El análisis toxicológico que siguió a la denuncia por presunto envenenamiento, presentada en el juzgado de guardia tras el fallecimiento de Ángel Ferrera, podría demorarse entre tres y siete meses. Es lo que tardan habitualmente en culminarse este tipo de indagaciones científicas. No obstante, fuentes cercanas a la investigación explicaron ayer que este caso, por tener el foco mediático sobre sí, podría acelerarse.
El letrado del empresario fallecido el pasado 15 de agosto y de María Tavío –su viuda–, Marcos García Latorre, sumó ayer nueve días sin tener traslado del auto judicial que motivó el envío del cuerpo de Ferrera al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. «La desinformación es absoluta», lamentó. Las hijas Sonia, Silvia y Marta no han negado haber promovido la actuación judicial y vinculan su presencia en el juzgado de guardia a unos hechos que se llevan investigando meses.
Ese día estaba de guardia el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, su titular, Tomás Martín, disfrutaba sus vacaciones, por lo que fue su sustituta, Luz Calvé, que comanda Instrucción 8, la encargada de dar trámite a la iniciativa penal. Su primera decisión fue encargar un examen forense del cuerpo, que fue remitido al Instituto de Medicina Legal.
Instrucción 8 se hizo cargo de la denuncia en sustitución del juzgado que el día 15 estaba de guardia
La autopsia inicial vino a coincidir con el certificado de defunción emitido por el médico que trataba de manera habitual al fallecido. «¿Cómo va a haber envenenamiento si [Ángel Ferrera] estaba sometido a controles analíticos semanales?», sostuvo este martes García Latorre. El facultativo y los forenses señalaron que el fatal desenlace lo provocó la metástasis, con afección cerebral y ósea, en la que derivó el cáncer de pulmón que padecía quien presidió Toyota Canarias durante 40 años.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal decidió enviar muestras de tejidos a la Delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, sita en La Laguna. Es aquí donde los análisis suelen demorarse. Del deseo de acelerar todo lo posible da cuenta la reincorporación –el viernes– de la directora del Instituto de Medicina Legal a su puesto. Antes de lo previsto inicialmente en el cuadrante de vacaciones, según confirmaron fuentes del ámbito forense.
Ferrera dejó dispuesta su incineración y la colocación de la urna con las cenizas en el panteón familiar del cementerio de San Lázaro de la capital grancanaria. La denuncia por presunto envenenamiento paralizó el cumplimiento de su voluntad, detallada en su testamento vital. Las hijas difundieron entre sus allegados la pasada semana unos mensajes vía WhatssApp en los que rechazaban cualquier tipo de responsabilidad en el retraso de la cremación.
Los forenses señalan que el análisis exhaustivo es normal ante denuncias como la de las hijas
En ellos, explicaban que la decisión de mantener el cadáver en el antiguo Anatómico Forense corresponde a «su señoría», a la que se refieren en masculino, y que la adopta hasta conocer el informe definitivo. Fuentes del Instituto de Medicina Legal señalaron ayer que la petición de un informe más exhaustivo a Tenerife es «absolutamente normal» cuando un juez cursa la petición del examen de unos restos mortales a raíz de una denuncia como la presentada en el juzgado de guardia tras el fallecimiento del empresario.
Ángel Ferrera estuvo casado con Margarita Alonso, fallecida en 2007. Contrajo matrimonio en segundas nupcias con María Ángeles Tavío y a esa ceremonia solo acudió una de las tres hijas que tuvo con su primera esposa. Las relaciones estaban rotas desde hacía tiempo, según han confirmado diversas fuentes.
El enfrentamiento entre las partes se intensificó en los últimos años. Desde la oficina de su letrado se desliza que el fallecido inició incluso acciones judiciales contra alguna de sus hijas.
