La trama de los ERE es una madeja inmensa que siguen desovillando los tribunales de justicia. Hay un centenar de piezas separadas, correspondientes a las distintas empresas que recibieron dinero. El primer juicio condenó, en la llamada pieza política, a la cúpula de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves en una sentencia que ha ratificado el Supremo y para la que se promueven ya indultos. Se dirimieron responsabilidades políticas y se juzgó el procedimiento administrativo diseñado para repartir ese dinero.

La cuarta condena se ha dictado ahora en la Audiencia de Sevilla e impone un año y medio de cárcel a dos acusados de llevarse 420.708 euros para una empresa llamada Novomag y dedicada a las manufacturas metálicasEsta es la cara más oscura de la trama.

La partida 31.L del Presupuesto andaluz que financió las ayudas de los ERE durante casi una década, desde 2000 a 2009 y que contó con entre 680 y 800 millones de euros, no sólo pagó prejubilaciones a miles de andaluces sino también regó con ayudas directas a empresas afines al PSOE, además de dar comisiones a consultoras y sindicatos. El 15% del fondo, unos 73 millones de euros, se fueron a esas empresas.

En concreto, se beneficiaron de este fondo para prejubilaciones unos 5.700 trabajadores de empresas en crisis. Otras cifras oficiales han apuntado a 6.300. Ni siquiera eso está claro. El actual Gobierno del PP seguirá pagando esas ayudas con 37 millones de Presupuesto hasta, al menos, 2025. Unos 200 de esos prejubilados eran intrusos. El resto tenían derecho a esa subvención, por lo que el PSOE siempre dimensiona el fraude asegurando que el dinero no fue robado ni al bolsillo de los socialistas.

Es cierto pero no es toda la verdad. Esa partida 31.L también sirvió para otorgar ayudas directas a empresas por la vía rápida, sin fiscalización y prescindiendo de procedimiento, sin controles, a dedo, beneficiando a empresarios que presuntamente eran cercanos al PSOE o tenían buenos contactos en el partido o en la Consejería de Empleo. Lo que el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, clave en la trama y ya fallecido, llamó "Pormisco". "Por mis cojones", respondió a un empresario de la Sierra Norte beneficiado que le preguntó por qué fondo debía solicitar la ayuda.

El modelo de empresa

Es el retrato perfecto que hace la sentencia de la Audiencia de Sevilla que impone penas de inhabilitación y seis años de cárcel a dos de los cuatro empresarios al frente de Novomag SL, a los que exige además que devuelvan a las arcas públicas 420.708 euros. Ese dinero, como el del resto del fondo, será muy difícil de recuperar.

El retrato que hace la condena judicial es muy claro. Cuatro empresarios crean en 2003 una empresa, Novomag, dedicada a las manufacturas metálicas y con un capital social de 3006 euros. Dos de ellos ya habían estado al frente de otra empresa similar, Idisur, una sociedad también dedicada a los inoxidables y que había naufragado acumulando deudas a la Seguridad Social. Novomag “tenía como finalidad percibir fondos públicos de la Junta y abonar las deudas de Idisur, que había cesado su actividad en 2002”. Ya en el atestado de la Guardia Civil, que se instruyó en 2015, se hace mención a otra ayuda de 390.202 euros del Ministerio de Industria en 2010. La investigación perfila el modelo empresarial, deudas y subvenciones públicas.

A Novomag no le hizo falta presentar ninguna solicitud formal de ayuda ni adjuntar ninguna documentación. Sus empresarios acudieron a la delegación de la Junta en Cádiz y se dirigieron directamente al llamado ‘fondo de reptiles’, a la famosa partida 31.L para pedir la financiación. El pagador de los ERE, el entonces Instituto de Fomento de Empleo (IFA), le firmó un convenio con el compromiso de los empresarios de que iban a adquirir maquinaria por valor de 1,7 millones de euros y de que iban a tener en plantilla a 28 trabajadores, siete empleados fijos. “Prescindiendo de procedimiento y sin fiscalización previa”, resalta el auto judicial, el IFA otorgó 420.708,47 euros de fondos públicos. Se entregaron 200.000 euros en 2004 y 120.708 en 2008.

Nada se correspondía con la realidad. No consta actividad de Novomag, ni trabajadores fijos en su plantilla ni maquinaria a su nombre. Sí se ha podido comprobar que con ese dinero se saldaron las deudas de la empresa anterior, Idisur, con la Seguridad Social y pagando los honorarios de un conocido despacho de abogados.

Los dos acusados han sido condenados a un año, seis meses y un día de cárcel en esta pieza separada de los ERE. El tribunal ha absuelto a otros tres investigados por este asunto. Son condenados por malversación de caudales públicos y prevaricación, con atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud de la justicia. Hace siete años que la Guardia Civil hizo su atestado y 18 desde que cobraron la ayuda de la Junta. La Audiencia les exige también el pago de una indemnización de 420.708 euros, la cantidad recibida, concurriendo la responsabilidad subsidiaria de la empresa. Esa empresa que ya en su momento no consta que tuviera actividad. De hecho, no fue hasta 2010 cuando se dio de alta para recibir esa otra ayuda del Ministerio de Industria (390.202 euros) y hasta 2011 cuando se dio de alta en la Seguridad Social para la fabricación de carpintería metálica.