Los empresarios del sector de las energías renovables se confiesan «perplejos» tras escuchar al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, pedir «un impuesto adicional» para ellos. Al contraataque, recomiendan a la Administración mayor agilidad para evitar que se vayan al traste los proyectos que tienen entre manos.

El consejero expuso sus consideraciones la semana pasada en una entrevista en la Cadena Ser. En ella criticó el sistema marginalista que determina los precios de la electricidad del que abogó por sacar el gas, fuente generadora de la distorsión de los precios. Es la que marca la retribución para el resto de productores, entre ellos los de renovables, cuyos costes no han crecido pero reciben ahora sumas mucho mayores.

Sobre ese incremento de los ingresos, Valbuena consideró necesarios establecer un gravamen especial. Las instalaciones canarias de renovables que cobran según el precio del mercado peninsular –un 15% del total– han afrontado «situaciones en los que el pool ha estado a 20 euros por megavatio hora y otras en la que ha estado en 200. Ese riesgo es del promotor» destacó la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER).

Ahondado en ese extremo, lamentaron que las Administraciones se acuerden de ellos solo cuando cobran cantidades que superan la media y no cuando son inferiores. «Tampoco se acuerdan de ellos cuando hay que despachar los expedientes administrativos y hay que reducir esos 8,3 desquiciantes años de media, en los que los expedientes se paralizan por diversas consideraciones políticas» explicaron.

Por ello, recomendaron al consejero dejar «de pensar en impuestos y recaudar cada vez más a costa de las renovables» en lugar de «agilizar unos expedientes que están paralizados y que frenan proyectos que harán bajar el precio de la electricidad», además de permitir cumplir los compromisos de descarbonización.