La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) afronta hoy, miércoles, el relevo de José Carlos Francisco al frente de la organización en un clima de desgarro institucional impensable hace solo un par de meses.
A la candidatura de Pedro Alfonso, formalizada a finales de febrero, se sumó después la de Victoria González Cuenca. La directora financiera del Grupo Chafiras ha denunciado una serie de presuntas irregularidades en el proceso electoral con el apoyo de cuatro de las patronales sectoriales integrantes de la CEOE-Tenerife: la de los empresarios de coches de alquiler (Apeca), la de los sectores de la alimentación y artículos de consumo (Facca), la de la pequeña industria del metal (Femete) y la de los hoteleros (Ashotel). Es precisamente el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, quien con más contundencia ha defendido la necesidad de reiniciar el proceso electoral para así solventar esas presuntas irregularidades. Marichal, expulsado de la CEOE tras ser condenado por fraude fiscal a dos años de prisión y al pago de una multa de casi 600.000 euros –antes del expediente de expulsión ya tuvo que dimitir de la presidencia del Consejo de Turismo de la CEOE nacional, cargo al que había accedido en enero de 2021, solo tres meses antes de conocerse su condena–, se ha erigido de este modo, y desde fuera de la organización, en el principal avalista de las denuncias de González Cuenca.
La candidatura de Pedro Alfonso es la única que reúne los avales necesarios para optar al cargo
Lo cierto es que la empresaria llega a la asamblea general de la CEOE-Tenerife –se celebrará a partir del mediodía en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias– sin los avales suficientes para optar al cargo. Pedro Alfonso, hasta ahora secretario general de la patronal provincial, cuenta con más de un centenar de avales, mientras que González Cuenca ha conseguido alrededor de una treintena, un número insuficiente para disputarle a Alfonso la presidencia. De hecho, una de esas presuntas irregularidades denunciadas por la candidata es que desde los órganos directivos de la CEOE-Tenerife se enviaron escritos a miembros de la asamblea en los que se pedía el aval para Alfonso como único candidato a la presidencia. «Cuando hasta 15 días antes de la asamblea se pueden presentar candidaturas», argumentan. Además, aseguran que en el orden del día de la junta extraordinaria que se convocó para el 21 de febrero, junta en que debía convocarse, a su vez, la asamblea general electoral, no estaba previsto el anuncio de la candidatura de Alfonso. El propio Jorge Marichal lamentaba ayer, en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press, que Alfonso no hubiera dimitido de la secretaría general y que, por tanto, adoptara un doble papel de «juez y parte». Cabe recordar que, en su día, Marichal no informó a la CEOE de su condena por un delito contra la Hacienda pública pese a que así lo establece el código ético y de buen gobierno de la gran patronal del país. Es más, el afectado debe informar y poner su cargo a disposición desde el momento de la apertura del proceso judicial en su contra, algo que Marichal no hizo, lo que no impidió que los hoteleros sí lo mantuvieran al frente de Ashotel y de la patronal nacional Cehat y que este conservara así su cuota de representación.
Victoria González Cuenca denuncia irregularidades y pide la adopción de medidas cautelares
La candidatura de Alfonso tampoco es ajena a las denuncias durante el proceso, con empresas que respaldan al hasta ahora secretario general y que han recibido supuestas coacciones y amenazas de no renovarles contratos o de retirarles la concesión de determinados servicios por su apoyo al candidato oficialista, tal como consideran a Alfonso desde las patronales sectoriales en su contra. Una de las circunstancias más sorprendentes que jalonan el proceso electoral en la CEOE tinerfeña es el hecho de que la empresa a la que Alfonso representaba en la patronal se dio de baja de la organización cuando el proceso ya estaba en marcha. Esto supondría que el candidato no podría serlo porque perdería su condición de representante de un miembro de pleno derecho. Al margen de que Alfonso, tal como han explicado desde la patronal, cuenta con el aval de otra firma, llama la atención que la empresa se diera de baja de la CEOE justo en medio del proceso electoral. Lo hizo el 30 de marzo, más de un mes después de hacerse pública la candidatura de Alfonso a relevar a José Carlos Francisco. Esta circunstancia fue la razón por la que González Cuenca, en un comunicado público, insistió en las irregularidades denunciadas y en su exigencia de un proceso «justo, transparente y en igualdad de condiciones». La candidata ha trasladado ya su denuncia de irregularidades a la Justicia, donde ha pedido la adopción de medidas cautelares. Todo parece indicar, sin embargo, que no habrá pronunciamiento hasta después de la asamblea general, si bien su valedor Marichal dijo ayer que llegarán hasta el final.
