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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Ocho de cada diez asalariados canarios resisten la crisis con la nómina congelada

La patronal isleña no rechaza ni subidas de sueldos ni pacto de rentas pero pide mesura

Ocho de cada diez asalariados canarios resisten la crisis con la nómina congelada | Andrés Cruz

Los sindicatos se manifestaron ayer a las puertas de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) y de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), como hicieron en el resto de España frente a las distintas sedes de la patronal, para demandar subidas salariales acordes con el extraordinario incremento del coste de vida. CCOO y UGT incluso avisaron que tras el verano habrá un incremento de la conflictividad social si la gran patronal del país, la CEOE –de la que forman parte tanto su filial tinerfeña como la CCE, que es su pata en la provincia de Las Palmas–, no se pliega a sus demandas. De su parte está el hecho de que ocho de cada diez asalariados isleños resisten la doble crisis de la covid y de la inflación con la nómina congelada; pero en su contra juega la exigencia de cláusulas de garantía salarial vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC), lo que en estos momentos supondría subidas de sueldos de dos dígitos sin que la productividad haya aumentado, lo que conduciría a una espiral de precios-salarios. Conduciría, en definitiva, a los temidos efectos de segunda ronda o segunda vuelta, los mismos que el Gobierno de Pedro Sánchez quería evitar con su ansiado y frustrado pacto de rentas.

En Canarias hay unos 785.000 asalariados. De todos ellos, un total de 162.516 ha disfrutado de subidas de sueldo en virtud de la aprobación o renovación de los convenios colectivos de su empresa o sector en el último año y medio, según los últimos datos oficiales. Es decir, que alrededor de un 20% ha visto revalorizarse su nómina, si bien hay que puntualizar que en todos los casos muy por debajo de lo que han subido los precios. Los 124.865 que se beneficiaron de aumentos salariales a lo largo de 2021 pasaron a cobrar un 2,1% más, cuando el IPC cerró el año en Canarias en el 5,8%. Los restantes 37.651 son aquellos cuyas nóminas se han incrementado en 2022, en concreto una media de un 3,3%, un porcentaje considerable que, sin embargo, palidece ante una inflación que ha llevado al IPC al 7,3%. Con todo, ese 20% de asalariados puede darse con un canto en los dientes, ya que al menos cuenta con algo de dinero extra para paliar el histórico encarecimiento de la vida. El restante 80%, en cambio, sobrevive con el mismo sueldo.

Pedro Ortega: «Hacer subidas más allá de lo debido no suena razonable para nadie»

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La petición de los sindicatos resulta así lógica, al menos hasta cierto punto. El problema, y el punto de conflicto con la patronal, reside en que exigen una revalorización de las nóminas que permita el mantenimiento del poder adquisitivo. Dicho de otro modo: exigen cláusulas de revisión salarial, que en lo formal no es más que un apéndice en los convenios colectivos en el que se aclara que si el IPC en un determinado período de referencia supera la subida de sueldo acordada en el mismo convenio, entonces la revalorización se hará en función del IPC. Así que si la empresa y los trabajadores pactan una subida del 3%, por ejemplo, pero la inflación en el período de referencia llega al 5%, será este último porcentaje el que marque el incremento de las nóminas. Es esto último lo que la CEOE rechaza de plano.

Tanto el presidente de la gran patronal nacional, Antonio Garamendi, como sus homólogos de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, y de la CCE, Pedro Ortega, insistieron ayer en que no se oponen a subir los sueldos, sino a subirlos en la medida en que lo haga el IPC. El mensaje de los empresarios es sí a la revalorización de los salarios, pero no «más allá de lo debido», puntualizó Ortega. ¿Qué significa «más de lo debido»? Pues hasta ese punto en el que los efectos de segunda ronda –alza de los precios, alza de los sueldos para contrarrestar el alza de los precios, alza de los precios por un consumo promovido por el alza de los sueldos..., y así sucesivamente en uno de los círculos viciosos más peligrosos para la economía de un país– hagan su aparición y compliquen aún más el panorama. De hecho, siquiera de forma indirecta, la patronal tiene de su lado al Gobierno central, que para evitar tiras y aflojas entre empresarios y trabajadores viene insistiendo en la necesidad de un pacto de rentas que reparta la carga de la inflación entre unos y otros.

Pedro Alfonso ‘recomienda’ al Ejecutivo recortar gasto «superfluo» y bajar el IGIC

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Un pacto de rentas que consiste en moderar las subidas salariales y moderar también, y en igual medida, los beneficios empresariales. Se trata de no echar más leña al fuego de la inflación. Las dificultades, no obstante, son grandes. Primero porque los sindicatos niegan la mayor, es decir, niegan que las empresas estén en problemas –«no es verdad que las empresas no estén en una buena situación para afrontar aumentos de salarios», aseguró ayer Unai Sordo, líder de UGT–, y segundo porque la patronal quiere que el pacto incluya también las rentas de los pensionistas y de los funcionarios, algo que el Gobierno, con las elecciones cada vez más cerca, no ve con tan buenos ojos. «Nunca nos hemos negado al pacto de rentas, pero este debe incluir a los pensionistas y a los empleados públicos», explicó Pedro Alfonso.

El presidente de la CEOE-Tenerife, ya al margen de los salarios, apuntó también que el Gobierno de Canarias tiene margen de sobra para bajar el IGIC. De alguna manera, Alfonso respondía así al vicepresidente Román Rodríguez, que justifica el récord histórico de recaudación en lo que va de 2022 con el incremento del gasto público por la pandemia y la inflación. Pero el empresario no habló de este gasto, sino del «superfluo» –duplicidades administrativas, cargos ineficientes, departamentos sobredotados...–, ese gasto en el que, a su juicio, hay margen de sobra para compensar lo que se perdería en los ingresos por una rebaja del IGIC.

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