Los ciudadanos y empresas de Canarias no solo están pagando precios más altos y hasta mucho más altos por los alimentos, el transporte o la luz. La ola inflacionaria que azota la economía europea también ha disparado sobremanera la factura impositiva que el Estado les cobra cada año a familias y negocios. En este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para al menos dar algo de aire a los bolsillos de los hogares y las cajas de las empresas. Es decir, se resiste a ajustar a la inflación los distintos tramos del IRPF, lo que en ningún caso significa bajar el impuesto. El fisco está así exprimiendo la economía doméstica y, por ende, la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se sitúa en la Comunidad Autónoma en máximos históricos. Y no precisamente por poco: los ingresos tributarios de la Hacienda nacional se han desbocado hasta cifras impensables a estas alturas del año pasado.
La AEAT acaba de publicar los datos de recaudación al cierre del primer semestre de 2022. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, ingresó en Canarias a lo largo de la primera mitad del ejercicio un total de 1.249,5 millones de euros. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero es posible hacerse una idea de su magnitud al tener en cuenta que son 337 millones más que en los seis primeros meses del año pasado. El incremento es de un 36,9%. No obstante, 2021 fue un ejercicio castigado por la pandemia de coronavirus, en menor medida que 2020 pero castigado al fin y al cabo. De ahí que la comparación más certera para ver hasta qué punto la inflación ha engordado la recaudación pública sea con los números de 2019, el último antes de la crisis de la covid. Pues bien, la subida de ingresos sigue resultando extraordinaria.
En el primer semestre de aquel último año prepandemia, la delegación de la AEAT en el Archipiélago recaudó 1.030 millones de euros, 219,5 millones menos de lo cobrado entre enero y junio de 2022. En otras palabras: los ciudadanos y las empresas de la región han contribuido en lo que va de año al sostenimiento de las arcas del Estado con 219,5 millones de euros más que en 2019 pese a que la crisis del coronavirus aún no se ha superado del todo, pese a que pagan la cesta de la compra más cara en décadas, pese a que el recibo de la luz no da tregua y pese a que Europa está al borde de la recesión. Pero no solo se trata de ese extraordinario aumento en relación con las cifras del último año precrisis –aumento que supera el 21%–, sino de que esos 1.249,5 millones recaudados por el fisco hasta el 30 de junio son, de hecho, la mayor suma de la historia en el período. Y con mucha diferencia.
El anterior récord se registró en 2014. En el primer semestre de ese año, el que marcaría el fin de la larga y dura crisis financiera que había estallado a finales de 2007, la Hacienda estatal ingresó en la Comunidad Autónoma 1.092,5 millones de euros. De modo que la recaudación de la AEAT en Canarias en el mismo período del actual ejercicio supera en 157 millones, en un 14,4%, el anterior récord histórico. Un récord que se había anotado en el primer año de bonanza tras la Gran Recesión y que había estado vigente durante casi una década. En definitiva, un récord que se bate ahora cuando la economía de las familias y de las empresas sufre un Índice de Precios de Consumo (IPC) en dobles dígitos por primera vez en muchísimos años.
Lo anterior explica por qué son cada vez más las voces que exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez no ya una bajada de impuestos, sino sencillamente deflactar el IRPF, la principal fuente de ingresos tributarios del Estado. Cabe insistir: deflactar no es bajar. Deflactar es elevar los umbrales que marcan los tipos del IRPF en función del incremento del IPC, de forma que los ciudadanos no se vean pagando al fisco la cuantía correspondiente a unos ingresos hinchados por la inflación, unos ingresos que, en definitiva, no son reales porque están devaluados. Dicho de otro modo: es la fórmula para garantizar que el contribuyente no tribute por encima de su capacidad económica real, distorsionada ahora por una inflación galopante. Algo que encuentra más justificación si cabe en una Comunidad Autónoma en la que, como Canarias, los salarios están entre los más bajos del país. Según cálculos del sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, si se deflactara el IRPF en función de un IPC del 8% –el previsto para 2022 por el Banco de España–, una persona con cónyuge y dos hijos y una renta anual de 15.000 euros –una renta baja– se ahorraría 119 euros en el IRPF. En cualquier caso, la ministra María Jesús Montero ha vuelto a descartar estos días la posibilidad de deflactar el impuesto de la renta. Algo que, por cierto, tampoco ha hecho ni quiere hacer el Gobierno canario en el tramo autonómico del IRPF.
Si se pone la lupa sobre los datos de la AEAT, se observa que es precisamente el IRPF el tributo que más ingresos extras le esta reportando a la Hacienda estatal. De los 337 millones de euros en que se ha incrementado la recaudación del Estado en el Archipiélago en lo que va de año, hasta 195,1 millones son por el aumento de los ingresos por el IRPF. El gran impuesto directo les costó 709 millones a las empresas y ciudadanos de Canarias entre enero y junio de 2021; este año les ha costado la friolera de 904,1 millones.
