Canarias es una de las comunidades autónomas donde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda estatal a las personas y familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, está teniendo menos efectividad en algunos de sus objetivos, según un reciente estudio de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) el organismo autónomo de control fiscal y presupuestario. En varias de las variables sobre la efectividad de la prestación, el informe, que evalúa el funcionamiento de la ayuda hasta el 31 de diciembre de 2021, coloca al Archipiélago en la parte baja de la tabla respecto al conjunto de comunidades autónomas, demostrándose así que los mecanismos de aplicación de la misma está fallando más que en gran parte del resto del territorio nacional.
En concreto, Canarias sólo tiene cubierto un 37 % de los hogares que tendría derecho a la paga, frente a la media del 40 %. Es decir, menos de cuatro de cada diez casos con posibilidades de acceder a la prestación la ha percibido. De haberse desarrollado en toda su intensidad esta ayuda, cerca de 50.000 unidades familiares de ls Islas se habrían beneficiado de la misma, pero, según el estudio de la Airef, ese 37 % de implementación supone que menos de 18.000.
Estos datos contratan con los que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que en abril pasado cifraba en 46.440 las personas beneficiarias de la renta en las Islas, de los que 29.803 son adultos y el resto menores, con un total de 22.363 prestaciones. La diferencia estriba en que el Gobierno añade a sus cifras a los beneficiarios del nuevo complemento por hijo, que tiene unos requisitos de renta y patrimonio bastante menos restrictivos qjue el IMV.
El ministro del ramo, José Luis Escrivá, aseguró en una intervención parlamentaria en febrero pasado que se habían tramitado más 100.000 solicitudes de la prestación en Canarias y que, como en el conjunto del territorio nacional, las que no se aprueban es «porque no han cumplido los requisitos, como ocurre con todo tipo de prestaciones», y que la mayoría de ellas es por superar los límites de renta y patrimonio establecido en la ley estatal.
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En este apartado, solo las comunidades de Cataluña (25%), Castilla-La Mancha (31%) y Baleares (32%) están por debajo de la cobertura canaria. Las comunidades de La Rioja (59%), Asturias (58%) y Aragón (57%) son las de mayor implantación del IMV respecto a su potencial de cobertura.
Según el estudio, hasta 400.000 hogares en todo el país cumplen los requisitos para recibir la prestación pero no la han solicitado, un 57 % del total de posible beneficiarios. En este apartado, Canarias se sitúa cerca de esa media, con un 58% de hogares en situación de percibir la ayuda sin que se haya reclamando. Las regiones donde este porcentaje es mayor son Cataluña (69%), Baleares (68), y Galicia (64 %), mientras que en Asturias, Cantabria y Andalucía, con un 52 %, el número de solicitantes potenciales respecto al que realmente la hace es menor.
Gestión compleja
Este fenómeno, conocido como non take-up y común en la práctica internacional por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV.
Del análisis del diseño del IMV se desprende que la prestación, a 31 de diciembre de 2021, ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial, puesto que ha llegado a 284.000 hogares en todo el Estado, el 40% de sus beneficiarios potenciales y ha ejecutado un 56% de su presupuesto. El coste anual fue de 1.600 millones de euros en 2021. Si el IMV llegase a todos los hogares vulnerables, su coste sería de 6.000 millones de euros. Sin embargo, los actuales requisitos de renta, patrimonio o empadronamiento, reducen los potenciales beneficiarios de esta ayuda hasta los 700.000 hogares, con un coste de 2.800 millones.
En este sentido, tomando a los potenciales como referencia, la prestación cubre ya al 40 % de los ciudadanos objetivos. La Airef ha señalado que el Gobierno no ha fijado un objetivo claro. «Se habla de reducir la pobreza, pero no sabemos qué se entiende por pobreza, si se pretende reducir al 60 o al 70% o erradicarla por completo», explicó la presidenta de la institución, Cristina Herrero. En concreto, la Airef señala que el 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%.
¿El IMV ha conseguido reducir la intensidad de la pobreza? Según el informe lo ha hecho en un escaso 32% de su capacidad si se hallara completamente desplegado, con un menor grado de reducción entre los hogares sin menores a cargo. De esta forma, la brecha se ha reducido entre un 17% y un 25% de su potencial en los hogares con adultos sin menores mientras que este intervalo se incrementa a cifras entre el 35% y el 60% en los hogares con menores.
La prestación ha sido más eficaz en reducir la intensidad de la pobreza en unas comunidades autónomas que en otras. En este sentido, Canarias ha reducido en un 26%. Las comunidades donde el IMV ha logrado en mayor medida este objetivo han sido Aragón, que con un 39 % se ha logrado una reducción de la brecha del 39% , seguida por Andalucía, Asturias, Castilla y León y La Rioja, todas ellas con un 38%. En el extremo opuesto se colocan Cataluña, Castilla La Mancha y Baleares, que la reducen la brecha en un 20%, 23% y 24%, respectivamente.
¿Cuál es el coste de la prestación? Teniendo en cuenta que se ha ejecutado el 56% del presupuesto previsto para un año, sería de alrededor de 1.600 millones de euros anuales, aunque este porcentaje varía en función de la comunidad autónoma. Canarias se sitúa, con un 57% del gasto previsto, levemente por encima de la media del conjunto de regiones, que es del 57%. En el caso de las comunidades de La Rioja, Aragón y el Principado de Asturias se ha alcanzado el 91%, 88% y 87% respecto al potencial respectivamente, mientras que en Cataluña se registra el menor porcentaje con un 33%.
Por comunidades autónomas, el informe señala que un IMV plenamente implementado aumentaría el porcentaje de hogares cubiertos respecto a las rentas mínimas autonómicas, garantizando aproximadamente una cobertura del 60% en todos los territorios. El IMV conseguiría ampliar la cobertura de las rentas mínimas autonómicas a un 18% de los hogares en pobreza. Además, absorbería un 34% de hogares ya cubiertos por programas de rentas autonómicos, que verían liberados recursos, mientras que un 8% seguiría estando cubierto por los programas regionales.
Sin embargo, la ampliación que realiza el IMV en términos de hogares cubiertos varía considerablemente por comunidades debido al distinto alcance que tienen sus programas de rentas mínimas. En el caso de Canarias, la ayuda estatal sumaría un 11% de hogares a los ya cubiertos por la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de la prestación, la Airef propone concretar los objetivos del IMV de modo que pueda evaluarse su cumplimiento. Esto incluye especificar las definiciones y los indicadores sobre pobreza que el IMV utiliza para establecer sus objetivos, garantizar que dichos objetivos son cuantificables y medibles.
Asimismo, la Institución propone estudiar con detalle las solicitudes rechazadas por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia, simplificar el proceso de solicitud y fomentar la publicidad institucional de la prestación.
