El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha ratificado que la inflación anual en marzo se elevó hasta el 9,8%, tras un ascenso del 3% con respecto a febrero. Se trata del nivel más elevado desde mayo de 1985. Según los datos, el componente de vivienda, por el precio de la luz, es el que más ha subido, con una variación anual del 33,1%. A este le sigue el transporte, por el alza de las gasolinas y el gasóleo, con un 18,6% y los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 6,8%. A nivel mensual, las subidas más pronunciadas fueron las de los combustibles líquidos, con un 29,8% y las de la electricidad, con el 28,5%. Destacan entre los alimentos los aceites, con un aumento mensual del 4,4% y los huevos, con el 4,3%.

La escalada experimentada por los precios está estrechamente vinculada a los costes de la energía que se han trasladado al conjunto de la economía, como revela la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos no elaborados, situada en el 3,4%, la más alta desde septiembre de 2008. Esta evolución ha empeorado como consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha llevado al Gobierno a poner en marcha un plan de choque que deberá convalidarse a finales de mes en el Congreso.

El despegue del índice de precios de consumo, que ha llevado al tasa interanual a los niveles de hace casi 40 años, no hace más rebajar el poder adquisitivo de los salarios, pero también del ahorro y provoca subidas de los alquileres. Por ello, de hecho, el Gobierno ha limitado al 2% el aumento de las rentas hasta el próximo 30 de junio.

Aunque el alza estuvo inicialmente vinculada a los precios energéticos, el empuje del IPC se ha trasladado al conjunto de la economía. En especial, a productos básicos como los alimentos. En este contexto el Ejecutivo ha apostado por impulsar un pacto de rentas que sirva para moderar los márgenes y, por tanto, los beneficios empresariales, así como los aumento de los salarios. Pero estas negociaciones entre los empresarios y los sindicatos no van por ahora por buen camino.

Una muestra de la escalada de los precios es que el incremento mensual, es decir, de marzo a febrero, ha sido el mayor en 45 años. Entidades como Funcas han calculado que, como consecuencia de esta evolución, las familias se empobrecerán en unos 16.700 millones. Además, cuanto más se consolide un nivel elevado del IPC más tendrá que ser la paga que reciban los pensionistas con respecto a la inflación prevista, ya que el aumento para este año parte del 2,5%, pero deberá ajustarse con la media del ejercicio.

Según las últimas estimaciones del Banco de España, la inflación media este año será del 7,5%, lo que, de ser así, supondrá un sobrecoste de 13.500 millones en las pensiones. La Autoridad fiscal (Airef) la sitúa en un 6,2%, según sus últimos cálculos.

La situación llevó al Banco Central Europeo (BCE) a anunciar la finalización de su programa de compra de activos, con lo que abría la puerta a futuras subidas de los tipos de interés. No obstante la evolución económica le ha hecho ser más prudente y en la reunión de su consejo de gobierno este jueves se verá si da nuevas señales respecto al futuro del precio del dinero. En EEUU, la Reserva Federal ya aprobó la primera subida desde 2018.