La pasada semana el Consejo de Ministros dio luz verde a una oferta pública de empleo (OPE) que contempla 44.787 plazas, sumadas las previstas para la Administración General del Estado, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La distribución por territorios se irán conociendo conforme se hagan públicas las convocatorias. Es el momento preciso, por tanto, para conocer las carencias que presenta el Archipiélago, donde los sindicatos echan en falta alrededor de 4.000 trabajadores públicos estatales.
Para empezar, solo el 47% de la convocatoria (21.087 plazas) se destinará a incrementar el número de efectivos en todo el territorio español. Las restantes se destinarán a la promoción interna (11.033) y a la estabilización de interinos (10.636), y avanzar así en el cumplimiento del compromiso adquirido con Bruselas para reducir la excesiva temporalidad que presenta el mercado laboral.
La coordinadora en Canarias del sector de administración del Estado de CCOO, Laura Rodríguez, pone por delante que las necesidades de «personal son grandes en todos» los departamentos y apunta que durante los últimos diez años los efectivos se han reducido un 23%. Según los cálculos del departamento que dirige, a la Administración General del Estado le faltan 2.400 empleados.
Su homólogo en UGT-Canarias, Antonio Terrones, ha trabajado durante los últimos años en el detalle de las carencias de personal. Uno de los factores que determinan la menor dotación real –«una cosa es la relación de puestos de trabajo y otra, su cobertura»– de las plantillas en las Islas «es la distancia, que desincentiva la llegada de empleados públicos».
"La distancia desincentiva la llegada de empleados públicos"
A él se une la discontinuidad del territorio. Mientras a un toledano le resulta factible trabajar en Madrid, para un tinerfeño no lo es hacerlo en San Sebastián de La Gomera, por ejemplo. Esta y otras cuestiones motivaron una proposición no de ley aprobada hace ahora un año en el Parlamento de Canarias para instar al Estado a cubrir las plazas vacantes en el instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las Islas.
El déficit comparativo con el resto del país se cifró entonces en el 30%. Terrones sostiene que, al menos en parte, este gap se acortaría si la OPE «se vincula al territorio de algún modo». De lo contrario, por ejemplo, una zamorana que apruebe la oposición y obtenga plaza en Las Palmas de Gran Canaria, a menos que tenga previsto un cambio de aires, pasará en las Islas solo el tiempo necesario para tramitar y conseguir el traslado a la Península. «Esa plaza se queda vacía desde entonces», detalla Antonio Terrones.
Esta semana, representantes de UGT y de CCOO, mantuvieron una reunión con el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera. El planteamiento en el encuentro fue el de hacer llegar a Madrid la necesidad de que la OPE aprobada la semana pasada reserve «un número importante de vacantes» para las Islas y así «ir reduciendo paulatinamente el diferencial».
El trabajo desarrollado por Terrones y sus compañeros de UGT baja al detalle y de él se derivan datos llamativos como los 49,38 trabajadores por cada 100.000 habitantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que hay en el Archipiélago, frente a los 73,32 de media estatal. Hacen falta 520 funcionarios «para cerrar la brecha», señala el responsable del Departamento General del Estado de FSP-UGT.
Él mismo subraya que el cálculo no es del todo justo, ya que no pondera variables como el pequeño tamaño de la población de Ceuta y Melilla, que hace crecer la media como también la elevada presencia de funcionarios en Madrid por el elevado grado de centralismo que aún presenta la Administración estatal. No obstante, «el número es suficientemente llamativo», añade Terrones.
En el Ministerio de Trabajo, del que dependen organismos críticos como el Servicio Estatal Público de empleo (SEPE), la media de empleados por cada 100.000 canarios se sitúa en 28,35, frente a los 34,57 del conjunto del país. En este caso, con un relación de puestos de trabajo de 616 trabajadores, se necesitan 135 funcionarios para equilibrar la balanza.
En la Policía Nacional demandan 600 agentes; en la Guardia Civil, un millar
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán 4.992 plazas, con 4.342 de ingreso libre 650, de promoción interna. Marcos Santiago, que en unos días será máximo responsable del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias calcula entre 500 y 600 los efectivos necesarios «para cubrir medianamente las necesidades» que existen hoy.
Según explica Santiago, los puestos actuales están cubiertos prácticamente al 98%. El problema llega, a su juicio, porque no se contextualizan con la realidad las actualizaciones del catálogo de plazas. «Este año hay nueve para Las Palmas y otras tantas para Santa Cruz de Tenerife»– no tienen en cuenta cuestiones tan relevantes como «la custodia de los migrantes que llegan de forma irregular, el paso de miles de turistas británicos por los puestos de control fronterizo de los aeropuertos canarios tras el brexit o, simplemente, el incremento de la población».
«En cuadro» consideran que está la Benemérita desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Ponen como «solo un ejemplo» que lo demuestra los «cinco agentes más» que hay ahora en el Puerto de La Luz y de Las Palmas en comparación con 1989, «con todo lo que se ha ampliado el recinto y han evolucionado los servicios» que se prestan.
