La patronal exige más agilidad al Gobierno para que los fondos europeos lleguen a las empresas

En la presentación del Informe Anual de la economía canaria, el presidente de la CCE, Pedro Ortega, señaló que estamos ante un escenario “delicado” en el que ya se vaticina una recesión y una caída del consumo de la familias, por lo que la Administración tiene que agilizar los procedimientos burocráticos para que la financiación comunitaria llegue a las empresas y ejecutar los proyectos que se han presentado con colaboración público privada.

Ortega y el vicepresidente de la patronal, José Cristóbal García, recordaron que es el Gobierno regional el que ha basado el crecimiento de la economía de las islas en dos factores esenciales: el turismo y la inversión procedente de los fondos europeos y sobre los dos hay incertidumbres ya que el sector turístico mira con preocupación lo que pueda suceder en Alemania si llega la recesión a la economía germana y, en el caso de los fondos Next Generation, que el dinero llegue a las empresas cuanto antes, lo que depende de los mecanismos de la Administración que, por ahora, son lentos.

La Confederación de Empresarios critica los nuevos tributos porque generan desconfianza

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE va a inyectar en España en el periodo 2021-2026 hasta 140.000 millones de euros. De este montante a Canarias llegarán entre 2.000 y 3.000 millones de euros con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de la pandemia y dotar a la economía de proyectos que impulsen la transición ecológica y la digitalización. En este sentido, la CCE señala en su informe que la Administración «debe mejorar su capacidad de gestión» porque si los fondos tardan en llegar no se incentiva la inversión privada para evitar la «embestida» de una nueva crisis económica en un momento crucial para Canarias, ya que aún no ha logrado consolidar su recuperación a los niveles de 2019. Por ello la inversión pública procedente de Europa es un estímulo para frenar la contracción de la economía y el estancamiento que ya está sufriendo la demanda de las familias y las empresas.

Los representantes de la patronales argumentaron que ya hay proyectos presentados en diferentes líneas de inversión para energías renovables, digitalización y modernización del tejido empresarial, pero advirtieron que no se puede esperar a los últimos años para invertir. «Necesitamos que el dinero llegue a las empresas», aseveró Ortega.

Junto a la financiación procedente de Europa, los dirigentes empresariales volvieron a incidir en la necesidad de que el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas responda a las demandas del escenario económico y que el Gobierno disponga de una estructura permanente, como ocurre en el País Vasco, con oficinas que gestionen todo lo relacionado con el REF y con equipos multidisciplinares que supervisen el cumplimiento del fuero ante los continuos problemas que existen sobre su aplicación por el Estado. Los operadores económicos reclaman mayor seguridad jurídica para dar confianza a los inversores y a las empresas a la hora de aplicar los incentivos del REF.

En este sentido demandan una flexibilización de los requisitos exigidos en la ley del REF vigente en aspectos como la creación y el mantenimiento del empleo vinculado a la Reserva para Inversiones (RIC) y en el régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC) o las exigencias en materia de mantenimiento de la inversión. José Cristóbal García recordó que la partida destinada a la subvención al transporte no se gastó en 2020 y 2021 porque los canarios viajaron poco y, sin embargo, ese dinero no se reinvirtió en Canarias en otros fines. Asimismo, se quejó de la negativa a ampliar los plazos de inversión de la RIC cuando la pandemia impidió materializar los beneficios empresariales por el parón de la economía.

Nuevas medidas

Aunque los representantes empresariales valoran algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para afrontar la pandemia como las ayudas a empresas y autónomos -aunque llegaron tarde para muchas empresas- y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), sí cuestionaron las medidas que se han anunciado frente a la elevada inflación y la carestía de las materias primas que amenazan al crecimiento económico postpandemia. La principal crítica estuvo dirigida hacia el incremento de impuestos a la banca y a las empresas energéticas, que fue calificado de «grave error» por el vicepresidente ejecutivo de la CCE porque sus efectos supondrán un encarecimiento de las operaciones que afectará a la población.

«Con incrementos de impuestos no se va a dar confianza a los inversores», añadió García, que cuestionó una decisión improvisada: «¿A dónde va la recaudación de los nuevos impuestos? Ni ellos mismos lo saben», cuestionó. La subida de los precios y el incremento del consumo ha incrementado significativamente la recaudación tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma. En el caso del Gobierno central en 29.000 millones de euros y en el caso de las arcas autonómicas en 340 millones de euros más. Con este exceso de ingresos fiscales los dirigentes empresariales insistieron en que no son necesarias nuevas figuras impositivas, sino medidas que den seguridad jurídica a las empresas y a la inversión privada, que racionalicen los procedimientos administrativos y que se simplifique la sobrelegislación que se solapa entre las diferentes administraciones.

El Informe Anual de la CCE destaca la recuperación de 2021 excepto en la construcción

En las conclusiones del informe, la patronal de Las Palmas incide en que la recuperación plena de la economía pasa necesariamente por garantizar la supervivencia de las empresas y fijar medidas que fomenten el crecimiento del tejido productivo, sobre todo después de una etapa en la que se cerraron muchos negocios debido a la pandemia y sus repercusiones. Asimismo, demanda una modernización de la regulación laboral «que no solo proteja al trabajador, sino a la competitividad de las empresas» y defiende los pactos entre los actores -empresarios, trabajadores y organizaciones- antes que la imposición de las leyes.

Tanto Ortega como su vicepresidente, José Cristóbal García, se mostrado preocupados por el contexto internacional y los efectos que en Canarias pueden tener la paridad euro-dólar, el precio de los combustibles, la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales en todo el mundo y, en suma, el escenario generalizado de inflación y ralentización económica. Así, comentaron que el PIB de las islas cerró 2021 con un avance del 6,1%, por encima de la media nacional, situada en el 5,1% en un año en el que todos los sectores económicos se recuperaron respecto al año anterior, excepto el de la construcción, que encadenó su segundo año en negativo con un descenso relativo de su valor agregado bruto (VAB) del 1,4%.

«Como se preveía, el VAB de los servicios se recuperó y mostró un avance más intenso, con una subida del 6,8%. Por su parte, la industria y la agricultura también mejoraron con un avance del 3,7 y el 3,9%, respectivamente», añadió el vicepresidente de la CCE en el análisis realizado sobre la actividad económica en 2021.