Luz verde a la "excepción ibérica" negociada por España y Portugal para establecer un tope al precio del gas que permita rebajar la factura de la electricidad. Tras más de dos meses de negociaciones, y tres semanas después de la aprobación en el consejo de ministros, el Ejecutivo comunitario ha aprobado este miércoles la medida que permitirá al Gobierno de Pedro Sánchez fijar un límite medio de 48,8 euros por megavatio hora (MWh) durante casi un año. Según ha anunciado Bruselas en un comunicado, el coste total de la subvención será de 8.400 millones de euros: 6.300 millones para España y 2.100 millones para Portugal. 

El plazo de aplicación de la medida será de casi un año, hasta el 31 de mayo de 2023. Las ayudas se abonarán en forma de subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte del coste del combustible que utilizan. El pago diario se calculará como la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un límite máximo del precio del gas fijado en una media de 48,8 euros MWh durante el período de vigencia de la medida.

En concreto, durante los seis primeros meses de aplicación de la medida, el límite de precio efectivo se fijará en 40 euro/MWh. A partir del séptimo mes, este límite se incrementará mensualmente en 5 euros, lo que dará lugar a un límite de precio de 70 euros/MWh en el duodécimo mes. La subvención, según ha explicado el Ejecutivo comunitario, se financiará a través de las llamadas “rentas de congestión”, que obtiene el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España, así como con una cuota impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista caerá de forma importante hasta los 130 euros por megavatio-hora, muy por debajo de los 200 euros por megavatio-hora en los que se ha instalado en los últimos meses con una rebaja en la factura de los consumidores que el Ejecutivo español ha estimado entre un 15% y un 20%.

Margen para reformas

“La medida temporal que hemos aprobado permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores, que se han visto gravemente afectados por el aumento de los precios de la electricidad como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia”, ha explicado la vicepresidenta Margrethe Vestager, quien ha destacado que la medida preservará la integridad del mercado único y dará “cierto margen de tiempo” a Lisboa y Madrid para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo lo que, en última instancia, mitigará todavía más "los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales".

Según el análisis de la Comisión, el plan está en consonancia tanto con la comunicación de finales de marzo sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo en el que Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, lograron arrancar la llamada "excepción ibérica" dado el escaso nivel de interconexiones con el resto del continente europeo y la elevada cuota de renovables.

Adecuada, necesaria y proporcionada

El Ejecutivo comunitario ha evaluado la medida de acuerdo con las normas sobre ayudas de estado de la UE, que permiten a los Estados miembros conceder ayudas a empresas o sectores específicos para poner remedio a una grave perturbación en la economía. En el caso del plan ibérico, la conclusión es que la medida se ajusta a las normas de ayudas de estado debido "a las circunstancias particulares del mercado mayorista ibérico de la electricidad". En concreto, la limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de los precios de la electricidad que han provocado una perturbación especialmente grave de las economías española y portuguesa.

Por todo ello, Bruselas concluye que la medida es "adecuada, necesaria y proporcionada" y "reducirá los precios mayoristas de la electricidad en favor de los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales en forma contraria al interés común". Los servicios de la competencia también consideran que el plan no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica, que tiene carácter temporal porque solo se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023, que reduce al mínimo el falseamiento de la competencia y evita posibles efectos negativos en el funcionamiento de los mercados de la electricidad al contado y a plazo. Además, no llevará a restricciones transfronterizas al comercio ni a discriminación entre consumidores ibéricos y no ibéricos.