La regulación de las habitaciones de alquiler turístico en domicilios de particulares --la figura llamada hogares compartidos-- lleva apenas un par de años de recorrido pero el debate sigue abierto. La Associació d’Veïns i Anfitrions (ViA) recurrió a la vía judicial para mostrar su disconformidad y acaba de lograr un fallo favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido anular un capítulo del decreto 75/2020 de Turisme de Catalunya por defectos de forma en su tramitación. Fuentes del Govern han replicado que la sentencia no es firme y la recurrirán en los próximos días, de manera que no afecta de momento a la validez de la normativa. La misma idea ha destacado el ayuntamiento, aunque la asociación contratacará pidiendo la ejecución provisional con la idea de poder alojar a viajeros este verano.
La Generalitat incorporó esta figura en la ley de turismo, después de años en un limbo de alegalidad. Por hogar compartido se entiende el alquiler de habitaciones en viviendas particulares por corta estancia, que el Ayuntamiento de Barcelona --desde el flanco de los 'comuns'-- rechazaba de plano. Finalmente, se decidió limitarla en la ciudad a operadores que antes tuvieran una licencia de piso turístico y optasen por renunciar a aquella actividad para pasarse al alquiler de habitaciones. Algo que en la práctica supone casi la prohibición, porque ni interesa al sector ni ha permitido que los anfitriones 'caseros' que alquilaban cuartos en sus casas hayan podido seguir haciéndolo.
El consistorio tomó esta decisión considerando que sería muy difícil controlarla y evitar la ilegalidad, pero con la idea de desarrollar más la cuestión en una ordenanza. Los socios de gobierno socialistas sí están por la labor de reconocerla en un marco doméstico.
ViA había denunciado que "las continuas modificaciones sustanciales realizadas en el proyecto de Decreto 75/2020 desde el año 2017 en adelante, deberían haber sido puestas a consideración en audiencia pública para su discusión, antes de su aprobación en 2020, cosa que no sucedió", explica su abogado, Dylan Tarín. El letrado cree que el Tribunal ha apreciado que las modificaciones introducidas tras las conversaciones del Departament de Turisme de la Generalitat y el ayuntamiento eran lo bastante importantes como para repetir ese proceso previo.
Fuentes de Turisme explican a este diario que en los próximos días presentarán un recurso, y que al tratarse de una sentencia que no es firme no afecta a la regulación vigente. Sostienen también que es una cuestión formal --acaso subsanable-- y no afecta al reconocimiento de la actividad y las normas que cada municipio haya adoptado.
Batalla judicial
Desde el consistorio barcelonés han subrayado que el fallo "no es firme, y ahora el ayuntamiento lo está estudiando, a la espera que la Generalitat proceda al respecto". Añaden que las competencia municipales en la regulación de esta materia se sustentan la ley 13/2002 de Turisme de Catalunya que determina que los ayuntamientos tienen la potestad de elaborar instrumentos de planeamiento y "pueden elaborar normativas para regular las actividades de alojamiento turístico en viviendas de uso turístico y los hogares compartidos y establecer requisitos particulares para ejercer estas actividades de acuerdo con la legislación vigente". En ese contexto vieron la luz las reglas del juego Barcelona, en la reciente actualización del Plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT).
ViA sigue defendiendo que alquilar habitaciones en los hogares de particulares servía a muchos barceloneses para llegar a final de mes. Fue muy crítico con que la actividad perdiese su carácter particular, en pos de la profesionalización. Y más aún con que el ayuntamiento prime "la modalidad de las viviendas turísticas, que son los que se encuentran en manos de grandes tenedores" y, a su juicio, crean los verdaderos problemas de convivencia y extraen del mercado residencial más de 9000 viviendas solamente en Barcelona”.
Tarín destaca que ViA pedirá la ejecución provisional de la sentencia, pero se pone a disposición de la Conselleria d'Empresa i Treball y de la Direcció General de Turisme para colaborar en "un nuevo capítulo del citado decreto que garantice la participación ciudadana, legalidad y la seguridad jurídica de la actividad". Consideran que en caso contrario todas las sanciones que se impongan desde ahora a quienes opten por seguir alojando turistas en sus casas podrán ser revocadas tiempo después (como ha sucedido ya con pisos turísticos sin licencia), si la justicia les da finalmente la razón.
