Ucrania– quienes se atreven a asegurar que no se trata de un fenómeno estructural sino meramente coyuntural.
En resumen: hay que pagar más y hasta mucho más por lo mismo. Se pierde así poder adquisitivo. Por eso muchos expertos y economistas vienen reclamando al Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, que acometa una deflactación de cara a la próxima declaración del IRPF. Es decir, que modifique el impuesto y adapte las distintas tarifas a un contexto de precios en máximos históricos –o casi–. Si el contribuyente que declara 20.000 euros en el IRPF ya no puede comprar con ese dinero lo mismo que compraba antes de la escalada inflacionista, parece lógico que tampoco se le exija contribuir a las arcas públicas en igual medida que entonces. Sin embargo, así va a ocurrir en la inminente declaración de la renta del ejercicio de 2021, porque el Gobierno de Sánchez no ha modificado el IRPF, el gran impuesto directo del país.
Es verdad que el Ejecutivo de PSOE y Podemos no es el primero que se beneficia de una subida tributaria en frío –y seguramente no será el último–, pero no es menos cierto que es el primero que lo hace en una situación tan extraordinaria como la actual. 2021 no solo fue el año II de la pandemia y la consecuente crisis económica, sino también el de una inflación tan repentina como histórica que tiene en jaque no ya a las Islas o a España, sino a Europa en general. Y no solo eso, sino que, además, 2022 se presenta si cabe más amenazante, con una invasión y una guerra en el corazón del continente, con todo lo que ello implica en términos económicos. Sea como sea, el caso es que en el Ministerio de Hacienda no parecen dispuestos a renunciar a los 4.110 millones de euros extras que la rémora fiscal le va a reportar al fisco en la próxima declaración del IRPF de los españoles. De esos 4.110 millones, hasta casi 164,1 millones de euros corresponden a lo que los contribuyentes canarios pagarán de más en la renta; una cuantía que en lugar de progresiva es eminentemente regresiva, ya que se trata de una cantidad que no se deriva del incremento de los ingresos efectivos de los isleños sino de la distorsión causada por la inflación. Es más, la inacción del Gobierno central la van a pagar, sobre todo, las rentas bajas.
Regresividad
Según los cálculos del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, hasta el 65% del sobrecoste del IRPF por el alza de los precios recae en las rentas más bajas. Un porcentaje que en el caso de la Comunidad Autónoma es incluso mayor, ya que en las Islas también es mayor el peso de las rentas bajas y medias-bajas en el total de contribuyentes. De hecho, alrededor del 81% de los declarantes del IRPF en la región –aproximadamente ocho de cada diez– tiene ingresos de menos de 30.000 euros anuales. Y el caso es que todos, sin excepción, sufrirán la distorsión de la inflación en sus declaraciones. Ya ganen 15.000 euros al año o 350.000, lo que pone de manifiesto hasta qué punto es regresiva la decisión de no deflactar el IRPF.
En toda España, la media de lo que le costará la inflación a cada contribuyente en el IRPF es de 199 euros, en una horquilla que oscila entre los 240 euros de la Comunidad de Madrid y los 80 de Ceuta y Melilla –los susodichos 185 euros en el caso de Canarias–. El hecho de que la media sea mayor en Madrid no significa que salga peor parada, sino que sus ciudadanos declaran mayores ingresos. Las Islas están, claro, en el furgón de cola junto con La Rioja, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
