La negociación colectiva se ha ralentizado en Canarias casi hasta el punto de la parálisis. Si 2020 y 2021 fueron dos años difíciles para la buena marcha de las relaciones laborales por el golpe de la covid, 2022 está siendo incluso peor. Ahora es el escollo de una inflación desbocada el que complica sobremanera los acuerdos entre empresas y trabajadores en la Comunidad Autónoma. Las primeras se ven contra las cuerdas por unos costes disparados por la carestía de los transportes, las materias primas y la electricidad; y los segundos comprueban cómo su sueldo se hace cada mes más pequeño conforme el Índice de Precios de Consumo (IPC) prosigue su escalada. Todo ello está detrás de que hasta el 31 de julio, hasta hace apenas nueve días, el número de asalariados que han estrenado convenio colectivo apenas superase en las Islas los 38.000. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de una cantidad muy pequeña basta con apuntar que a estas alturas de 2019, el último ejercicio antes de la doble crisis del coronavirus y la ola inflacionaria, ya eran cerca de 300.000 los trabajadores que habían firmado un nuevo marco de relaciones laborales con sus empleadores en el Archipiélago.
Hasta julio de 2019, un total de 37.742 empresas había llegado a acuerdos con sus, exactamente, 297.187 asalariados para estrenar o renovar sus convenios colectivos. Unas y otros pactaron una subida de sueldo media del 2,06%. Entonces nadie en España había oído hablar de la covid-19 y nadie podía siquiera imaginar la posterior oleada inflacionaria que se desataría en marzo de 2021. Tras esta doble crisis –aún abierta–, las empresas canarias que este año han firmado nuevos convenios apenas suman 3.882, de modo que son alrededor de una décima parte de las que lo hicieron en el mismo período de aquel último ejercicio prepandemia. Y de aquellos 297.187 asalariados se ha pasado a 38.217, la friolera de 258.970 menos.
Es más, una vez frustrado el pacto de rentas con que la Moncloa pretendía contener los efectos de la inflación, la negociación colectiva avanza a pasos cada vez más cortos, tanto en la región como en España en su conjunto. Tan es así, que los números están por debajo tanto de los del año pasado como incluso de los de 2020, dos ejercicios en los que todo quedó en el aire, también las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, tras la irrupción del coronavirus. Pues bien, aun así, a estas alturas de 2021 habían renovado en la Comunidad Autónoma sus convenios colectivos 6.683 empresas y 80.757 trabajadores. Y más todavía en 2020, el año I de la pandemia, cuando hasta julio la negociación colectiva ya había dado frutos en 15.297 entidades radicadas en las Islas que emplean o empleaban a 176.927 personas. El frenazo que ha supuesto la cuestión salarial resulta así evidente.
Esas pocas empresas y pocos trabajadores que han estrenado o renovado sus convenios colectivos en lo que va de año pactaron una subida de sueldo media del 3,29%. ¿Mucho o poco? Depende. De hecho se trata de un incremento salarial que es al mismo tiempo extraordinario e insuficiente, aunque a simple vista esto pueda parecer paradójico. Extraordinario si se tiene en cuenta que está muy por encima del aumento medio en las últimas décadas; e insuficiente si se compara con un IPC que ya está en ese 8,5% en tasa interanual. En cualquier caso, los 38.217 empleados isleños que han visto revalorizarse sus nóminas ese 3,29% cuentan con una subida considerable para paliar el golpe de la inflación, que es mucho más de lo que puede decir la mayoría. Máxime si se considera que es imposible que la patronal acepte un incremento salarial en línea con el IPC.
Los sindicatos vienen insistiendo en la necesidad de incluir en los nuevos convenios las llamadas cláusulas de revisión salarial, que se activan cuando el IPC supera la subida prevista en la negociación colectiva. Es decir, si empresa y trabajadores acuerdan que las nóminas crezcan un 3,5% pero el IPC en el período de referencia que se acuerde en cada caso supera ese porcentaje, entonces será este último el que marque el incremento de los sueldos. Por su parte, la CEOE, la gran patronal del país, avisa que las empresas no están en condiciones de asumir una subida tan extraordinaria de los costes laborales, máxime cuando ya están sufriendo un aumento no menos extraordinario de los precios de la luz, de los transportes y de las materias primas o insumos. Las posturas de la patronal y de los sindicatos, donde creen que las empresas sí tienen margen para aceptar las cláusulas de revisión salarial, están así a kilómetros de distancia.
En medio de esta discusión laboral, la ministra Yolanda Díaz ha echado estos días más leña al fuego al adelantar su intención de subir una vez más el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida de la que se beneficiarían unos 120.000 canarios pero que tensaría aún más la cuerda de la relación entre la patronal y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los ahorros caen 3.107 millones
Las familias y empresas canarias no solo sufren el golpe de la inflación con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y el extraordinario encarecimiento de los costes de producción de los negocios. Unos y otros tienen razones más que sobradas para justificar su postura ante la negociación colectiva, de ahí que esta se haya estancado tanto en España en su conjunto como en la Comunidad Autónoma. Pero el golpe, cabe insistir, se sufre también en los depósitos bancarios. A la espera de que la subida de los tipos de interés lleve a la banca a ofertar intereses aceptables por los depósitos de los sectores residentes –familias y empresas–, este dinero, este ahorro, no hace más que depreciarse mes tras mes de forma irremediable. Y no se trata de cantidades pequeñas, ni muchísimo menos. Los sectores residentes de las Islas tienen en las entidades financieras la friolera de 36.556 millones de euros en depósitos, según los últimos datos del Banco de España. Pues bien, esos casi 37.000 millones valen hoy mucho menos de lo que valían hace apenas un año. De hecho valen 3.107 millones de euros menos, que es la cuantía que la inflación le ha restado a la capacidad de compra de esos ahorros de los hogares y empresas del Archipiélago. | M.Á.M.
