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Consecuencias de la guerra de Ucrania | Acuerdos del transporte en Canarias

Los transportistas canarios aplazan el paro convocado para el lunes

La patronal del transporte considera un avance la bonificación del 99,99% del impuesto de los combustibles, aunque reclaman que no sea una medida temporal

Gobierno y transportistas llegan a un acuerdo tras doce horas de negociación

Gobierno y transportistas llegan a un acuerdo tras doce horas de negociación

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Gobierno y transportistas llegan a un acuerdo tras doce horas de negociación R. A. D.

Los transportistas canarios decidieron anoche aplazar el paro convocado para el lunes en una asamblea general convocada tras concretar con el Gobierno canario las medidas para el sector, entre ellas la devolución del 99,9% del impuesto sobre los combustibles. La decisión se tomó después de los tiras y aflojas de los últimos días entre las diferentes asociaciones y empresas del sector de las Islas, que ya habían presentado un preaviso para el lunes y amenazaban con una huelga si el Ejecutivo regional no tomaba medidas específicas en el ámbito canario al margen de las iniciativas aprobadas por el Estado.

La propia Federación de Empresarios del Transporte reconoce que el debate en el seno de la misma «ha estado muy encendido» por la crispación existente en el sector ante el incremento de los costes y la falta de respuesta de las administraciones públicas. El escenario cambió en 24 horas ya que el jueves el paro se daba por seguro, pero ayer los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo regional, junto al paquete de medidas del Estado, llevaron a los transportistas a ser prudentes y aplazar la manifestación.

La jornada de ayer fue maratoniana para los representantes del sector del transporte ya que, por un lado, se mantuvieron contactos con los ministerios de Transportes y Hacienda para concretar el impacto en Canarias de las medidas pactadas en Madrid. Por otro lado, la patronal mantuvo una reunión con las consejerías de Hacienda y Transportes y el propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, con el fin de determinar el verdadero alcance de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno del jueves. La patronal quería saber de boca del jefe del Ejecutivo y de los consejeros de Hacienda -Román Rodríguez- y de Transportes -Sebastián Franquis- si estas medidas eran suficientes para poder desconvocar las movilizaciones. En ambos sentidos, los representantes empresariales consideran que el amplio paquete de iniciativas tanto nacionales como canarias recogen una buena parte de las reivindicaciones del sector y suponen importantes avances.

La Consejería de Hacienda ha terminado por aceptar que la devolución del impuesto del combustible a los transportistas y agricultores profesionales sea del 100% al menos hasta el 31 de julio, si bien la patronal ha demandado que esta medida sea prorrogable si se mantienen los elevados precios del gasoil. El incremento de la devolución supone pasar de 15 a 22 céntimos por litro, es decir, siete céntimos más, lo que equivale subir del 68% actual al 99,9% y más de 30 millones de euros de coste para las arcas autonómicas. Hacienda recuerda que la orden firmada ayer por el consejero Román Rodríguez elimina de facto el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo para los transportistas, agricultores y ganaderos que hasta ahora suponía la mitad del aplicado en el resto del Estado y, de esa mitad, solo tenían que pagar el 32% del mismo puesto que el 68% restante le era devuelto por la Administración autonómica. Dado que el IGIC del combustible tributa al tipo 0, esto significa que a los transportistas no se les aplicará fiscalidad alguna, según los cálculos de Hacienda.

La devolución parcial de este impuesto a los profesionales data de 1986. El gravamen en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

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Coste para las arcas

  • La devolución de la recaudación del impuesto sobre los combustibles a los profesionales supone cinco millones más de coste para las arcas autonómicas, en total 35 millones de euros.

El presidente Torres en su cuenta de Twitter se hizo eco de la decisión de la asamblea de transportistas: «Los transportistas en Canarias, tras los acuerdos del Gobierno canario y la reunión de hoy (por ayer), en la que alcanzamos compromisos, concluida su asamblea suspenden la manifestación del lunes en todas las islas. Momentos difíciles en los que debemos avanzar buscando soluciones».

