El transporte marítimo de mercancías es el único capítulo dedicado a la España extrapeninsular que está incluido en el macrodecreto de medidas contra el impacto económico aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Las Islas, no obstante, se benefician de la mayor parte de los incentivos incluidos en un plan que cuenta con 16.000 millones de euros, 6.000 de ellos en ayudas directas. También de medidas administrativas, como el diseño de un mecanismo "superacelerado", en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cara al desarrollo de las energías renovables. Ella misma anunció, además, una iniciativa que abaratará en 6 euros el precio de la luz de manera inmediata mediante el recorte de los cargos que se incluyen en la parte regulada del recibo.
"Adelanto que va a haber medidas para Canarias", afirmó el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, informa Europa Press. Faltaban escasas horas para la comparecencia en la que las vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y la mencionada Teresa Ribera, desgranaron el paquete de iniciativas que el lunes ya esbozó con bastante detalle Pedro Sánchez. A la espera de la publicación del decreto, este miércoles, en el BOE, solo el tráfico marítimo de mercancías entre la Península y las Islas (también Baleares, Ceuta y Melilla) se hace acreedor a una parte de las subvenciones.
Si le sobró el plural a Torres, no así ocurrió con el objetivo que viene a cubrir el plan anticrisis: aliviar la carestía del transporte de productos y materias primas desde el continente a Canarias. El objetivo es evitar que, en la medida de lo posible, el incremento de los precios energéticos y las materias primas se traslade a la inflación subyacente, desde donde ya es más difícil y costoso, en tiempo, retomar el rumbo hacia una economía sana.
El transporte de mercancías centra la atención de Madrid, no así el de pasajeros
Eso deja fuera al transporte aéreo, cuya contribución al abastecimiento de bienes es residual en comparación con el marítimo. Si en el Gobierno canario se esperaba un gesto para evitar una retracción en la demanda de plazas aéreas, esta vez no tocó. Además, hasta la fecha ningún indicador apunta a una disminución del número de viajeros. Si llegara el frenazo por un alza del precio de los billetes empujado por el coste energético, tiempo hay para poner a calentar otros paños.
¿En qué consistirá la ayuda al transporte de mercancía en barco? En "una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y la de mercancía en líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al sistema portuario de titularidad estatal", relató la también ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
El presidente canario señaló que los transportistas, ganaderos e industriales están pidiendo ayudas directas, y la ciudadanía que no le cuesten más los productos cuando van al supermercado o llenar el depósito de gasolina. "Estamos en un momento muy delicado", explicó el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea José Manuel Corrales, que calificó de "ambicioso" el plan de Sánchez. Además, señaló que en esta ocasión, a diferencias de crisis como la derivada de la pandemia de coronavirus, "no se trata de poner más dinero público en circulación".
"Veo bien estructurado el paquete de ayudas, con medidas claramente antiinflacionarias y dirigidas a las empresas y las familias para sostener el crecimiento económico", añadió. Sin ser optimista en exceso se podía esperar que este año sirviera para poner las economías en hora tras el golpe de la pandemia, "pero esta guerra lo ha desbaratado todo", señaló Corrales.
Mecanismo "superacelerado" para la obtención de la autorización administrativa en instalaciones renovables
Entre las iniciativas también se encuentran las tendentes a mantener el ritmo de absorción de los fondos destinados por Europa a revitalizar a los países miembros. Por ejemplo, establecimiento de un camino más rápido para la implantación de renovables, lo que entronca con el compromiso adquirido por Pedro Sánchez con Bruselas para reducir la dependencia de España del gas para la generación eléctrica.
El mecanismo "superacelerado" para la obtención de la autorización administrativa anunciado por Ribera tiene límites para conjugar los intereses energéticos y de descarbonización con la preservación del medio ambiente. "Siempre donde existe una baja afección al territorios y el tendido de cables no supere los 15 kilómetros". También la potencia está limitada a 75 megavatios para los parques eólicos y 150 megavatios, en el caso de la tecnología fotovoltaica.
