El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, verbalizó ayer lo que venía siendo un convencimiento político desde hacía tiempo respecto a los intentos de reformar del sistema de financiación autonómica, y es que la negociación con capacidad de concluir en un acuerdo efectivo tendrá que producirse en el ámbito de los partidos políticos y no en el de las comunidades autónomas, las verdaderamente afectadas por esta herramienta de aportación de recursos estatales para cubrir los servicios básicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. En concreto, tendrá que ser a través de un acuerdo entre el PSOE y el PP, los partidos mayoritarios con responsabilidades de gobierno en la casi totalidad de las regiones y con capacidad de lograr aprobar una modificación de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) en las Cortes.
De esta forma, Sánchez excluye de la negociación a los diferentes territorios y deja prácticamente sin efecto el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que precisamente se está llevando a cabo desde hace meses un intento de aproximación para acordar un sistema que satisfaga a todos. Consciente de la dificultad para poner de acuerdo a las comunidades autónomas, que se agrupan en bloques distintos en función de sus intereses independientemente del color político de sus respectivos gobiernos, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que cualquier reforma debe salir del ámbito de la discusión territorial y centrase en un cara a cara entre socialistas y populares.
Sánchez aseguró ayer, durante su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del curso político y anunciar nuevas medidas del Gobierno para hacer frente a la incertidumbre económica y social por el alza de los precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania, que ya hay una propuesta de reforma encima de la mesa, la que presentó a finales del año pasado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella se propone un criterio de reparto basado en la población ajustada, dando a entender que ese principio no está en discusión y que cualquier acuerdo pasa por esa premisa. La discusión estaría en los mecanismos de ajuste y poderación, sobre los que no hay acuerdo territorial.
Preguntado sobre esta cuestión tras las entrevistas que mantuvo el miércoles pasado con los presidentes de Andalucía (José Manuel Moreno; de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco, y Galicia, Alfonso Rueda, los tres del PP, tras sus respectivas recientes tomas de posesión, Sánchez vino a reconocer que cada uno de ellos defendía posiciones distintas y que, junto a las divisiones que también hay entre la regiones gobernadas por el PSOE, ello obliga a una dinámica negociadora distinta. «Lo que sí he traslado a los presidentes es que no es el Gobierno, sino los partidos políticos, el PSOE y el PP, quienes deben entenderse», recalcó Pedro Sánchez.
Canarias defiende postulados propios como la exclusión del sistema de los recursos del REF
Aunque no habló de plazos para llevar esa negociación , tanto en el Gobierno como en los dos partidos mayoritarios se da por hecho que no podrá tener lugar en la presente legislatura y que deberá posponerse a más allá del 2023, lo que ampliaría a más de diez años el periodo extra de un sistema que se debería haber reformado en 2014 y que Canarias ha venido reclamando por considerarse una de las peor financiadas con un déficit.
El déficit ingresos en las Islas respecto al coste de los servicios es de más de 700 millones. Si bien esa situación se corrigió en parte en 2017 tras un cambio normativo a través de los presupuestos estatales que le permitió acceder al Fondo de Competitividad, paliando así el hecho de que en la ley actual los recursos del REF computen como elementos de financiación.
La negociación política entre partidos traslada la batalla sobre los nuevos criterios de reparto a los barones territoriales de cada una de las formaciones en el seno de sus cúpulas y no en el del CPFF. Tanto socialistas como populares deberán ahora encauzar el debate interno entre sus líderes regionales para trasladar una propuesta de consenso al Congreso, donde la reforma de la Lofca necesita mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica. Canarias, en este contexto, queda algo relegada al tratarse de una comunidad que, más allá del color político que la gobierna, defiende postulados propios como son la exclusión del sistema de los recursos del REF, una mayor poderanción de la insularidad, y que se tenga en cuenta como factores correctores las variables de pobreza y renta regional por habitante.
En todo caso, Sánchez destacó ayer el hecho de que la ministra de Hacienda ya comunicara el pasado miércoles las entregas a cuenta para el 2023, de 124.292 millones, un 11 % más que este año, así como los 10.981 millones correspondientes a la liquidación del 2021, «un volumen histórico de recursos» para que las regiones acometan unos presupuestos que incidan en la recuperación económica. Canarias se garantiza para el próximo año unos ingresos récord de 6.519 millones de euros de financiación autonómica con un incremento del 24%, para reforzar el gasto en los servicios públicos.
