La juez que investiga presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra ha desestimado la petición de la aerolínea de levantar su imputación y cancelar el interrogatorio que pretende hacer al representante legal de la compañía.

En un comunicado difundido este viernes, Plus Ultra ha anunciado que la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha desestimado el recurso en el que defendía que la imputación se había acordado fuera de plazo y que, por ende, era nula.

Desde la compañía han asegurado que llevarán la decisión de la juez Esperanza Collazos ante la Audiencia Provincial de Madrid para que sea este órgano judicial quien se pronuncie sobre si es pertinente o no mantener a la aerolínea en calidad de investigada.

La declaración del representante legal de Plus Ultra estaba prevista para el pasado 15 de junio, pero la magistrada instructora suspendió la cita para estudiar si atendía o no a la petición de la aerolínea de anular su imputación. Collazos explicó entonces que no le había dado tiempo de adoptar una decisión, dado que el plazo que dio a la Fiscalía, las acusaciones y las defensas para pronunciarse sobre la solicitud de la compañía vencía el mismo día del interrogatorio.

Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía y la Abogacía comunicaron a la juez que coincidían con el argumento de Plus Ultra: la imputación de la aerolínea no es válida porque se acordó fuera de plazo, dado que la causa venció el pasado 8 de abril al cumplirse un año desde que se abrió la investigación. Manos Limpias, PP y Vox instan a seguir adelante con el interrogatorio al representante legal de la compañía.

Las imputaciones son "inválidas"

La empresa pidió a la magistrada que retirara su imputación al considerar que la decisión se adoptó fuera del plazo de instrucción. "Todas las diligencias acordadas con posterioridad al 8 de abril de 2022 son nulas e inválidas", defendió la compañía en su recurso. La compañía aprovechó, además, para pedir el archivo del procedimiento, como ha solicitado en ocasiones anteriores.

La titular del Juzgado llegó a citar a la aerolínea tras el careo del pasado 29 de marzo entre los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ambos equipos presentaron sus conclusiones sobre la situación patrimonial de la empresa y los requisitos necesarios para optar a la subvención.

Durante el careo, los peritos independientes cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los de Deloitte y DC Advisor defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, los dos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse a raíz de un fallo técnico.

Tras aquella comparecencia de los peritos, la Abogacía del Estado remitió escrito al Juzgado para pedir -nuevamente-- el archivo del procedimiento al considerar que de la diligencia "viene a confirmar" lo reiteradamente señalado: que las discrepancias existentes sobre la situación financiera de la aerolínea son de carácter "estrictamente técnico".