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La economía canaria arrastra 41.000 empresas ‘zombis’ tras la pandemia

Las sociedades incapaces de afrontar sus deudas aumentan un 35% en un año v El fin de la moratoria concursal provocará una avalancha de procedimientos

Dos trabajadores en una obra del Archipiélago.

La economía canaria arrastra tras dos años de pandemia un total de 41.168 empresas zombis. Se trata de sociedades que o bien son incapaces de hacer frente a sus deudas con los ingresos que genera su actividad –por lo que recurren a la continúa refinanciación para seguir vivas– o se mantienen totalmente inactivas, convirtiéndose en auténticas empresas fantasma. Su supervivencia resta recursos a aquellos negocios que sí son viables y mantiene pendientes de un hilo a sus empleados, proveedores, clientes y acreedores. Pero ahora, el fin de la moratoria concursal el 30 de junio, uno de los mecanismos que les ha insuflado oxígeno desde el estallido de la crisis, complicará que muchas puedan seguir operando. 

En toda España, según estima Informa D&B, existen casi 1,3 millones de empresas zombis por su inactividad o por su deficiente estado financiero. De esta manera, el estudio diferencia entre dos categorías. La primera es la que tradicionalmente se ha denominado empresas zombis, es decir, aquellas con más de una década de existencia que no pueden cubrir sus gastos financieros durante tres años consecutivos. En el caso de Canarias, son 1.801 las sociedades que se encuentran en esta situación, un número que se ha incrementado un 35% respecto al año pasado.

«Son empresas que están muertas y no lo saben, no son viables, pero por alguna razón siguen facturando», explica el economista Juan José Hernández. Con su supervivencia rapiñan recursos a aquellas que sí están más afianzadas, tal y como ocurrió con el reparto de las ayudas directas que se entregaron el año pasado para que el tejido empresarial pudiera hacer frente a las pérdidas derivadas de la crisis del coronavirus. Unas subvenciones que no tuvieron en cuenta la viabilidad de los negocios receptores. 

Los mecanismos de flexibilización por el covid han ayudado a que muchas sobrevivan

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El otro tipo de empresas zombis que registra el estudio elaborado por Informa D&B es el que hace referencia a aquellas sociedades inscritas en el Registro Mercantil, que no desarrollan actividad comercial y que además no publican sus cuentas. En el Archipiélago, existen 39.367 en esta situación, que suponen una reducción del 13% respecto al año anterior. El motivo, según Hernández, debe buscarse en que el Ministerio de Hacienda ha endurecido las sanciones para las compañías que no presenten sus resultados anuales. «Por eso, se están liquidando empresas zombis que había hasta ahora en la recámara», apunta. 

Entre una y otra tipología, la economía canaria mantiene a más de 41.000 de estas sociedades, lo que supone que una de cada cuatro empresas del Archipiélago está incluida en alguna de estas categorías y puede ser considerada un negocio zombi. 

Unas y otras se han servido de las medidas de política económica lanzadas para contrarrestar los efectos de la pandemia, como la facilidad del crédito, la laxitud de las condiciones financieras o la moratoria concursal, para sobrevivir en un estado de vulnerabilidad y con un modelo de negocio que no es viable. «Le hemos puesto una sonda a las empresas con dificultades, ahora hay que quitar esa asistencia y hay muchas que no van a despertar», señala.

Uno de los mecanismos más importantes que ha permitido mantener las constantes vitales de las empresas zombis ha sido la moratoria concursal, una medida que a no ser que se produzca una nueva prórroga decaerá a final de mes. ¿En qué ha consistido? La moratoria dispensaba del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores a aquellas empresas que se encontrasen en situación de insolvencia e impedía la admisión a trámite de las solicitudes de concurso instadas por terceros. «Con ella se pretendía que la situación de insolvencia no arrastrase a la disolución o liquidación a personas físicas o jurídicas por causa de esta crisis», sostiene Jorge Hodgson, fundador y socio director del despacho JH Asesores Financieros & Bancarios. 

Sin embargo, su extinción este 30 de junio volverá a hacer obligatoria la presentación del concurso, una situación que hace prever una avalancha de procedimientos que puede colapsar los juzgados mercantiles del Archipiélago. «El próximo fin de la moratoria va a tener importantes consecuencias en forma de un tsunami de concursos de acreedores de aquellas empresas que no han llegado a superar las causas de insolvencia», apunta Hodgson, lo que puede atascar los juzgados ante la falta de recursos para atender todos los procesos, ya que «las sociedades tendrán un plazo de dos meses para iniciarlos». 

Casi el 90% de este tipo de sociedades en todo el país son pymes o micropymes

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La intención del Gobierno de Pedro Sánchez era aprobar la reforma de la Ley Concursal, a través de la que se pretende desjudicializar este tipo de procedimientos, antes de la suspensión de la moratoria. Pero a falta de diez días para que expire el plazo y aunque la intención del Ejecutivo es llevarla al pleno de este mes, lo cierto es que difícilmente podrán coincidir. 

Sin embargo, Hodgson puntualiza que no todas las empresas consideradas zombis van a tener la obligación de presentar un concurso de acreedores, por lo que una parte de ellas podrán seguir manteniéndose. Uno de los principales riesgos de la supervivencia de estas sociedades, asume, es el aumento de la morosidad, sobre todo en el sector de las pymes, que son casi el 90% de este tipo de empresas en todo el país, en su mayoría del sector de la construcción e inmobiliario. 

Pero es que las condiciones que han llevado a muchas de ellas a esa situación no se han acabado tras pasar lo peor de la pandemia. Ahora las consecuencias de la guerra de Ucrania, con el aumento de los costes generado por la inflación, continúa siendo una espada de Damocles para el tejido empresarial del Archipiélago.

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