El Consejo de Gobierno foral ha acordado este martes dejar sin efecto las primas por jubilación anticipada que hasta ahora percibían los funcionarios de la Diputación, tal y como establece una sentencia del Tribunal Supremo. “Este tribunal ha puesto de manifiesto con insistencia la falta de cobertura legal y justificación de las primas de jubilación de las administraciones locales. Es decir, ha sentenciado que son ilegales y, por lo tanto, estamos cumpliendo con este mandato de los tribunales”, ha señalado la portavoz foral, Eider Mendoza, que se ha mostrado comprensiva con el enfado que la situación ha generado en la plantilla. “No podemos hacer otra cosa. Estamos obligados a acatar la sentencia porque de no hacerlo, incurriríamos en prevaricación”, ha reiterado Mendoza.

Protesta de los funcionarios de la Diputación por la eliminación de las primas por jubilación anticipada. Arnaitz Rubio

Según ha explicado Mendoza. hasta el momento, el personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa que cumplía con los requisitos establecidos en el régimen de previsión social para acceder a la jubilación anticipada voluntaria tenía derecho a una prima. Esta prima era equivalente a un número de pagas mensuales determinado en función del número de trimestres que restasen hasta alcanzar la edad legal de jubilación, con un máximo de 40.000 euros.

Sin embargo, la Sentencia 459/2018, de 20 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estableció el criterio de que las primas de jubilación no son medidas de apoyo adoptadas en el ámbito de la obra social, sino retribuciones distintas a las previstas por la legislación básica estatal para las personas funcionarias de las entidades locales. Por tanto, según la sentencia, modifican el régimen retributivo del personal funcionario de las entidades locales, careciendo de cobertura legal y justificación. Este criterio se ha repetido en la Sentencia del Tribunal Supremo 347/2019, de 14 de marzo; en la Sentencia 1183/2021, de 29 de septiembre; en la Sentencia 344/2022, de 16 de marzo; y en la Sentencia 421/2022, de 5 de abril.

“Somos conscientes del impacto que genera en los empleados de la casa, que genera malestar, pero tenemos que ser honestos y francos. No podíamos hacer otra cosa. Empatizamos con su malestar pero no teníamos otra opción”, ha insistido. 

Concentración

Minutos antes de que comenzara el Consejo de Gobierno, alrededor de 300 funcionarios de la Diputación, a los que se ha sumado también personal público del Ayuntamiento de Donostia, han mostrado su malestar a las puertas del Palacio foral. Al contrario que la pasada semana, cuando los funcionarios tomaron la planta noble del edificio de Hacienda, en el barrio donostiarra de Errotaburu, esta vez la protesta se ha llevado a cabo sin incidentes.

 El comité argumenta que la decisión se ha tomado de una forma “acelerada” y lamenta que la Diputación no les haya presentado un informe jurídico que la fundamente. Aboga por establecer negociaciones en los foros sectoriales dado que esta cuestión afecta a todas las administraciones. “Hay opciones para una respuesta conjunta y para realizar modificaciones”, apuntan fuentes del comité.

Por este motivo, han decidido mantener las movilizaciones que desarrollarán todos los martes, cuando se reúne el Consejo de Gobierno foral, para instar a la Diputación a que atienda a sus reivindicaciones y se replantee esta retirada de las primas de jubilación anticipada que, insisten, están recogidas en el artículo 22 de la Ley de la Función Pública Vasca.