La invasión ordenada por Vladímir Putin sobre Ucrania ha empujado a las grandes potencias a abrir otro frente no militar como represalia. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón o Canadá han activado un aluvión de sanciones económicas contra los intereses rusos para aislar y ahogar las finanzas y la actividad del país con el objetivo de poner freno a la agresión.
La acción coordinada de las potencias contempla medidas de castigo tanto financieras como comerciales para paralizar la economía rusa, que han sido respaldadas por grandes grupos empresariales suspendiendo de manera generalizada sus actividades o sus relaciones comerciales con Rusia. Y la respuesta del Kremlin ha sido la puesta en marcha de una batería de contrasanciones contra intereses económicos de los países y amenazar con cortes de suministro de gas y petróleo y con nacionalizar activos de las empresas que han paralizado su actividad.
Con este juego de sanciones cruzadas, las empresas se enfrentan a un escenario permanentemente cambiante y que no ha dejado de complicarse en las últimas semanas por las continuas ampliaciones de las represalias económicas de una y otra parte. La compañías lidian con decenas de complejísimas normas, con requisitos muy específicos, que cambian cada pocos días y que proceden de distintos países. El miedo a incumplir las sanciones por error y enfrentarse a problemas legales graves cunde en los despachos de los grandes grupos.
Empresas españolas con un negocio ampliamente internacionalizado alertan de que en apenas dos semanas se han encontrado con una avalancha de restricciones aprobadas por la UE, EEUU, Reino Unido y otros países que condicionan sus actividades productivas y comerciales incluso sin estar presentes directamente en Rusia. Y se han topado también con decretos lanzados por Moscú inicialmente sólo disponibles en lengua rusa que también puede condicionar sus operaciones y cuya infracción les expone a castigos incluso penales.
Desde CEOE se reconoce haber recibido en los últimos días una avalancha de consultas de asociaciones empresariales sectoriales y territoriales y también de grandes empresas directamente, en busca de aclaraciones sobre el alcance de las sanciones y sobre las continuas ampliaciones y actualizaciones que se van aprobando de los castigos contra Rusia y desde Rusia.
“Claro que estamos acostumbrados a operar con marcos legislativos de muy diferentes países, pero ahora se trata de sanciones económicas de aplicación inmediata, que están cambiando cada muy pocos días y con las que arriesgamos a cometer sin querer infracciones con consecuencias legales graves”, apuntan desde un gran grupo empresarial muy directamente afectado, que también reconoce que la más mínima sospecha de incumplir con las sanciones, incluso involuntariamente, les expondría a una crisis reputacional severa.
Ante esta situación CEOE y otras patronales europeas, a través de la organización continental BusinessEurope, se movilizan para reclamar a la Comisión Europea un esfuerzo para facilitar información clara y actualizada sobre todas las sanciones internacionales que pueden afectar a las compañías. Las asociaciones empresariales solicitan a Bruselas un compendio consolidado de todas las sanciones, no un listado de links con normas cuyo alcance se solapa o que unas corrigen a otras.
“El alcance de estas sanciones es inédito y cambia por días. Nunca se había realizado un ejercicio de este tipo de tanta amplitud”, indican fuentes de CEOE. “Pedimos a la Comisión Europea una versión consolidada de las sanciones para conocer bien sus términos y para evitar errores e incumplimientos involuntarios. Bruselas tiene que ayudar a tener una comprensión acertada del alcance de todas las sanciones”.
Las empresas advierten de las dificultades con que se encuentran para identificar a todos los accionistas y a los propietarios finales de algunas compañías con las que trabajan para evitar que puedan afectadas por las sanciones en sectores potencialmente expuestos. “Ante la más mínima sospecha de que una compañía puede ser objeto de las sanciones internacionales, los bancos contratadores pueden paralizar la operación y las compañías se están encontrando con problemas para cobrar o realizar algunas transferencias”, alertan desde la patronal.