Baja la luz
Entre los puntos más destacados reseñados por las vicepresidentas se incluye la revisión adelantada de la retribución que reciben parte de las energías renovables y que se ha disparado con ingresos extra como consecuencia de la subida de precios de la electricidad. El presidente Pedro Sánchez cifró el lunes en 1.800 millones de euros la cantidad que la revisión permitirá rescatar este año. Esa suma se utilizará para bajar aún más y de manera inmediata los cargos regulados que se incluyen en la factura eléctrica, lo que se traducirá en un recorte de 6 euros en la factura eléctrica de un consumidor medio cada mes, según las estimaciones del Ejecutivo.
España presentará esta semana junto a Portugal una propuesta a la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (en torno a los 50 euros por megavatio hora), incluir la diferencia del coste real de las centrales de gas como coste del sistema eléctrico y fijar una doble cotización con un precio diferente para la electricidad que se vende a Francia a través de las interconexiones. El Ejecutivo prevé que Bruselas se pronuncie sobre su propuesta en tres o cuatro semanas, y hasta entonces no se podría aplicar esta reforma y no se notará en el recibo de la luz de hogares y empresas con una rebaja sustancial.
Los cargos regulados del recibo (que suponen un coste neto en el recibo de unos 4.800 millones de euros este año) sirven para pagar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares o el pago de la deuda del sistema eléctrico. Las instalaciones del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore) recibían antes ayudas en forma de primas por su producción y ahora cuentan con una rentabilidad garantizada ligada a la inversión realizada.
España y Portugal presentan esta semana su propuesta a Bruselas para intervenir el mercado eléctrico
Tienen garantizada una rentabilidad del 7,1% durante 25 años (para algunas esa garantía asciende al 7,4% si renunciaban a presentar pleitos contra el Gobierno) y cada cada tres ejercicios se ajustan los ingresos realmente recibidos con los asegurados por el sistema eléctrico. Al final del periodo ésa será la rentabilidad que obtendrán las instalaciones energéticas, pero cada trienio se calcula los ingresos para adaptarlos.
El próximo ajuste tocaba hacerlo a principios de 2023, pero el Gobierno adelantará el cálculo un año para tener ese ingreso extra de las renovables del Recore. El Gobierno ya había sellado un preacuerdo al respecto con las asociaciones empresariales del sector de las renovables.
Los cargos aprobados por el Gobierno para este año ya incluían una rebaja de en torno a un 30% en relación a la media de cargos del conjunto de 2021 (incluidos los ocho meses y medio de cargos normales y los tres meses y medio de drástica rebaja extraordinaria del 96%). Con la nueva rebaja que pretende hacer el Ejecutivo ahora ese recorte alcanzará el 55%. Un recorte que, según las estimaciones del Gobierno, supondrá una rebaja de 6 euros en la factura mensual de un consumidor medio.
Se amplían los recortes a las eléctricas
En paralelo, el Gobierno amplía el alcance de los recortes a las eléctricas para evitar beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. El macrodecreto incluye una revisión -otra más- del sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios y, con el aval de la Unión Europea, para incluir también los nuevos contratos que se firmen a precios altos.
El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).
Sin embargo, el Gobierno acabó matizando esos recortes a las eléctricas y aprobó una nueva norma para permitir que las compañías que demostrasen que estaban vendiendo su electricidad con contratos a plazo y con precios estables, no tendrían que devolver nada. Las grandes eléctricas tienen que demostrar a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sus contratos no aplican los precios disparados del mercado. Con ello, el impacto quedó muy diluido.
Las compañías serán penalizadas si venden por encima de los 67 euros por megavatio hora
Con la nueva revisión, el Gobierno incluye todos los nuevos contratos que las compañías firmen a partir de ahora y también las revisiones o actualizaciones de los contratos suscritos actualmente, siempre que el precio del suministro de la electricidad supere los 67 euros por megavatio hora. Por encima de ese tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable, las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad.
En paralelo, el Gobierno también ampliará hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos incluidos en la factura eléctrica: se mantiene así el recorte del IVA del recibo de luz (del 21% al 10%), el impuesto especial de la electricidad (del 5,1% al mínimo legal del 0,5%) y del impuesto del 7% a la producción eléctrica (dejándolo a cero).
Para dar apoyo a la gran industria electrointensiva se aplicará a 600 empresas una compensación del 80% de los cargos que pagan con su factura eléctrica y se elevarán las compensaciones por la emisión de CO2, con ayudas por un importe total de unos 500 millones de euros. Y se incluye un sistema de ayudas directas a las compañías de consumo intensivo de gas por 125 millones de euros.
