Cerca de dos millares de canarios, exactamente 1.907, se vieron el año pasado en la tesitura de tener que renunciar a su legítima herencia. Nunca tantos isleños habían tenido que rechazar el legado de sus ascendientes, hermanos u otros familiares. La cifra, sin embargo, se quedará pequeña cuando termine 2022. No en vano, los notarios de la Comunidad Autónoma vieron solo en el primer semestre de este año un total de 1.110 herencias cuyos legatarios decidieron no aceptarlas. Es la primera vez que se contabilizan en el Archipiélago más de un millar de casos en apenas seis meses. Un nuevo aluvión de desheredados por propia voluntad en el que subyacen dos circunstancias: por un lado, la elevada mortalidad sufrida durante lo peor de la pandemia de la covid, lo que ha incrementado el número de herencias; por otro, las deudas de las que el legatario ha de responder en caso de aceptar los bienes. Porque se recibe lo bueno –la vivienda, el coche, las acciones, los depósitos...– pero también lo malo: las deudas.
Sea como sea, lo cierto es que las renuncias a herencias no han dejado de aumentar en las Islas –y en España en general– desde 2011, es decir, desde la profunda crisis financiera que duraría hasta 2015. Aquel año, el cuarto desde el crac de finales de 2007, se contabilizó en Canarias un total de 645 casos de ciudadanos que decidieron no heredar lo que de forma legítima les correspondía. En 2012 ya fueron 718, y hasta 881 en 2013. Al siguiente año, 2014, el número de legados sin legatarios se disparaba por primera vez por encima del millar, hasta 1.218, y desde entonces la cifra se ha incrementado sin pausa año tras año –con la excepción de 2020 por la parálisis administrativa a causa de las medidas para contener el avance del coronavirus, y aun así se registraron 1.526 renuncias– hasta esas 1.907 de 2021. Este año, casi con total seguridad, el Consejo General del Notariado anotará por primera vez en su estadística más de 2.000 casos en el Archipiélago.
En los años de la larga crisis financiera, cuando las estrecheces de los españoles multiplicaron el número de renuncias de legados y esta realidad –hasta entonces desapercibida– pasó a convertirse en un indicador más de la mala salud de las economías familiares, los Gobiernos adoptaron medidas para intentar frenar la sangría. El Ejecutivo canario no fue una excepción y bonificó en un 99% el impuesto de sucesiones, lo que en la práctica supuso, de facto, su supresión. La bonificación entró en vigor el 1 de enero de 2016 con el objetivo de evitar que muchas familias se vieran forzadas por las circunstancias «a renunciar a heredar el trabajo de sus padres por no poder pagar un impuesto», explicaban entonces desde el Gobierno. Pero la rebaja fiscal no funcionó, ni aquí ni en ninguna de las otras Comunidades Autónomas que la pusieron en práctica.
Tras aquella experiencia quedó claro que, por lo general, las renuncias de los herederos tienen más que ver con las deudas que con el pago de impuestos. Es decir, que se producen cuando el legatario comprueba que el pasivo que acompaña a los activos le resulta inasumible, una situación que, claro, es más habitual en tiempos de crisis como los que ha dejado la covid, tiempos si cabe más duros por una ola inflacionaria que de momento no pierde fuerza. Es verdad, explican los notarios, que el pago de impuestos puede ser causa de rechazo en esos casos en los que se recibe una casa, por ejemplo, pero no liquidez. Si el heredero no dispone de esa liquidez en su activo propio, de ese dinero para pagar los impuestos, se da entonces la renuncia. No obstante, no hay gran diferencia en la tasa de rechazos entre las comunidades que tienen bonificado el tributo y las que no, lo que corrobora que efectivamente son las deudas –y la situación económica– la principal causa.
