Las empresas de servicios de seguridad privada y limpieza que acuden a los concursos públicos no pueden más. Sus cuentas están al límite y temen desaparecer al tener que asumir las deudas generadas por las anteriores empresas prestatarias cuando logran un contrato público. Una primera sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en julio de 2018 –conocida como sentencia Somoza– y una segunda, hecha pública en octubre de ese mismo año por el Tribunal Supremo dieron un vuelco a la tradicional subrogación incluida en los convenios de estos sectores. Desde entonces, además de asumir por obligación el traspaso de plantilla, las empresas tienen que hacerse cargo de los impagos en materia salarial que haya dejado el anterior prestatario. Este cambio de criterio ya causó estragos en las cuentas de las empresas que asumían el servicio, pero la cosa ha empeorado cuando, desde el pasado mes de julio, la Tesorería de la Seguridad Social ha decidido seguir el criterio Somoza y exigirles las deudas correspondientes a las cotizaciones de empleados subrogados.
Todos los errores que se cometieron en el pasado contrato vinculados a la recaudación por trabajadores, ya sea por infracotización o por un mal cálculo de las cuotas, tendrán que asumirlo las pymes actuales. Y deberán hacerlo de manera inmediata ya que si no se cumple con los plazos, esto puede derivar en un certificado negativo de deuda para ellas. «Las empresas no pueden mantener estas cargas económicas, son cantidades inasumibles que pueden llevar a muchas a la desaparición», advierte el director de servicios jurídicos de la Asociación de Empresas de Seguridad y Vigilancia de la Provincia de Las Palmas (Apemes), Pablo Jorge, quien asegura que el resultado de aplicar esta doctrina a las nuevas licitaciones será «una serie de concursales en cadena».
Las empresas, además, van a ciegas en los concursos públicos ya que al presentarse desconocen las cargas heredadas. El paquete les llega cuando ya están ofreciendo el servicio. «Pasó más de un año y medio hasta que me llegó la notificación de lo que debía pagar» afirma el vicepresidente de Apemes, Miguel Ángel Ramírez. Y no son cantidades pequeñas, muchos han tenido que enfrentarse a cargos que rozan el medio millón de euros. «El margen de beneficio de estas empresas es muy pequeño como para poder asumir pagos de cientos de miles de euros», aclara Jorge. Por no hablar de los recargos e intereses de demora a los que tiene que hacer frente sin ni siquiera saber que existían esos pagos pendientes. «Parece una broma, pero es nuestro día a día», apunta Ramírez.
En Canarias, por sus limitadas dimensiones, las empresas del sector se conocen y saben que concursos evitar para no hacer frente a estos impagos. «No nos presentaremos a las ofertas de aquellos concursos donde sabemos que existen deudas, por lo que van a quedar servicios sin prestar», advierte Jorge. Pero esta técnica no la pueden trasladar a los concursos del resto del territorio nacional, donde algunos quieren expandirse. «La normativa nos está frenando a intentar crecer fuera de Canarias porque no conocemos los impagos allí y tememos meternos en un marrón», explica uno de los vocales de la asociación, José Luis Adeva Jiménez, quien denuncia que la aplicación de la norma «está beneficiando en todo momento al infractor».
Lo cierto es que para las empresas que dejaron las cargas económicas no hay consecuencias. La mayoría exigió un aplazamiento de deuda y esta se derivó al siguiente. Además, la tardanza de los procesos de inspección implica que cuando se cuantifican las deudas ya es tarde y el responsable pasa a ser el que ostenta el servicio en la actualidad. Adeva critica que la administración, teniendo las herramientas necesarias, no haya «castigado los incumplimientos en el momento que tuvo que hacerlo».
Las asociaciones de las empresas afectadas se han unido y ya han acudido a algunas instituciones para trasladar sus quejas. «Hemos tenido reuniones con representantes de Presidencia del Ejecutivo canario, con la Dirección de Trabajo y también con Delegación del Gobierno, pero sin éxito», afirma Adeva, que reconoce que el próximo paso es acudir directamente a la Administración central.