Coste de servicios

Por otro lado, los transportistas canarios lograron arrancar el compromiso por parte del Ejecutivo de poner al día el coste de los servicios que prestan por el transporte escolar, ya que llevan varios años sin actualizarse el mismo por el IPC, lo que ha generado una deuda que no se ha abonado a las empresas y que se eleva a unos 13 millones de euros. El martes hay una reunión de la patronal con la consejera de Educación, Manuela de Armas, y el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, para abordar este tema de forma monográfica.

En este sentido, el Parlamento canario aprobará una proposición no de ley para instar al Ejecutivo al reconocimiento en los contratos de transporte escolar de los conceptos económicos de costes reales actualizados, tales como el salario mínimo interprofesional

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Deuda del transporte

  • Los empresarios del transporte elevan a 13 millones de euros la deuda que acumula la Administración con ellos por no actualizar el transporte escolar con el IPC anual.

El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Ángel Hernández, también reiteró la necesidad de que el Ejecutivo actualice con urgencia el observatorio de precios del transporte porque está con los costes de 2020 y el sector demanda que se actualice a marzo de 2022 ante el incremento de precios tanto en rutas escolares, como obras públicas, mercancías y otro tipo de servicios. La previsión es que esta actualización se lleve a cabo en el plazo de un mes.

Los representantes del sector tuvieron que hacer también ayer un esfuerzo adicional con las medidas pactadas por el Gobierno central con las asociaciones del transporte estatal. El traslado de estos acuerdos a la realidad del transporte en las Islas estaba bastante difuso, por lo que se mantuvieron contactos con los ministerios implicados y las asociaciones para que Canarias quede bien reflejada. Según Hernández, en los datos que están en poder del Ministerio de Transportes no figuran las empresas de Canarias, donde existe un registro propio en la Comunidad Autónoma que no está conectado con el estatal, por lo que las empresas canarias se quedaban fuera de las ayudas que se han pactado por vehículo. Los transportistas canarios tienen el compromiso de que se realizará un esfuerzo técnico para que Canarias también se vea beneficiada por estas ayudas directas.

En 24 horas se pasó de la crispación a la prudencia ante los avances con la Administración

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Otra cuestión relevante es el régimen fiscal diferenciado que tiene las Islas con respecto a la Península, lo que lleva a tener que reflejar de forma específica a Canarias como parte del abono de los 15 céntimos que pagará el Estado por litro de combustible junto a los cinco céntimos que se van a repercutir a las compañías petrolíferas. El secretario general de la FET reclama a la Comunidad Autónoma que al menos haya una interconexión entre los datos de las empresas que tiene el Ministerio y el registro de la Comunidad Autónoma para que Canarias no se vea aislada de las medidas que se adopten a nivel estatal como en esta ocasión.

Las medidas en el ámbito estatal se concretan en 20 céntimos de aportación para la reducción del precio del litro de combustibles durante los próximos tres meses. Asimismo, la aportación por una sola vez de ayudas por vehículo en cuantías de 1.250 euros por camión, 950 euros por guagua, 500 euros por furgoneta y 300 por vehículo ligero, en este caso taxi, limusina y ambulancia.

El Ejecutivo revisará el observatorio de precios en un mes y actualiza el coste del transporte escolar

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Por otro lado, también hay una ampliación del plazo de vencimiento de créditos ICO hasta 10 años y una nueva línea de créditos con 12 meses de carencia. Se amplía el presupuesto a 20 millones de euros para ayudas al abandono de la actividad de transportistas mayores y habrá un desarrollo de la ley para garantizar la cobertura de costes mínimos de explotación en las subcontrataciones de servicios de transportes.

El sector hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas y advierte que se trata de un aplazamiento y no una suspensión.

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