La sombra del rescate a la banca, iniciado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y culminado por el de Mariano Rajoy con la petición de auxilio a los socios europeos, vuelve a cernirse sobre el sector financiero. El Gobierno ha echado mano de las ayudas públicas del periodo 2009-2012 para justificar el impuesto "excepcional y temporal" que ha anunciado Pedro Sánchez para las entidades de crédito para este año y el próximo por el aumento de ingresos que están obteniendo gracias a la subida de los tipos de interés. Según ha adelantado el presidente, el tributo permitirá recaudar unos 1.500 millones de euros en cada uno de los dos ejercicios. 

"Todos somos conscientes de que este país, en un momento muy complicado y de la mano de los Gobiernos conservadores, acudió al rescate de la banca. Y siempre dijimos, entonces desde la oposición y ahora desde el Gobierno, que era imprescindible rescatar al conjunto de la ciudadanía. Son estas empresas las que están obteniendo mayores beneficios, están abultando su cuenta de resultados, y por tanto parece de justicia que se les pida un impuesto añadido, temporal, para los ejercicios 2022 y 2023", ha justificado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en referencia también a las compañías energéticas.

En la misma línea, Sánchez ha afirmado que "se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen de los bolsillos de los consumidores que pagan los recibos y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos". El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que va a subir tipos de forma sostenida por primera vez desde el periodo 2005-2008 para combatir la espiral inflacionista. Ello ha provocado que el euribor haya subido ya desde el -0,5% en diciembre hasta rondar el 1%, lo que está encareciendo las cuotas hipotecarias y elevando los ingresos de las entidades, pero todavía no se ha reflejado en una alza del tipo de los depósitos.

Nuevo impuesto

Sánchez ya se llegó a plantear un impuesto a la banca, que había defendido en la oposición, tras llegar al poder el 2018, si bien terminó por descartarlo. Ahora, según ha precisado Montero, se trata efectivamente de crear un tributo nuevo, no de un recargo en el impuesto de sociedades que grava los beneficios que obtienen las empresas. El Gobierno no ha especificado, con todo, cuál será el hecho imponible, es decir, aquel que genera la obligación de pagar un impuesto. La normativa prohíbe que dos impuestos pueden hacer tributar por el mismo hecho imponible, con lo que está por ver qué gravará exactamente el impuesto a los bancos.  

La ministra ha anunciado que el impuesto se instrumentará a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, ya que ello garantiza una tramitación parlamentaria más rápida para que entre en vigor el año que viene sobre los resultados de todo 2022. Montero también ha asegurado que los nuevos tributos -el de las entidades de créditos y las energéticas- serán para empresas que "están teniendo beneficios por encima de los 1.000 millones de euros", si bien fuentes de su departamento han precisado posteriormente que serán más de 1.000 millones de facturación, lo que afecta a muchos más bancos. Las entidades, de hecho, están cayendo a plomo en bolsa por el anuncio de Sánchez.

Previsiones de recaudación

Habrá que ver si las previsiones recaudatorias del Gobierno se cumplen. El Ejecutivo, así, preveía obtener 850 millones de euros con la tasa a las transacciones financieras o Tobin el año pasado, pero se quedó en 296 millones, apenas un 34,8% de lo esperado. En cuanto al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o 'tasa Google', aportó 166 millones a las arcas públicas, frente a los 1.200 calculados inicialmente y los 968 millones previstos con posterioridad. Jesús Gascón, entonces director de la Agencia Tributaria y hoy secretario de Estado de Hacienda, admitió el pasado octubre los errores de cálculo

Por ponerlo en perspectiva, las entidades de crédito, al igual que las petroleras, tienen un tipo nominal en el impuesto de sociedades del 30% de la base imponible, superior al general del 25%. Con todo, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2019, las 203 entidades operativas en España aquel año pagaron 879 millones de euros, lo que supone un tipo efectivo del 24,77% sobre la base imponible (inferior al tipo nominal por la aplicación de beneficios fiscales y compensaciones de pérdidas pasadas). El conjunto de empresas abonó 23.382 millones, un 21,31% de su base imponible.