El Plan Mecuida, una de las medidas más emblemáticas del Gobierno para luchar contra los efectos de la pandemia, ha alcanzado apenas a unos centenares de trabajadores durante los dos años que ha estado en vigor. Según datos oficiales, sólo 459 personas se han servido de este mecanismo de reducción de jornada (acompañada de una reducción de sueldo correspondiente) pensado específicamente para cuidar a familiares afectados por el covid o por las medidas tomadas para evitar la transmisión del virus (por ejemplo, el cierre de colegios o residencias de mayores). Además, a pesar de que esta política quería evitar “la perpetuación de roles [de género]”, el 78,4% de los que recurrieron a ella fueron mujeres, tal y como recoge El Periódico de España.

Aunque el plan Mecuida ha sido calificado como “imprescindible” por su promotora, la ministra de Trabajo, y se ha ido renovando al compás de otras políticas anticovid clave, como los erte o las ayudas a los autónomos, el Gobierno no había facilitado hasta ahora datos de su funcionamiento. Este diario los ha conseguido de la Seguridad Social vía consulta al Portal de la Transparencia. Las cifras muestran que desde su puesta en marcha el 18 de marzo de 2020, hasta el último dato disponible -15 de marzo de 2022- 360 mujeres y 99 hombres se han acogido a la reducción de jornada específicamente catalogada como Mecuida.

Sin apoyo económico

El Plan Mecuida se formuló por primera vez en el primer compendio de normas de emergencia anticovid, el Real Decreto-Ley 8/2020, del 17 de marzo del año en el que irrumpió la pandemia. Desde entonces, se ha prorrogado siete veces en las mismas condiciones; si no hay una nueva extensión, estará en vigor hasta el 30 de junio de este año. Contempla el derecho de los trabajadores a adaptar o reducir su jornada si acreditan “deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho” o de “familiares por consanguinidad hasta el segundo grado [padres, madres, abuelos, hijos y nietos]” en tres supuestos relacionados con el covid-19: por efecto directo del virus, por que lo fuerce alguna de las medidas adoptadas por las administraciones para impedir la propagación de la pandemia, o porque la persona que hasta entonces se ocupara de esos cuidados no pudiera hacerlo. La reducción de jornada se debe solicitar con 24 horas de antelación, e implica una merma salarial de la misma proporción: una reducción de jornada del 60% implica cobrar un 60% menos de sueldo; reducir la jornada completamente conlleva no percibir salario.

La controversia siempre ha rodeado al Plan Mecuida por no incluir una ayuda económica para las personas que se acogen a las medidas de reducción de jornada; una posibilidad que se barajó en los primeros compases de la pandemia pero que nunca se materializó. También ha sido criticado por "discriminatorio", por ejemplo por el sindicato USO, por no tener en cuenta "el desigual punto de partida de hombres y mujeres tanto en el empleo como en casa", que provoca que "las que se acogen mayoritariamente a este plan, y concretamente a las reducciones de jornada, son mujeres". En palabras de la Secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de esta central, Laura Estévez, "el 99% de consultas sobre el Plan Mecuida que hemos recibido en USO eran de mujeres. Ha cumplido una labor de protección de quienes tenían que quedarse en casa, pero no ha cambiado en absoluto el rol de quién debía acompañarlos".

Entre los profesionales de los recursos humanos cunde la impresión de que las cifras de utilización de Mecuida son tan bajas porque trabajadores y compañías se las han arreglado por su cuenta sin recurrir a este programa. "Durante la pandemia se ha hecho uso de medidas flexibilizadoras (teletrabajo, compensaciones y adaptaciones de jornada, bolsas de horas recuperables, permisos...) que no quedan consignadas como Mecuida", explica Daniel Blas, graduado social y asesor laboral. "Sólo se recogen oficialmente las cifras de las personas que reducen su jornada, porque en ese caso hay que comunicárselo a la Tesorería General de la Seguridad Social para no generar cotizaciones por el tiempo no trabajado. Pero no hay constancia en los registros oficiales, por ejemplo, de los cambios de turno o de funciones; no hay que hacer trámites formales para registrarlos, así que no se cuentan", asevera. Estévez añade que "en muchos de los casos -también en la Administración Pública- el problema ha sido que la empresa se acogía a causas organizativas para denegar la adaptación. Por eso, no nos extraña que hayan sido tan pocas las personas que finalmente figuren en la estadística, pues muchas han tenido que conciliar a base de permisos no retribuidos, vacaciones o excedencias".

De acuerdo con las cifras oficiales facilitadas por el Portal de la Transparencia, el mes en el que más uso se ha hecho de Mecuida ha sido el último disponible, marzo de 2022, con 46 casos (37 mujeres y 9 hombres). Por lo demás, los meses con más recurso a esta fórmula de reducción de jornada se localizan al comienzo de la pandemia, en 2020: julio (41), octubre (40), y abril y mayo (38). En 2021, la cifra más alta se dio en octubre (24), y el pico de la sexta ola también registró un dato relativamente alto, en comparación con el resto del periodo de vigencia de esta medida: 21 reducciones de jornada Mecuida en enero de este año.