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Canarias destina 30 millones al Plan de Empleo Social que llegará a 2.800 personas

La dotación del programa se reduce en cinco millones con respecto al ejercicio anterior

Firma del Plan de Empleo Social entre el Gobierno de Canarias y la Fecam LP /DLP

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) firman el Plan de Empleo Social 2022-2023, que contará con una dotación económica de 30 millones de euros, cinco menos que en el ejercicio anterior. Este presupuesto se compone de 25 millones que provienen del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y otros cinco de los fondos de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que el año pasado aportó diez millones. La presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, apuntó que este programa llegará a 2.800 canarios que se encuentran en situación de desempleo. Se priorizará a las personas con ingresos bajos y en riesgo de exclusión social, con especial atención a colectivos vulnerables como el de mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad, beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y familias cuyos ingresos no superan el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

“Sin inserción laboral no se puede alcanzar la inserción social”, señaló Brito, quien destacó que para lograr este objetivo es necesario fomentar la cogobernanza entre la Comunidad Autónoma, que tiene la competencia en materia de empleo, y los municipios, que son los responsables de ofrecer una primera atención a las familias más vulnerables. Además, hizo hincapié en que esta coordinación es aún más importante en la actualidad, cuando la ciudadanía se está enfrentando a los efectos económicos de una pandemia y de una guerra. “Desde el Estado y desde el Gobierno de Canarias se están habilitando las herramientas necesarias para que no falle el escudo social”, concluyó la presidenta de la Fecam.

Más del 50% de los empleos creados por los ayuntamientos tendrán que ser para mujeres

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El Gobierno autonómico, junto a los municipios y al Servicio Canario de Empleo (SCE), ha acordado unos criterios de reparto para los 30 millones del Plan de Empleo Social basados en la solidaridad. El 20% del importe se reparte a partes iguales entre todas las localidades isleñas y el 80% se distribuye en función de los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal, que tiene en cuenta el número de personas desempleadas en la localidad.

A partir de esta firma, los municipios podrán presentar los proyectos y las obras de interés de utilidad pública para empezar a contratar personal para su desarrollo, previa aprobación del SCE. Este año, entre las novedades del acuerdo, cada ayuntamiento tendrá que contratar al 30% de los beneficiarios del plan antes de final de año. También se tendrá que cumplir un criterio de rotación, para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de población desempleada, con lo que el periodo máximo de contratación será de 12 meses, mientras que antes la limitación era de seis meses.

Compromiso recogido en el REF

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, subrayó que este es un plan de empleo “fundamental”, porque permite dar una respuesta inmediata a quienes acuden a los ayuntamientos a pedir empleo y ayuda social, porque son familias con pocos recursos económicos. “El Plan de Empleo Social es, en muchos casos, el único empleo de la familia y además formamos a personas para que puedan tener continuidad en el empleo”, explicó Torres, quien afirmó que hay que priorizar las políticas sociales para ayudar a las personas más vulnerables.

Este plan de empleo es “un compromiso que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF)”, según señaló el presidente autonómico, pese a que “hubo gobiernos que retiraron los 42 millones para el empleo de las Islas de manera injusta” y añadió que la intención es ir aumentando el importe progresivamente.

Los municipios deben presentar los proyectos y obras de utilidad pública para empezar a contratar

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La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, detalló que los 17 millones restantes del PIEC se destinará a otras líneas de trabajo relacionadas con la formación, la modernización del SCE o la puesta en marcha de proyectos pilotos sectores emergentes. “Este es el programa más importante y el primero que ponemos en marcha siempre, pero quedan todavía medidas que iremos desplegando en los próximos meses”, concluyó Máñez.

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